Fragmento de la intervención del presidente del tc en unos desayunos organizados por Europa Press






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fecha de publicación03.06.2015
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Fragmento de la intervención del presidente del TC en unos desayunos organizados por Europa Press
El bloque de la constitucionalidad es una expresión con la que se intenta agrupar no solamente la Constitución sino los estatutos y aquellas series de normas y leyes que son el dictado, y que sirven para resolver los casos concretos. Ahora bien, es legítimo, es un instrumento válido, hablar del bloque de la constitucionalidad, pero se corre un riesgo y, a veces, algunos voluntariamente cometen este riesgo, porque admito que no se está precisando quien está en la base dando razón y fundamento a las otras normas y algunos dicen la Constitución es lo ortodoxo, la Constitución es la base, la raíz y fundamento de los estatutos de autonomía y de las demás reglas que integran el bloque de la constitucionalidad. Pero otros replican: “No, en la base están los estatutos y luego la Constitución”, que más o menos concreta o remarca lo que en los estatutos se dice. Esta segunda posición, a mi juicio, que si ustedes quieren luego hablaremos sobre ello, es una posición heterodoxa y no es la que corresponde al presente ordenamiento jurídico español.
El segundo gran tema que también quiero plantearles a ustedes es el relativo a las nacionalidades que la Constitución española ciertamente afirma, acoge: la diferencia entre nacionalidad y nación. Tema arduo, aunque muy importante y, sobre todo, lo que se llamó en los días primeros fundacionales del régimen las nacionalidades históricas. Y luego se ha seguido llamando, en eso que algunos denominan lo políticamente correcto, y que dicho sea con todos los respetos es, a mi juicio, un gran error.
Las nacionalidades históricas frente a otras que no serían comunidades autónomas históricas. Y no es sólo en ese lenguaje políticamente correcto fruto del deseo, del que yo participé, por supuesto, en el año 1977 de limar asperezas, consiguiendo el consenso, sino con intención posterior que ha llegado incluso, esto es sorprendente, a ser recogido el término comunidad histórica en un diccionario del año 1993 que edita el Ministerio de Administraciones Públicas: […] y allí se dicen: son nacionalidades los territorios que en el pasado hubieran plebiscitado afirmativamente el proyecto de estatuto de autonomía. […] Se denominan también nacionalidades históricas o comunidades autónomas históricas son, se precisa en el diccionario, Cataluña, el País Vasco y Galicia. Esto se decía oficialmente al menos en una publicación del Ministerio en 1993, que naturalmente en otros lugares de España, en otras comunidades, no se podía admitir esta gran falacia, dicha sea con todos los respetos; ¿o es que la historia no ha realizado y no configura otras regiones, otros territorios, otras nacionalidades españolas?.
Les anticipo una pequeña anécdota: hace unos años, hace cinco o seis años, visitaba yo Granada acompañado de algunos de mis nietos, con Lara, la mayor, que vive y estudia en Barcelona y que se forma lógicamente según los centros que se utilizan en Barcelona. Visitamos la Alhambra, visitamos el Generalife, bajamos a la capilla de los Reyes Católicos, y Lara, que tenía entonces 14 o 15 años, me dijo: “Abuelo, pero también por aquí ha pasado la Historia”. Porque a ella le habían enseñado en Cataluña que por Granada, por el resto de España, por Castilla…, por Andalucía, no había pasado la Historia. Esto, naturalmente, era una anécdota, pero cargada de sentido, y por ello con posterioridad a 1993 Asturias, La Rioja, Aragón, e incluso Madrid, han modificado sus estatutos y han consignado expresamente que son regiones y nacionalidades históricas. En definitiva hay aquí un tema de debate y deberíamos todos esforzarnos en abandonar aquella clasificación que tuvo su interés político en el año 77 pero que hoy día no tiene ningún interés.
Volviendo a mi tierra de Granada, saben ustedes que allí, en el año 1012 se fundó el reino, que duró 80 años, y que en 1237 se restaura hasta 1492. 335 años como reino musulmán y desde 1492 hasta 1833, 341 años, como reino integrado en España. ¿Cómo se puede decir con un mínimo de seriedad que no es una comunidad histórica?.
De este realidad jurídico-política que tenemos había que contemplar y estudiar. Si se lee la Constitución con mirada limpia se advierte que ahí hay un poder originario, que es el poder de la nación española, que es el poder constituyente, y después hay unos poderes derivados, que son los poderes que se confieren mediante los estatutos de autonomía a determinadas comunidades. Por tanto, esta distinción entre poder originario y poder derivado es esencial para rectificar la pretensión de dar cabida en el texto constitucional a un Estado federal. No se trata, como a veces se dice, de cantidad de competencias, sino se trata de la calidad del poder originario, que corresponde a la nación española y los poderes derivados que corresponden a las comunidades. Ahí está, ahí está la clave de distinción, aunque aumentase muchísimo más las competencias de las comunidades autónomas nunca serían en virtud del poder originario, nunca serían en virtud de un estado federal.
Por el contrario si abandonamos lo que la Constitución dice, lo que establece cual lícito y el pueblo español , titular del poder soberano, establece otro marco constitucional, el futuro puede establecerse, lógicamente, en un estado federado, en un estado confederado, en un estado de la naturaleza que se quiera o se puede proceder a un estado unitario. Mientras esté vigente la Constitución de 1978, el federalismo no cabe en nuestro sistema de organización sectorial. […]

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