I. la nueva planta y las instituciones del reino de mallorca






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LA PERVIVENCIA DEL DERECHO MALLORQUÍN

TRAS LOS DECRETOS DE NUEVA PLANTA
Antonio PLANAS ROSSELLÓ


I. LA NUEVA PLANTA Y LAS INSTITUCIONES DEL REINO DE MALLORCA

La Nueva Planta de Gobierno supuso una sustancial transformación de las Instituciones del Reino de Mallorca. El Decreto de 28 de noviembre de 1715, publicado mediante Real Cédula de 16 de marzo de 17161, constituyó el inicio de un proceso normativo por el que el Reino de Mallorca vio radicalmente alterada su configuración jurídico-pública. Un proceso que, con avances y retrocesos, se prolongó durante casi todo el siglo XVIII.
Hasta hace algunos años, la historiografía venía considerando al Decreto de 1715 como un hito fundamental, cual si mediante una única disposición normativa el régimen jurídico del reino de Mallorca hubiese quedado fijado a la imagen del unitarismo borbónico. Sin embargo, el decreto no desarrolla cumplidamente todos los aspectos de la Nueva Planta sino que constituye el punto de partida para los cambios, desarrollados mediante normas posteriores y la práctica administrativa, con resultados finales distintos a los esperados2.

Hasta las reformas de Felipe V, el Reino de Mallorca constituía una unidad autónoma, incardinada en el seno de la Corona de Aragón y vinculada a la Monarquía Española por unos lazos que apenas trascendían de la mera unión personal. En plena Guerra de Sucesión, el 15 de julio de 1707, se produjo mediante Real Decreto la supresión del Consejo de Aragón cuyas competencias se trasladaron al Consejo y Cámara de Castilla3.
Retrato de Felipe V, Jean Ranc 1723, Museo del Prado.
Con la desaparición de este órgano de la Administración del rey, que constituía el único reflejo institucional de la coordinación política entre los distintos territorios de la Corona de Aragón, ésta dejó de tener significación alguna desde el punto de vista del Derecho público4. file:felipe v de españa.jpg
Las normas dictadas por el monarca al finalizar el conflicto, se dirigieron a privar al Reino de su autonomía y su plenitud institucional. El Reino de Mallorca gozaba hasta el momento de una constitución política caracterizada por una forma liberal, pactista, de gobierno. El rey era el titular de una potestad suprema, pero sus poderes se hallaban limitados por las libertades de sus súbditos.

El conjunto de los súbditos o regnícolas, divididos en brazos y estamentos, integraba una persona jurídica o universitas, el reino, con capacidad para relacionarse con el monarca. En definitiva, aunque el príncipe disponía de una potestas regalis muy amplia, en la organización política se distinguían dos esferas de poder, el Rey y el Reino —Princeps y Respublica— de forma que aspectos fundamentales del derecho público nacían del pacto entre ambas entidades. La concepción pactista tenía en Mallorca, un claro carácter jurídico y una base contractual5, y se manifestaba en el juramento recíproco que tenía lugar en el inicio de cada reinado. Los regnícolas debían prestar juramento de fidelidad al nuevo monarca, el cual, como contrapartida, debía jurar la observancia de sus privilegios y franquezas, aunque desde el reinado de Felipe II lo hacía con una cláusula limitativa, prout et quemadmodum eis hactenus usi sunt et in presentiarum in eorum et cuiuslibet eorum possessione existunt6.
El reino gozaba de personalidad definida ante el monarca, era una universitas representada por un órgano peculiar, el Gran i General Consell, que en determinados aspectos hacía las veces de las Cortes de los otros reinos de la Corona. La Universitas Regni Maioricarum comprendía a su vez «otras dos subalternas, la de la Ciudad, y la de los pobladores de las villas, castillos y parroquias de la Parte Forana»7. Existía por tanto una entidad supramunicipal, la Universitas Forensis, dotada de personalidad jurídica y representada por unos órganos propios, los síndicos foráneos y el Consell del Sindicat. Como vestigio de la época en que toda la isla constituía un solo municipio, los jurados de la Ciudad eran simultáneamente la máxima magistratura ejecutiva y directiva del Reino, bajo la denominación de Jurats de la Ciutat i Regne de Mallorca.

El Decreto de 28 de noviembre de 1715, en lo que atañe a la Administración municipal, se limitó a establecer que el gobierno económico y político de la ciudad de Palma correspondería a veinte jurados, y a doce el de la ciudad de Alcudia, unos y otros de designación real. En cuanto a las villas, el número de jurados dependería de su población, y serían designados por la Real Audiencia dando cuenta al rey.
Nada se decía acerca de la continuidad de los órganos supramunicipales, el Gran i General Consell y el Consell del Sindicat, aunque la limitación de las atribuciones políticas y económicas de los jurados de la ciudad al ámbito de ésta, suponía implícitamente la supresión de ambas instituciones. A pesar de ello, el Gran i General Consell se siguió reuniendo y celebró su última sesión el 27 de octubre de 17178.
El monarca señalaba en el decreto que las turbaciones de la última guerra le han dexado en estado que necessita de algunas providencias para su mayor seguridad, paz y quietud de sus naturales. Hasta aquí tenía poco de novedoso, pues en el pasado, los monarcas, tras hechos bélicos o conmociones sociales, a menudo adoptaron medidas semejantes inaugurando autoritariamente un nuevo régimen que rompía con el anterior y encomendaba los cargos públicos del reino a personas afectas a la Corona.
Por Real Orden de 18 de agosto de 1717 se determinó que tomasen posesión sus cargos los nuevos jurados de Palma. El Comandante General, Marqués de Casafuerte, demoró el cumplimiento de la Real Orden y elevó al monarca, el 21 de septiembre, una exposición en la que señalaba la imposibilidad de ejecutarla puesto que en la citada Real Scédula [...] no queda establecida providencia alguna para el Govierno Universal del Reyno, ni en quién ha de residir su representación, facultat, y administración de los caudales de la Universitat. A continuación expuso cinco dudas cuya resolución consideraba precisa para dar cumplimiento a la Nueva Planta de Gobierno, entre ellas si han de subsistir los síndicos de la Parte Forense como hasta aora, y cuyo ha de ser el nombramiento.

La respuesta a las dudas planteadas por el Marqués de Casafuerte se produjo mediante la Real Resolución de San Lorenzo el Real de 22 de julio de 1718:
Quiero y es mi voluntad se observe puntualmente lo que tengo mandado en el Decreto de Nueva Planta de esse Reino de Mallorca, y en su consequencia he resuelto que no haya cuerpo que represente al Reino ni el Grande y General Consejo que havía antes, y que en ninguno de los oficios haya sorteo, aunque en cuanto a los jurados, mando que no se nombren tales, sino regidores, como en los demás lugares de mis reynos, y en esta forma haréis se les ponga en posesión a los nombrados para estos oficios, y que se ciñan en los títulos y facultades a lo económico y político de la población y distrito particular de cada ciudad, villa o

lugar9.
La contestación fue rotunda y tajante. Con la desaparición de sus órganos representativos, el Reino de Mallorca quedó convertido en una simple provincia de la Monarquía Española. Aunque mantuvo su título de reino con carácter honorífico, careció de otra representación que el voto en las Cortes de Castilla que se concedió a la ciudad de Palma —por el reyno de Mallorca— mediante real resolución de 12 de octubre de 171710.
De esta forma, los antiguos Jurados —Caps de la administració de la República i pares de la pàtria—11 quedaron convertidos en simples regidores de la ciudad de Palma, con atribuciones circunscritas a su ámbito municipal. La vieja constitución política pactista fue sustituida por una nueva concepción absolutista del poder, que implicaba la identificación plena de la soberanía con el rey, sin circunstancia alguna que la modificase12. Las atribuciones que hasta entonces habían ejercido los Jurados y el Gran i General Consell, en materia militar, normativa o judicial, y su intervención en la designación de algunos de los oficiales reales, fueron suprimidas de forma radical, pues suponían una cierta limitación a la soberanía del monarca.
Sin embargo, la mera supresión de los órganos de representación universal implicaba un vacío normativo acerca de quién debía asumir sus funciones. La Real Resolución se desentendía de los problemas que se derivaban de su cumplimiento.

La existencia de una importante deuda pública común a todo el Reino y la indisociable vinculación económica entre la ciudad y las villas, especialmente en materia de abastos, requerían una gestión común a toda la isla que hubo de ser arbitrada por la Real Audiencia.

Por Real Auto de 8 de agosto de 1718 se determinó que los síndicos clavarios se conserven por ahora en el ejercicio de sus funciones como los restantes universales. Con esta precaria base legal, los síndicos concurrieron a las sesiones del Ayuntamiento de Palma para deliberar sobre cuestiones universales en representación de la Universidad Foránea. Síndicos y regidores actuaban conjuntamente como meros administradores de una herencia yacente: los bienes, derechos y cargas de la Antigua Universidad.
Ante el silencio de la Administración central, esta solución provisional se fue consolidando paulatinamente. Con el tiempo se impuso la concepción de que regidores y síndicos foráneos constituían una corporación representativa de la Universidad General del Reino, considerada como un ente activo. Con la anuencia del Real Acuerdo, la prohibición de que hubiese un cuerpo que representase al reino se vio desbordada por la realidad. Los síndicos foráneos compartieron con los regidores de la ciudad algunas atribuciones que en la época anterior eran privativas de los jurados de la ciudad y reino13. Sin embargo, la designación autoritaria de unos y otros implicaba una grave desconexión con la base social a la que teóricamente debían representar, y el ejercicio de tales facultades estuvo siempre intensamente controlado por los órganos de la administración del rey.
Las instituciones municipales mantuvieron, por tanto, ciertas peculiaridades con respecto al derecho castellano. Ciertamente, la presidencia de los corregidores y la designación autoritaria de los regidores, pertenecientes a los estamentos privilegiados, contribuyeron a desdibujarlas. Las reformas de Carlos III, con la creación de los síndicos personeros, diputados del común y alcaldes de barrio, dieron un nuevo paso en la unificación del régimen municipal en España14. Pero muchos aspectos siguieron rigiéndose por el antiguo Derecho. Una carta orden del Consejo de Castilla de 18 de octubre de 1755 dispuso que todos los ayuntamientos del reino en el plazo de seis meses formasen unas ordenanzas arreglándose en todo a las leyes del reyno y gobierno de Castilla. El 22 de noviembre de 1757 se reiteró el mandato, con carácter específico, respecto a la ciudad de Palma, pero todavía en los inicios del siglo XIX tales ordenanzas no habían sido formadas15.
II. EL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO EN EL SIGLO XVIII
El Derecho de Mallorca no se extinguió plenamente a raíz del Decreto de Nueva Planta, cuyo capítulo 13 y último dispone que en todo lo demás que no está aquí comprehendido se apliquen todas las reales pragmáticas y privilegios con que antiguamente se governava ese reyno.
No se trata de una nueva concesión, según la fórmula que había propuesto la mayoría de consejeros de Castilla en la Consulta de 18 de agosto de 1715, sino de una mera confirmación16. La diferencia es sustancial con respecto al principado de Cataluña, cuyo decreto de 9 de octubre de 1715 manda que se observen en todo lo demás las constituciones que antes había, entendiéndose que son establecidas de nuevo por este decreto17.
El hecho de que en Cataluña el antiguo derecho se conservase por nueva concesión, supuso que dejase de tener un origen contractual y, por tanto, que fuese susceptible de ser modificado o derogado unilateralmente por el monarca. En el caso de Mallorca, este cambio no se manifiesta de forma tan palmaria en el texto del decreto, pero en la práctica operó con la misma efectividad. Las propias autoridades mallorquinas, al aceptar la respuesta del caballero d’Aspheld a su propuesta de capitulación habían asumido su nueva situación política, pues se cuidaron de precisar que su intento de conservar los privilegios del reino, no tenía lugar per via de pacte ni capitulació, per reconèxer que assò no te lloch entre el Príncep i sos vassalls, sinó d’obtenir la concessió per via de gràcia dimanada de la Real Benignitat y Clemència18.
Aunque Mallorca pudo conservar su antiguo Derecho en materia, civil, penal, procesal y mercantil, la legislación dictada a partir de entonces por los Reyes de España, salvo que expresamente señalase lo contrario, pasó a regir en el conjunto de sus reinos y, en consecuencia, fue modificando de forma paulatina el viejo sistema jurídico mallorquín. La carencia de unas sólidas instituciones representativas del reino privó a Mallorca de la posibilidad de renovar su sistema jurídico de forma autónoma y dio lugar a su fosilización.
A lo largo del siglo XVIII la creación del Derecho residió exclusivamente en el monarca y su Consejo mediante pragmáticas-sanciones, decretos, reales cédulas, reales órdenes, instrucciones, etc. En raras ocasiones los monarcas de la casa de Borbón dictarán normas específicas para este reino. Por el contrario, sus disposiciones, que por lo general, confirman, suprimen o modifican el derecho castellano, suelen publicarse con carácter común para toda España, como leyes generales del reino. El Real Acuerdo de Mallorca, estableció algunas disposiciones de vigencia exclusiva en la isla, mediante sus autos acordados, que sustituyeron a los antiguos presidales decretos. Pero éstos, que jamás fueron recopilados, no pretendieron formar un cuerpo de derecho mallorquín adaptado a las nuevas circunstancias sino que se limitaron a resolver cuestiones de gobierno u ordenar la publicación de las disposiciones comunicadas por las autoridades centrales, y apenas establecieron algunas reglas puntuales en materia de derecho procesal.
La participación de los representantes del reino en la creación del Derecho, hasta entonces garantizada mediante diversos mecanismos, quedó completamente suprimida. En el propio momento de la capitulación, el caballero d’Aspheld recomendó derogar el privilegio que obligaba al lugarteniente general a someter sus decretos al dictamen de los jurados del reino con carácter previo a su publicación19.
El único medio de que disponían los cuerpos representativos del reino para intentar influir en la creación de las normas era el ejercicio motu proprio del derecho de petición o la elaboración de informes a solicitud del Consejo de Castilla.

En septiembre de 1716 los jurados de Mallorca, como representantes del reino, dirigieron al monarca un memorial que fue estimado en parte, y que permitió que se confirmase la obligación de motivar las sentencias civiles y se aprobasen otras reglas en materia procesal, contra el criterio de la nueva Real Audiencia20. No fue ésta la última representación elevada por el reino. La defensa de sus intereses se podía actuar a través de embajadas o mediante las gestiones de los procuradores o agentes ordinarios del reino en la Corte. Las embajadas, de acuerdo con lo dispuesto con carácter general para toda España por la Real Orden de 24 de diciembre de 1716, requerían la previa aprobación del Consejo de Castilla, al que se debía informar de los motivos que movían a enviarlas con expresión de todas las circunstancias21. El nombramiento de procuradores y agentes, de acuerdo con la R.O. de 6 de febrero de 1745, exigía la aprobación del comandante general o del regente de la Audiencia22. En ambos casos, para poder ejercer el derecho de petición en nombre del reino, se debía contar con el consentimiento conjunto del Ayuntamiento de Palma y de los síndicos foráneos23. A pesar de ello, su posición negociadora era muy diferente a la que tuvieron los jurados bajo el régimen pactista, de forma que las posibilidades de éxito de sus planteamientos eran muy limitadas. A lo largo del siglo XVIII tan sólo en unas pocas ocasiones obtuvieron el reconocimiento de alguno de sus antiguos privilegios, o consiguieron frenar la reforma de alguna de sus instituciones. El caso más resonante fue la defensa de la vigencia en Mallorca del derecho común que, con ocasión de un pleito sobre las detracciones y liquidación de cierto fideicomiso, dio lugar a un memorial presentado por los regidores y síndicos clavarios en 1734, sobre el que el Consejo de Castilla pidió un informe a la Real Audiencia en febrero de 1735 24.

El monarca, mediante Real Cédula de 31 de agosto de 1736, reprodujo íntegramente la argumentación de las instituciones del reino, y declaró la vigencia del derecho común en la isla, como costumbre y práctica de juzgar tan uniforme25.
La pervivencia del Derecho común, reconocida implícitamente por la mencionada real cédula, contribuyó eficazmente a la conservación del acervo jurídico mallorquín.
El Derecho romano justinianeo constituía la base del sistema jurídico de Mallorca, que se completaba con las pocas excepciones de Derecho propio introducidas a lo largo de la Historia. En definitiva, se configuraba con la doble vertiente de derecho supletorio e integrador. El 30 de enero de 1300 Jaime II había dispuesto en su modificación de la antigua carta de población que los jueces resolviesen los pleitos servatis consuetudinibus et libertatibus civitate et insule supradicte [...] et illis deficientibus [...] secundum ius commune, en la que constituye la más antigua recepción oficial del Derecho común en un reino hispánico26. Sin embargo, desde la derogación de esta norma por Sancho I el 4 de julio de 131127, la vigencia de este ordenamiento se derivaba de su aplicación en la práctica, aunque su reconocimiento oficial fuese dudoso28. Como señala un memorial del año 1788 tenía su fuerza más por costumbre que por autoridad de legislador29.

La pervivencia del derecho romano no resultó problemática, pues su conocimiento estaba suficientemente garantizado por el estudio universitario y la constante interpretación jurisprudencial. En cambio, las nuevas circunstancias propiciaron cierta confusión entre los profesionales del derecho, acerca de la vigencia y fuentes del derecho propio o, en terminología de la época, municipal.
La Real Audiencia —en la que hubo siempre dos plazas reservadas a juristas naturales de Mallorca—30 se propuso clarificar la situación mediante una adecuada redacción de las fuentes. Un auto del Real Acuerdo de 6 de noviembre de 1738 señaló que muchos privilegios y pragmáticas antiguos eran desconocidos (en los tribunales frequentemente se duda sobre dichos privilegios y pragmáticas a causa de [...] estar dispersos y muchas veces no poderse hallar), en perjuicio de los litigantes, y ordenó que se imprimiese una recopilación de los mismos para facilitar su conocimiento, tanto a los abogados para patrocinar a sus clientes como a los jueces para sentenciar los pleitos31. Para realizar este trabajo se comisionó a un jurista de reconocida experiencia en la materia, el doctor Miquel Serra Maura que, sin embargo, no llegó a culminarlo. La misma necesidad motivó que, años más tarde, en marzo de 1770, el síndico personero y diputados del común solicitasen al Real Acuerdo que ordenase la formación de una recopilación semejante, pero su petición quedó asimismo en el olvido32.
La ignorancia de las leyes antiguas no sólo afectaba a los jueces forasteros sino a los propios juristas insulares y, señaladamente, a los abogados. Como denunciaba el catedrático de cánones de la Universidad Literaria de Mallorca Buenaventura Serra Ferragut (1728-1784) en sus interesantes Reflexiones críticas sobre el estado presente de la Jurisprudencia, los abogados mallorquines pensaban que el derecho común era el único derecho de Mallorca y, todo lo más, las disposiciones contenidas en las Ordinacions i Sumari del privilegis recopiladas por Antoni Moll en 1663 33, aunque con ser tan breve apenas hay abogado que lo estudie ni lo mire, muy satisfechos con su derecho común34. Así, en una alegación jurídica presentada por el letrado Pablo de Mora y Jaraba ante el Consejo de Castilla, afirma que en el reino de Mallorca no hay fueros ni leyes particulares, como en Aragón, Valencia y Cataluña, porque ahí sólo el derecho común y estilos de sus tribunales tienen fuerza de ley por donde se deciden las causas35. De este desconocimiento del Derecho propio es asimismo reflejo el memorial dirigido en 1788 a la Junta del Colegio de Abogados por el Dr. Joaquín Fiol y Estades de Montcaire, en el que se propuso demostrar la existencia en Mallorca de algo tan evidente como un Derecho municipal, propio, cuyas fuentes debían aplicarse con preferencia a las normas del Derecho romano36. El autor propugna que se mantenga el orden de prelación de fuentes propuesto por Canet, Mesquida y Zaforteza en su proyecto de recopilación de 1622, según el cual, en defecto de disposiciones de derecho municipal debían aplicarse las del derecho canónico y, a falta de éstas, el derecho común civil37. La situación, como puede verse, era muy semejante a la de Cataluña donde Finestres defendía que, siendo tan escasas las leyes autóctonas, lo que se imponía era la aplicación del derecho romano, verdadero derecho patrio38.
No hay indicios de que, por entonces, el derecho castellano constituyese un elemento problemático en la prelación de fuentes. En Mallorca no se planteó el problema de la vigencia supletoria del Derecho castellano, a diferencia de lo que ocurrió en Cataluña donde una Real Cédula de 27 de noviembre de 1768, confirmada por otra de 2 de octubre de 1785, dispuso que en defecto de leyes municipales no revocadas se debían aplicar las leyes generales del reino, entendiendo por tales las leyes de Castilla39. Si en el Principado la Real Audiencia hizo caso omiso de las mencionadas disposiciones, en Mallorca, la cuestión se dio por zanjada a partir de la Real Cédula de 31 de agosto de 1736. El doctor Joaquín Fiol, en su mencionado memorial, no hace alusión alguna al asunto. La única mención del derecho castellano se introduce para fundamentar la preferencia del derecho mallorquín sobre el romano, afirmando —con una cita de Solórzano Pereira respecto a la aplicación del derecho de Castilla en las Indias— que en cada provincia conviene que [las leyes] sean diversas, según la diversidad de los genios40.
Es posible que, como en Cataluña, los abogados no dejasen de invocar el derecho castellano, comprendidas las Partidas o las leyes de Toro, por ignorancia o por picaresca, si creían que podía beneficiar a su cliente41. Sin embargo, en las numerosas alegaciones jurídicas mallorquinas del siglo XVIII que hemos examinado, incluidas las realizadas por abogados peninsulares para presentar en apelación ante el Consejo de Castilla, no hemos podido detectar ningún caso en que esto suceda. Por el contrario, en una alegación presentada por Pablo de Mora y Jaraba ante aquel tribunal en 1759 se señala que El Consejo y los tribunales supremos, en las causas de aquellas provincias, siguen y están obligados a seguir sus leyes particulares, sus costumbres, sus opiniones y dictámenes comunes de sus maestros y doctores, especialmente aquellos que siguen y abrazan constantemente sus tribunales, en que consiste lo que se llama estilo y práctica verdadera de juzgar42.
De todas formas, resulta muy verosímil que así se actuara, puesto que nos consta que incluso se invocaba el derecho catalán cuando interesaba su aplicación. En 1759, el síndico perpetuo de la ciudad de Palma, solicitó a la Real Audiencia que hiciese extensiva a Mallorca la condonación de deudas fiscales por razón del catastro que Carlos III había concedido a Cataluña, alegando que el Reino de Mallorca era parte del Principado según un controvertible privilegio de 1365, que en aquella época carecía completamente de sentido43. Precisamente sobre la supuesta vigencia del derecho catalán en Mallorca escribió el doctísimo Buenaventura Serra Ferragut, unas expresivas palabras: «Es digna, sin duda, no sé si diga de admiración o de risa, la manía de los catalanes en querer que todos se gobiernen por sus leyes o en querer darlas a los demás, quando afirman algunos que Mallorca está sujeta a sus constituciones y Usatges» para, tras citar un conocido pasaje del Apparatus de Tomàs Mieres, concluir que «muy unidos nos quería este hombre, y debemos estarlo todos con el vínculo de la caridad»44.
En 1777 los Fiscales del Consejo de Castilla elaboraron un informe sobre el plan de estudios de la Universidad Literaria de Mallorca, en el que propusieron que se estudiase derecho patrio (Recopilación y autos acordados), sin olvidar las ordenanzas municipales de Mallorca en su respectivo lugar45. En esa época todavía no existía una identificación completa entre derecho patrio y derecho de Castilla.
Las ordenanzas para los corregidores publicadas mediante Real Cédula de 15 de mayo de 1788 dispusieron en su cap. 67 que cuidasen de que la custodia del cuerpo de leyes del reino tuviese lugar en las casas capitulares. En consecuencia, el Ayuntamiento acordó la compra del cuerpo legal prevenido en la ley 15, tit. 6, Lib. 3 de la Nueva Recopilación, que incluía Las Partidas, el Fuero Real y la propia Recopilación, puesto que carecía de tales libros por considerarlos innecesarios46. Sin embargo, no se puede deducir de este mandato que se auspiciase la vigencia de tales fuentes castellanas, salvo en la medida en que algunas leyes generales del reino, posteriores a la Nueva Planta, se remitían expresamente a ellas.
En los primeros años del siglo XIX, se advierte en la actitud de las autoridadescentrales un cierto desconocimiento de las peculiaridades del derecho de los reinos de la Corona de Aragón, y una voluntad uniformista más acentuada. Las reales órdenes del marqués de Caballero de 1802 propugnaron la unificación parcial de los planes de estudio de Derecho en las Universidades, obligando a la enseñanza de las leyes del reino, entendiendo por tales las de Castilla47. La Junta de Claustro plena de la Universidad Literaria de Mallorca, el 21 de marzo de 1803, como única medida para adaptarse a la nueva norma, acordó que la enseñanza del derecho patrio quedase encomendada al catedrático de Instituta48, de quien en 1817 decía el fiscal de la Audiencia que no lo ha cursado él mismo, ni tiene motivos de haberse versado en él, y que ha manifestado su poco conocimiento y experiencia en el ramo, y aún su poca disposición para enseñarle cuando le reputa inútil en este país49.
A raíz de los trabajos preparatorios para la reforma de la legislación del reino, el Consejo de Castilla, mediante R.O. comunicada a la Audiencia de Mallorca el 14 de octubre de 1803, solicitó un informe acerca del grado de cumplimiento de las leyes formularias reunidas en los veintidós primeros títulos del libro IV de la Nueva Recopilación. La Audiencia dio traslado de este mandato al Colegio de Abogados, que el 20 de junio de 1804 expuso que si los tribunales de Mallorca se gobernasen por las leyes formularias de Castilla no sería difícil cumplir tal encargo, pero no son estas leyes las que rigen en Mallorca en éste y otros puntos, sino por lo general las del derecho común de los romanos y demás de que se hará mención, […] y no estando por lo general recopiladas […] es sumamente dificultoso adquirir la noticia individual de todas para señalar las que convenga ponerse en observancia, haviendo dexado de tenerla, y las que fuere mejor quedar sin uso50.
En esta época, las distintas instituciones del reino defendían unánimemente la preservación del antiguo derecho. En su informe a las Cortes de 15 de julio de 1809, la Junta Superior de Observancia y Defensa del Reino de Mallorca, considera que Castilla y los reinos de la Corona de Aragón poseen una legislación diferenciada y que será imposible y perjudicial arreglar la uniformidad en todo el reino51. Asimismo, el Ayuntamiento de Palma, en su informe de 20 de septiembre del mismo año defiende que, como todas estas leyes se dan generalmente para todas las provincias de España, es conveniente para Mallorca que subsistan las del Derecho común, o de los ramos con que siempre se ha gobernado la Isla, cuyos usos y costumbres antiguas se mandaron guardar en la Real Cédula del 31 de agosto de 173652. En definitiva, el Ayuntamiento considera que el Código debe ser adaptable a cada una de las provincias en particular, pues no pueden ser convenientes unas mismas leyes para todos53. Miguel Artola, tras analizar los informes elaborados desde todos los puntos de España señala que es abrumadora la mayoría de los que postulan la completa unificación jurídica, sin hacer salvedad alguna respecto a los derechos regionales. La postura de los mallorquines tuvo en este aspecto un carácter excepcional54.
Como es sabido, la Constitución de 1812 adoptó un criterio uniformista en lo jurídico, que debía concretarse en la publicación de unos códigos civil, penal y de comercio, que serían únicos para toda la monarquía, de acuerdo con su art. 258. Su derogación, tras la restauración de la monarquía absoluta no supuso el completo abandono de esta línea. En 1815 el gobierno ordenó que se implantase el plan de Salamanca de 1771 a fin de que la enseñanza pública sea uniforme en lo posible en todas las universidades55 y, en consecuencia, el Real Acuerdo de Mallorca dispuso que el catedrático de Instituta impartiese el derecho patrio español durante una hora y media todas las tardes56. A pesar de ello, en 1817 el catedrático de derecho patrio Dr. Valentí Terrers, manifestó al Real Acuerdo que la R.O. no era de aplicación en Mallorca y afirmó que a V.E. le consta muy bien que en Mallorca rige el derecho común de los romanos. Como vemos, la razón de esta negativa no era que considerase que Mallorca poseía un derecho peculiar, sino que estaba vigente en la isla el derecho romano, con la consideración de derecho propio. El Fiscal de S.M. le respondió que esta afirmación era blasfemia legal y política, pudiendo a lo más concederse que haga veces en Mallorca de un fuero municipal cuya observancia se limita a aquello en que se halle en práctica y no se oponga a las pragmáticas, reales órdenes y leyes generales últimamente recopiladas57. Por su parte, el Colegio de Abogados formó una Academia de Jurisprudencia Práctica de San Basilio Magno, en cuyas sesiones, de acuerdo con sus estatutos de 21 de diciembre de 1816, se debían utilizar las Partidas, recopilaciones y demás cuerpos legales de la Nación58. Durante el Trienio Liberal, el criterio uniformista experimentó un avance muy pronunciado, sin que tengamos noticias de nuevas disputas sobre aquel asunto. Cuando en 1822 la Audiencia solicitó un informe acerca de la reforma del enjuiciamiento criminal, el Colegio de Abogados contestó que es necesario uniformar el método de enjuiciar, distinto en cada una de las provincias según la diversidad de sus respectivos fueros particulares59.

En esta época ya se había extinguido casi sin remedio la voluntad de mantener las peculiaridades procesales mallorquinas.
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