Discurso del Presidente del Gobierno en el debate de totalidad sobre la Propuesta de Reforma del Estatuto de Cataluña






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Discurso del Presidente del Gobierno en el debate de totalidad sobre la Propuesta de Reforma del Estatuto de Cataluña


Congreso de los Diputados, miércoles, 02 de noviembre de 2005

Pensando en España subo a esta tribuna para apoyar en nombre del Gobierno la toma en consideración de la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía aprobada por el Parlamento de Cataluña.

Señor Presidente,

El que hoy protagonizamos es un debate sobre la fuerza de la democracia y el valor de la Constitución. No es un debate sobre la reforma de la Constitución, sencillamente porque no puede serlo.

Es un debate sobre el valor de la Constitución porque la Propuesta que hoy examinamos emana de la Constitución. En ella está prevista, es un producto de la Constitución.

Es un debate sobre la fuerza de la democracia, porque la iniciativa de la reforma proviene de un Parlamento democrático que expresa la voluntad política de los ciudadanos de Cataluña y porque a partir de hoy esa propuesta será debatida y, en su caso, aprobada por las Cortes Generales que representan a la voluntad de todos los ciudadanos españoles.

Lo diré de otra manera: el Estatuto de Cataluña y la posibilidad de reforma de ese mismo Estatuto existen porque existe la Constitución democrática. Ésa es la poderosa fuente de su legitimidad.

Señorías,

En el año 1978 los españoles decidimos sustituir el silencio por la palabra. Miramos con libertad en el espejo de nuestra historia y comprendimos que la unidad y la fortaleza de ese proyecto común que es España no podía seguir sosteniéndose en la negación de todo aquello que nos hacía distintos.

Reconocer la diferencia como parte de nosotros mismos, admitir que la unidad del Estado no significa uniformidad y que el centralismo político no es la solución al debate territorial, sino una parte del problema, son convicciones compartidas que tuvieron traducción política y jurídica en la Constitución de 1978, y que se encuentran en los cimientos mismos del llamado Estado de las Autonomías.

Dentro de un mes se cumplirán veintisiete años del refrendo por los españoles del texto constitucional. Su vigencia ha supuesto la etapa de más democracia, estabilidad y progreso de la historia de España; una historia que ha dado, por fin, y tras siglos de frustración y desesperanza, un giro irreversible hacia el éxito colectivo.

Hace pocas semanas se cumplían veintiséis años del refrendo por el pueblo de Cataluña de su Estatuto. Este período ha sido el más fecundo para el respeto de su identidad, para su autogobierno y para el bienestar de los catalanes.

El balance de este amplio proceso de reformas que iniciamos hace más de un cuarto de siglo es evidente: nunca antes los españoles habíamos conquistado tanta libertad y tanto bienestar, y nunca antes Cataluña había visto tan reconocida y respetada su identidad. Y esto no es casual: Cataluña ha disfrutado de autogobierno, de bienestar y de reconocimiento desde el momento en que toda España ha recuperado la libertad y gracias a que toda España ha disfrutado de la libertad.

Señorías,

El proyecto político que obtuvo el apoyo mayoritario de los ciudadanos en las elecciones del 14 de marzo de 2004 parte de la convicción de que los desafíos que nuestra sociedad tiene por delante exigen reformas decididas. La globalización económica, el proceso de construcción europea, la extensión de los movimientos migratorios, la sociedad del conocimiento, las nuevas demandas ciudadanas de derechos civiles y sociales, todos estos fenómenos reclaman respuestas de los poderes públicos.

Las respuestas exigen reformas de los poderes públicos y, cuando el Estado está políticamente descentralizado, es lógico que muchos de los cambios necesarios se manifiesten como iniciativas de reforma estatutaria. Ésa es la razón que explica por qué las Comunidades Autónomas han puesto en marcha iniciativas para la revisión de sus Estatutos.

Pues bien, vamos a afrontar estas reformas desde la acreditada madurez de las fuerzas políticas de este país y desde la solidez de nuestras instituciones democráticas. Hemos sabido hacerlo con acierto durante el último cuarto de siglo y con el mismo acierto lo vamos a seguir haciendo. Ése es mi convencimiento, que deseo transmitir a los españoles y que espero que compartan Sus Señorías.

Mi plena confianza en la capacidad de nuestro país para llevar adelante este proceso se basa en que poseemos unas condiciones inmejorables para hacer frente a cuantos objetivos colectivos nos propongamos.

Señoras y señores Diputados,

Permítanme que les recuerde cómo avanza la España de las Autonomías y, con ella, el conjunto de los ciudadanos.

Nuestro país se sitúa entre los de mayor crecimiento del mundo desarrollado, crecemos el triple que la Unión Europea, estamos creando más puestos de trabajo que en cualquier otro período de nuestra historia reciente o remota y la tasa de paro se ha situado por primera vez por debajo de la media europea.

Nuestro más potente sistema de solidaridad colectiva, la Seguridad Social, dispone del mayor número de afiliados desde su creación y de un Fondo de Reserva de 27.000 millones de euros, lo que nos está permitiendo dignificar las pensiones más bajas, a la vez que aseguramos la continuidad del sistema.

Hemos logrado este año, por vez primera, superávit en las cuentas públicas, lo que hace posible aumentar la inversión en educación, en investigación, en infraestructuras…, en futuro.

Somos el segundo país del mundo en esperanza de vida de sus ciudadanos.

Uno de cada cuatro jóvenes españoles es universitario, tasa que supera a la mayoría de los países europeos, incluso a algunos con sistemas educativos tan acreditados como Francia o Alemania.

Desde 1880 a 1975 siete millones de españoles tuvieron que emigrar en busca de un horizonte vital, huyendo de la pobreza, cuando no de la persecución. En vivo contraste con estos antecedentes, hoy son ya tres millones de personas de otros pueblos los que han acudido a nuestra patria para alcanzar una vida digna.

Por primera vez en nuestra historia tenemos empresas con proyección internacional, con liderazgo europeo, e incluso global, en sectores como las telecomunicaciones, la energía, las finanzas y las infraestructuras.

Nuestra cultura y nuestras lenguas viven un momento de expansión y de reconocimiento universal insólitos en nuestra historia.

Estos logros son de todos, son de la democracia española. Nos permiten comprobar que España gana en fortaleza y en respeto internacional, a la vez que se abre paso un proceso de autogobierno de sus pueblos y de reconocimiento de las señas de identidad de todos ellos.

España no se debilita cuando reconoce el autogobierno y la identidad de sus pueblos; muy al contrario, gana en fuerza, en vida, en dinamismo. Entonces, ¿por qué alimentar el temor a esta España, a la España plural, a la España autonómica? ¿Quién y por qué está empeñado en sembrar dudas sobre su capacidad y su empuje? ¿Quién y por qué tiene interés en instigar la desconfianza de sus ciudadanos? ¿Quién y por qué tiene miedo al debate democrático?

Señorías,

El Gobierno confía plenamente en la España de las Autonomías. El Gobierno no teme ni al debate, ni a las reformas. Por ello, afirmo rotundamente que vamos a apoyar la toma en consideración de la Propuesta de Reforma, porque es lo que conviene al interés de Cataluña y de España entera. Lo que sería contrario al interés nacional y a la cohesión de España es responder con un portazo a la demanda que democráticamente nos traslada Cataluña, con un respaldo tan amplio y cumpliendo todos los trámites previstos en la Constitución.

De igual forma, lo que conviene a Cataluña y a España entera es que el Estatuto reformado responda plenamente a los valores, a los principios y a las reglas constitucionales.

Sí a la tramitación de la reforma del Estatuto que propone el Parlamento de Cataluña y sí a su plena adecuación a la Constitución. Ésa es la tarea que tenemos por delante y deseo que sea una tarea de todos.

Señorías,

En estas semanas se ha invocado mucho a España. Permítanme que hoy sea yo, en mi condición de Presidente del Gobierno, el que hable de España y que lo haga en el lugar más apropiado: en la tribuna de todos los españoles, en el ámbito en que reside la soberanía, en este espacio que alberga tanto la identidad común, como las identidades de todos los pueblos de España.

Siento como mío cuanto afecta a España, a todas sus gentes y a todas sus culturas. Si a este sentimiento le llamamos patriotismo, diré, Señorías, que la regla primera del patriotismo, tal y como yo la entiendo, es evitar la discordia entre españoles.

La España que amamos es la herencia de generaciones que trabajaron por vivir con dignidad y se batieron para conquistar la libertad. La España que admiramos es el testimonio ejemplar de la Transición, que nos convocó para siempre a la concordia y al futuro común.

España es educación para todos, salud para todos, derechos para todos. España es el castellano y el catalán.

La España que amamos es la que porta por el mundo la bandera de la paz, es la España de la convivencia en libertad y para mí, es, ante todo, la España de los españoles y las españolas de hoy.

Esta reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña robustecerá nuestra convivencia porque se ajustará a los tres principios en que ésta se fundamenta: libertad, igualdad y solidaridad.

• Libertad, porque cada ciudadano puede vivir su identidad o sus identidades sin imposiciones, porque no existe una manera única y forzosa de sentir la identidad, y así será siempre.

• Igualdad, porque todos los españoles, nazcan donde nazcan y vivan donde vivan, disfrutan y disfrutarán siempre de los mismos derechos básicos.

• Solidaridad, porque todas las Comunidades Autónomas contribuyen y contribuirán siempre al proyecto común de convivencia, preservando la cohesión social.

Mi compromiso, el que hoy hago público aquí, consiste en asegurar que la reforma estatutaria que se apruebe se atendrá a estos tres principios: de libertad de todos los españoles, de solidaridad y de igualdad de derechos entre españoles. Si así lo hacemos, y estoy seguro de que estas Cortes culminarán con éxito este empeño, podremos decir que España estará más unida porque estará mejor unida; porque habremos dicho sí a un mayor autogobierno de Cataluña dentro de una España de ciudadanos, libres para afirmar su identidad, iguales en derechos y solidarios en obligaciones.

De acuerdo con estos principios, paso a analizar los aspectos más relevantes del texto y a trasladar a la Cámara mis criterios sobre el mismo.

Señorías,

Cataluña tiene identidad nacional y ello es perfectamente compatible con el artículo 2 de la Constitución, que considera a España como Nación de todos.

El artículo primero, en su apartado 2, define con precisión la naturaleza del poder político de Cataluña al disponer que “Cataluña ejercerá su autogobierno mediante instituciones propias, constituida como Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto.” En definitiva, y a pesar de lo que se ha dicho con tanta inconsistencia, la fórmula es impecable: Cataluña es una Comunidad Autónoma con autogobierno de acuerdo con la Constitución y su Estatuto.

Valoro positivamente la incorporación de una declaración de derechos en la propuesta de Estatuto. Se sitúa así al ciudadano en el centro del sistema autonómico y se refuerza el compromiso de los poderes públicos con los derechos de ciudadanía, sin que por ello resulte afectada la regulación general y común que contienen la Constitución y las Leyes Orgánicas de desarrollo.

Uno de los aspectos más innovadores y polémicos de la Propuesta de Reforma estatutaria es el que atañe a la distribución competencial, pues el texto emplea técnicas jurídicas muy distintas a las utilizadas hasta ahora en este tipo de normas.

La Propuesta persigue dos cosas: más autogobierno dentro de la Constitución y un autogobierno de más calidad. Esta doble pretensión es razonable, porque después de más de veinticinco años de experiencia del Estado de las Autonomías las Comunidades Autónomas encuentran, a veces, dificultades para poner en marcha políticas públicas verdaderamente propias, lo que en buena medida se debe al carácter expansivo que han tenido algunas leyes básicas del Estado, a la indefinición de los espacios competenciales y a disfunciones y solapamientos en la actuación de los diversos poderes públicos.

Frente a estos fenómenos, y no frente a la Constitución misma—conviene aclararlo--, trata ahora de reaccionar el legislador estatutario aplicando esas técnicas novedosas, que consisten, por un lado, en replantear las categorías generales relativas a las competencias y, por otro, en desmenuzar de una manera extraordinariamente prolija las que se atribuyen a la Comunidad Autónoma, dividiéndolas en materias y submaterias, lo que se conoce como “el blindaje”.

Pues bien, si con sinceridad acabo de reconocer que durante todos estos años han existido excesos de centralismo, con la misma sinceridad tengo que decir ahora que la Propuesta en este punto incurre en excesos en la dirección contraria.

Las competencias que la Constitución reserva en exclusiva al Estado son indisponibles por el legislador estatutario y son indisponibles precisamente porque contienen aquello que el Estado debe hacer. El Estado actúa como gestor de la solidaridad interterritorial, al igual que garantiza la unidad de mercado, la realización y gestión de las grandes infraestructuras, el transporte de personas y mercancías entre Comunidades Autónomas, la existencia de una Seguridad Social común; el Estado establece el régimen básico de los derechos y deberes de todos los ciudadanos y, en fin, el Estado, entre otras funciones que la Constitución le atribuye, puede redistribuir la riqueza entre las diversas partes del territorio nacional.

Afirmado esto en relación con las competencias exclusivas, he de admitir que existe un mayor margen de negociación en lo que se refiere a las competencias compartidas, en cuya delimitación ha de perseguirse siempre una mayor nitidez y siempre el interés prioritario de los ciudadanos.

Respecto a la posibilidad de transferir o delegar alguna competencia por la vía del artículo 150.2 de la Constitución, no nos negamos por principio a discutir la eventual conveniencia de hacerlo. Ocurre, sin embargo, que esta posibilidad ha de realizarse, en su caso, a través de las adecuadas fuentes normativas.

El Estatuto de Autonomía debe respetar el ámbito propio de los demás tipos normativos que la Constitución prevé; argumento que, por cierto, es también aplicable a la propuesta de modificación de las leyes orgánicas. Las leyes del Estado deben respetar lo que la Constitución reserva a los Estatutos de Autonomía y éstos deben respetar lo que la Constitución reserva a las leyes del Estado.

Por tanto, el debate democrático estará siempre abierto pero ateniéndose a la especificidad de las fuentes del Derecho y de los procedimientos normativos que la Constitución establece.

Precisamente éste es, y no quiero dejar de referirme a ello, el mayor problema que plantea el título de la Propuesta relativo al Poder Judicial en Cataluña. Compartimos, y además hay una reforma en trámite, la necesidad de cambios importantes en la organización de nuestro Poder Judicial; pero también es inevitable que la reserva que hace la Constitución a favor de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que he dicho que está en tramite de reforma, y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se respete adecuadamente.

Otro de los aspectos novedosos de la Propuesta es el concerniente a las relaciones de la Generalitat con el Estado y otras instituciones sobre la base del principio de bilateralidad. Permítanme que fije mi posición al respecto.

Nuestro sistema constitucional de reparto territorial del poder exige bilateralidad y multilateralidad. Ambos mecanismos son cauces adecuados para el buen desarrollo de dos principios básicos de nuestro modelo territorial: la cooperación y la colaboración entre Administraciones, y la participación de las Comunidades Autónomas en la formación de la voluntad del Estado.

La cooperación y la colaboración tienen una inequívoca dimensión bilateral entre el Gobierno del Estado y los Gobiernos Autonómicos. La Propuesta de Estatuto intenta regular prácticas que ya se producen de facto en el funcionamiento ordinario de los poderes públicos y crea un órgano ad hoc que nos merece una consideración muy favorable, si bien su plasmación necesita ser corregida en algunos aspectos ya que, de la misma manera que el Estado no debe imponer a Cataluña obligaciones en el ejercicio de sus competencias, tampoco debe la Propuesta de reforma estatutaria imponérselas al Estado.

La bilateralidad debe circunscribirse a la esfera de lo que es propio y singular de Cataluña, como por ejemplo la lengua, las competencias específicas singulares, su organización territorial, etcétera, en tanto que todo lo relativo a la participación en la formación de la voluntad del Estado debe tener una naturaleza multilateral.

Es verdad que en relación con la multilateralidad hay una laguna jurídica en nuestro ordenamiento, que es el motivo de iniciativas que hemos tomado como la Conferencia de Presidentes o nuestro propósito de reformar el Senado, en donde razonablemente debería decidirse el proceso de participación en los órganos estatales. Ahora bien, esa laguna normativa no puede colmarse unidireccionalmente a través de un Estatuto de Autonomía, ya que ha de realizarse por las correspondientes leyes del Estado.

Por tanto, bilateralidad, sí, para el diálogo previo, para la discusión y planificación de actuaciones que afecten directamente a Cataluña; bilateralidad, sí, para mejorar la colaboración y cooperación entre Administraciones y prestar servicios más eficientes a los ciudadanos en un clima de lealtad institucional; en fin, bilateralidad, sí, junto a un sistema multilateral que garantice a todas las Comunidades sus derechos de participación y al Estado, la capacidad de responder a sus funciones y responsabilidades constitucionales, asegurando los derechos de los ciudadanos en condiciones de igualdad.

Paso ahora a analizar la propuesta de financiación, pero permítanme antes que haga una consideración más de fondo sobre el efecto que el autogobierno y el Estado de las Autonomías tienen sobre la cohesión territorial y la solidaridad.

Hay quien sostiene que, a mayor descentralización política y económica, menor solidaridad y menor cohesión territorial. Se equivoca.

Señorías,

La OCDE, en un estudio reciente, muestra que los países con un mayor grado de descentralización, como Alemania, Canadá, Estados Unidos o Finlandia, tienen una mayor cohesión territorial, medida por una mayor igualdad en la renta per capita regional. Por el contrario, los países centralizados tienen menos cohesión territorial.

¿Qué ha pasado en nuestro país desde que se inició el proceso de descentralización?

Los datos son concluyentes: en 1980 Extremadura sólo llegaba al 54 por 100 de la renta media nacional, hoy alcanza el 72 por 100 y esto es consecuencia del reconocimiento de la autonomía política, de dar voz a aquellos que nunca la tuvieron con el centralismo, a los territorios más olvidados y con menos desarrollo que, gracias a su empuje, han recuperado tanto terreno como Extremadura. Extremadura ha ganado casi veinte puntos en veinte años, un punto de convergencia por año, y en España en los últimos 25 años se han eliminado el 34 por 100 de las diferencias en renta per capita.

Las diferencias en infraestructuras se han reducido a la mitad. En los niveles de educación no obligatoria se ha producido un espectacular proceso de convergencia: las tres Comunidades menos desarrolladas, que tenían en 1980 una tasa de universitarios del 20 por 100 respecto a la media de España, hoy superan el 50 por 100. La diferencia de esperanza de vida entre la región más desarrollada y la más atrasada, que era de cinco años, se ha recortado a la mitad en apenas dos décadas.

Pero no hablemos tan sólo de cohesión; consideremos también la eficiencia, la integración económica y la unidad de mercado.

La descentralización política ha hecho posible una mayor integración económica, que ha avanzado a un ritmo incluso superior al de los diferentes países de la Unión Europea con el Mercado Único. Así, en una escala de 0 a 1, la correlación entre cada Comunidad Autónoma y el promedio de España ha pasado de 0,6 en 1980 a llegar a alcanzar el 0,9 en 2004.

La descentralización política no ha impedido, por tanto, que el mercado español se haga más grande y esté más integrado. Asimismo, ha facilitado la movilidad laboral interregional, que se ha duplicado desde 1975 a 2004, y la movilidad de los estudiantes universitarios ha avanzado en un 40 por 100 en los últimos diez años.

Mayor eficiencia también existe en los indicadores sanitarios, tanto en tiempo de espera en la consulta, como en tiempos de traslado, que han mejorado un 15 por 100 con la transferencia de las competencias sanitarias.

En definitiva, Señorías, el Estado de las Autonomías ha producido más cohesión territorial, más solidaridad y más igualdad entre españoles, y también más eficiencia, más movilidad, más integración económica y más unidad de mercado. Los adversarios del sistema autonómico deberían saber, si no lo saben ya, que, si hoy España está más cohesionada, si los españoles han avanzado en igualdad y si nuestra economía ha ganado en eficiencia, todo ello ha sucedido no a pesar de nuestras autonomías, sino gracias también a nuestras autonomías.

En relación ya con la Propuesta del Estatuto sobre la financiación, conviene partir de dos premisas:

• En primer lugar, Cataluña es clave para el desarrollo económico de España, porque contribuye de forma decisiva al crecimiento de la economía, y el crecimiento es condición de la cohesión y la solidaridad.

• En segundo lugar, los ciudadanos de Cataluña realizan, como los de otras Comunidades, un importante esfuerzo de solidaridad con el conjunto de España. Es de justicia reconocerlo y es irresponsable y demagógico acusar a Cataluña de insolidaria.

Desde esas dos premisas, el Título relativo a la financiación debe contener algo más que principios, pero no podrá establecer un modelo con un grado de concreción tal que resulte por sí solo directamente aplicable.

Es necesario que las disposiciones contenidas en el Estatuto que aprueben las Cortes Generales sean conciliables con el artículo 157.3 de la Constitución y, por tanto, tienen que atenerse a los siguientes principios que, desde nuestro punto de vista, deben inspirar la reforma del modelo de financiación del Estado:

• Primero, hay que mantener en nuestro sistema fiscal un tronco común en todo el conjunto de España.

• Segundo, las Comunidades Autónomas podrán disponer de más responsabilidad y más capacidad de decisión, si así lo estiman conveniente, sobre los impuestos pagados por sus ciudadanos, tanto en el terreno normativo, como en el de la administración tributaria.

• Tercero, sin perjuicio de que un número elevado de impuestos del Estado puedan ser compartidos con las Comunidades Autónomas, el Estado ha de tener impuestos propios, particularmente aquellos que afectan a la unidad de mercado, con capacidad normativa y un sistema propio de recaudación.

• Cuarto, la solidaridad entre Comunidades debe garantizar que todas ellas puedan prestar niveles similares de servicios, con independencia de su capacidad fiscal, en el bien entendido de que estos mecanismos tampoco pueden penalizar a aquellas que realicen un mayor esfuerzo fiscal, como es el caso de Cataluña.

 

La regulación de la financiación en el Estatuto ha de ser coherente con todos estos principios y ello puede hacerse a partir de la Propuesta aprobada por el Parlamento de Cataluña, introduciendo las modificaciones precisas, pero respetando también aspectos esenciales del mismo.

En definitiva, ya conocen mi posición sobre la definición estatutaria de Cataluña y sobre aquellas cuestiones que precisan, en todo caso, ser modificadas, con diálogo y con acuerdo, y sin desnaturalizar el espíritu de la Propuesta de Reforma.

Señorías,

Voy terminando. El respaldo a la toma en consideración de la Propuesta de Estatuto responde a mis convicciones democráticas y al respeto al Parlamento de Cataluña, que es un Parlamento nuestro.

Señores representantes de los ciudadanos de Cataluña, sepan que este Gobierno les respeta y que respeta la misión que les trae aquí. Para mí se trata de una tarea compartida, de un compromiso común, fruto del aprecio genuino a Cataluña, como a todas las Comunidades de España, y de la convicción de que una Cataluña fuerte hace más fuerte a España.

A partir de la votación de hoy empieza el tiempo del acuerdo, de la conciliación, del consenso y el fin de la intransigencia. Por respeto a esta Cámara, a la soberanía popular y a la Constitución nadie debe quedar al margen. Todos somos necesarios y todos debemos colaborar con lealtad en los trabajos de la Cámara. A todos les pido que así lo hagamos.

Señorías,

En la democracia no hay razones para tener miedo al futuro y sí muchas para afrontarlo con esperanza.

Los españoles de mi generación y los de las generaciones que después se han sucedido sólo conocemos como ciudadanos un régimen: la democracia. Sabemos por eso que no existe fuerza más poderosa que la pasión por la libertad y el respeto a las leyes que libremente nos damos. Sabemos por experiencia que desde que ésa es la fuerza que mueve nuestras acciones nos podemos comparar con orgullo a los países más avanzados del mundo.

Nuestra historia reciente tomó el rumbo oportuno cuando consagró la Constitución como regla de nuestra convivencia. Desde entonces, y sólo desde entonces, los españoles somos iguales en derechos, solidarios en obligaciones y libres en nuestra existencia. Desde entonces nuestra vida colectiva mejora cada día y lo hace, en buena medida, gracias a que hemos acertado al promover el autogobierno de nuestros pueblos y reconocer sus identidades plurales.

Pero ese progreso lo debemos, por encima de todo, a nuestra decisión de vivir en democracia, en una democracia de ciudadanos libres y solidarios. Así son nuestros ciudadanos en Cataluña y en España entera, ciudadanos que reclaman leyes justas y sabias, y gobernantes que trabajen por la unión de todos.

No existe manera más eficaz de unir a un país que evitar la descalificación y aplicar siempre la voluntad de entendimiento, que exige templanza y altitud de miras. Eso es lo que merecen Cataluña y España.

Estoy convencido, Señorías, de que el pesimismo que evocó en tiempos oscuros Gil de Biedma ha quedado para siempre atrás. La historia de Cataluña y de España discurre bien, por el camino del entendimiento y de la democracia, y proseguirá para siempre por esa misma senda.

Muchas gracias.

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