I. la nueva planta y las instituciones del reino de mallorca






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III. EVOLUCIÓN DE LAS DISTINTAS RAMAS DEL DERECHO

EN EL SIGLO XVIII
1. El Derecho penal
El decreto de Nueva Planta respetó el viejo derecho penal de Mallorca, salvo en las causas de sedición y lesa majestad. Sin embargo, durante el Antiguo Régimen el ordenamiento penal se basaba sustancialmente en la jurisprudencia y el arbitrio judicial mientras que las disposiciones legales con el rango de privilegios y franquezas eran muy escasas, como lo demuestra la parquedad de las recogidas en el libro V de la recopilación de Canet, Mesquida y Zaforteza de 162260. Por este motivo su conservación tuvo una importancia muy relativa.

El principal privilegio de que disponía el reino era una provisión de Alfonso V, de 11 de agosto de 1430, confirmatoria de una antigua costumbre, que prohibía condenar a flagelación a los mallorquines libres de cualquier condición61. Los edictos virreinales de la época moderna lo habían respetado escrupulosamente. Una Real Orden de 20 de marzo de 1717 dispuso que en todos los reinos y señoríos de la Corona se impusiesen a los defraudadores de las rentas de tabacos las penas previstas por la Real Cédula de 12 de marzo de 1709, que castigaba diversos supuestos con la de doscientos azotes62. En una resolución de dudas de 11 de diciembre de dicho año Felipe V confirmó el antiguo privilegio que impedía que los mallorquines fuesen condenados a la pena de flagelación, a pesar de que la Audiencia la consideraba imprescindible para erradicar la delincuencia63. Por ello, el 10 de septiembre de 1720 el Consejo de Castilla tuvo que emitir su parecer sobre la forma de castigar en Mallorca el contrabando de tabacos, en sustitución de la pena ordinaria de azotes64.
Con esta única excepción, las nuevas disposiciones en materia penal otorgadas por los monarcas de la Casa de Borbón, pasaron a estar en vigor en toda España, como leyes generales del reino. En 1716 se publicaron en Mallorca, como en los otros reinos de la Monarquía, las primeras disposiciones generales de carácter penal, como las pragmáticas sobre falsificación de moneda, duelos y desafíos y sobre prohibición de rifas. Incluso en algún caso excepcional, los monarcas ordenaron que se aplicasen en los reinos de la Corona de Aragón algunas viejas pragmáticas castellanas. Por ejemplo, en 1761 Carlos III revalidó diversas disposiciones en materia de restricción de armas, para todos mis reynos y señoríos, inclusos los de Aragón y Valencia, Cataluña y Mallorca65.
La principal fuente legal en materia penal durante la época de los Austrias eran los edictos de los lugartenientes generales. Se trataba de normas dictadas motu proprio, contra las que los jurados se quejaron en muchas ocasiones, porque introducían penas inusitadas en la isla —como la demolición de casa— o vulneraban flagrantemente el principio de proporcionalidad66. Tras la Nueva Planta, los edictos del siglo XVII siguieron siendo invocados en las alegaciones jurídicas67. Por el contrario, los comandantes generales, sucesores de los antiguos lugartenientes, dejaron de dictar edictos específicos para el reino de Mallorca.
En principio no sucedió así en Cataluña, donde el 21 de octubre de 1716 el capitán general, marqués de Castel-Rodrigo publicó un bando en el que se recogían las viejas constituciones y capítulos de Cortes, y otras fuentes penales en vigor68. En Mallorca sólo se dictaron bandos esporádicos y específicos sobre materias de orden público, como la posesión de perros de presa sueltos, la caza furtiva o los juegos ilícitos. Una disposición de Felipe V de 10 de abril de 1717, a consulta de la Audiencia de Zaragoza, dispuso que en los reinos de la Corona de Aragón tales bandos deberían publicarse en nombre del comandante general, como Presidente de la Real Audiencia, y del Regente y Oidores69. El 29 de octubre de 1718 el gobernador del Consejo de Castilla escribió al regente y Real Audiencia para reprenderle por diversos abusos, entre ellos el haber publicado un bando en el que imponían pena de muerte a quienes hicieran circular determinadas monedas. El gobernador ordenó que se retirase el bando porque la Audiencia carecía de autoridad para señalar semejante pena, que por otra parte era desproporcionada con la entidad del delito70.
Con el tiempo se implantó la costumbre de que firmase los bandos sólo el general. Un Real Auto de Acuerdo de 5 de marzo de 1778 dispuso que fuesen firmados por el Regente y los dos oidores más antiguos71. Esta decisión dio lugar a un enfrentamiento con el comandante general, que ordenó que no se repartiesen los bandos impresos con sus firmas. La Audiencia presentó una exposición al Consejo, que resolvió a favor de sus tesis mediante R.O. de 8 de noviembre de 178172.
La supresión de la pena de galeras, que era la ordinaria para castigar los delitos de una cierta gravedad cometidos por varones, mediante Real Orden de 16 de noviembre de 1748, supuso la generalización de los trabajos forzados en los presidios de África, arsenales y minas, para los delitos antiguamente sancionados con aquélla73. Los delitos considerados de menor entidad pasaron a ser castigados con la pena de servicios forzosos en obras reales y públicas. En abril de 1750, en atención a los gastos de manutención que suponían para la Monarquía los condenados a dicha pena, el Consejo de Castilla dispuso que se estudiase la posibilidad de enviarles a realizar dichas obras en los arsenales o a formar parte de los regimientos fijos de Ceuta y Orán. Por pragmática de Carlos III de 12 de marzo de 1771 se asignó el arsenal de Cartagena como lugar de cumplimiento de la pena de trabajos forzados para los condenados naturales de los reinos de la Corona de Aragón74. Sin embargo, mediante real orden de 19 de noviembre del mismo año se permitió que los reos cumpliesen la condena trabajando en la limpieza y reparación del muelle de la ciudad de Mallorca o, si no había trabajo, en los caminos públicos de la isla75.
El desconocimiento del derecho propio al que hemos aludido de forma genérica, se manifestó asimismo en el campo de las instituciones penales. Mallorca disponía de un privilegio de 7 de julio de 1469 que prohibía reclutar remeros forzosos en galeras, salvo que fuesen condenados por sus crímenes76. Sin embargo, algunos autores, como Buenaventura Serra, lo interpretaron como una prohibición de imponer la pena de galeras a los mallorquines libres y se lamentaron de que el privilegio no fuese observado en su época77.
La Real Audiencia, en uso de su arbitrio judicial, no tuvo limitaciones para imponer penas de tradición castellana, hasta entonces desconocidas en la isla. Por ejemplo, la antigua pena romana del culleus -que consistía en introducir al reo en un odre junto con un mono, una víbora, un perro y un gallo, y arrojarlo al mar- no se había aplicado nunca en Mallorca, pese al influjo del ius commune. En cambio, nos consta que en 1776 una parricida fue arrojada al mar, después de muerta, en el interior de un tonel en el que se habían pintado ciertos animales feroces78. Esta forma simbólica de aplicar el culleus era utilizada en Castilla para castigar a los parricidas79.
2. El Derecho procesal. Sistema judicial y proceso civil
Las instituciones de derecho procesal se conservaron sustancialmente tras la Nueva Planta. La organización judicial fue objeto de algunas reformas, pero no se constituyó una nueva organización unificada en España. La supresión del oficio de baile se produjo de forma inmediata y, a tenor del decreto de nueva planta, sus competencias se traspasaron a la Real Audiencia. Sin embargo, los importantes inconvenientes que supuso para este tribunal la asunción de los numerosísimos pleitos sobre materia de censos, motivaron que solicitase al monarca la restauración del antiguo cargo de baile. Finalmente, en 1722, para el ejercicio de tales competencias se creó el cargo de juez privativo de censos, que debía ser desempeñado por un jurista, natural de la isla y de la mayor literatura y práctica80.
Los conflictos entre las jurisdicciones real y eclesiástica, ante el silencio del decreto de Nueva Planta, se siguieron dirimiendo por la jurisdicción del Canciller de Competencias, de acuerdo con la Concordia entre la Reina Leonor y el Cardenal de Comenge de 1372, como en los restantes reinos de la Antigua Corona de Aragón81. En abril de 1773 la Real Audiencia de Mallorca, elevó al Consejo de Castilla un dictamen en el que criticó diversos aspectos del régimen de competencias, como la posibilidad de prorrogar indefinidamente los plazos legales, que se entendiesen resueltas en favor de la curia eclesiástica cuando el Canciller no dictase sentencia en el plazo prescrito y, especialmente, que el Canciller pudiese decidir la causa sin seguir el parecer de los oidores de la Real Audiencia que actuaban como asesores y sin motivar suficientemente sus sentencias82. Sin embargo, el Consejo no llegó a introducir reforma alguna en el régimen y práctica procesal del juzgado de competencias. Fue en el periodo liberal, cuando por real decreto de las Cortes de 12 de noviembre de 1813 se declararon suprimidos los empleos de Canciller de Contenciones en la Antigua

Corona de Aragón y se dispuso que las competencias con los jueces eclesiásticos se decidiesen por las Audiencias mediante el medio legal de los recursos de fuerza, que deberían tener lugar como en las demás provincias de la monarquía83.
El Decreto de Nueva Planta, tras dar nueva forma a la más alta instancia judicial de la isla, ordenó que observasen las pragmáticas y estilos antiguos en cuanto al modo de proceder en las causas civiles y criminales84. Ello no supuso, sin embargo, la completa fosilización del proceso. A partir de su promulgación se introdujeron algunas reformas comunes para toda la monarquía y unas pocas disposiciones específicas para Mallorca. Ya en diciembre de 1717 se ordenó que las sentencias y provisiones de la Real Audiencia, así definitivas como interlocutorias, se redactasen en castellano y no en latín85. Por resolución de 8 de noviembre de 1738 se dispuso que se admitiesen los grados de segunda suplicación de las sentencias de la Audiencia, de acuerdo con lo previsto por el derecho castellano86. Se trata de la llamada suplicación a mil quinientas doblas, porque, de acuerdo con una disposición de Juan I de 1390, para ser admitida se debía aportar una fianza de esta cantidad. Respecto a la forma de introducir este recurso se dictaron reglas especiales para Mallorca en la real cédula de 7 de julio de 174687. La pragmática de 17 de abril de 1774 estableció un plazo especial de 90 días para suplicar ante la Real Persona las sentencias de revista de las audiencias de Mallorca y Canarias88.
En el ámbito insular, el Real Acuerdo, mediante auto de 18 de julio de 1740,extendió a los tribunales inferiores la obligación de redactar en castellano las sentencias y provisiones89, un nuevo auto de 5 de abril de 1742 reguló la forma de proceder en las causas de concurso de acreedores y de practicar los embargos de bienes90, y otro de 27 de junio de 1750 estableció las reglas para el pago de los acreedores y de las costas ocasionadas por estos pleitos.
Tras la implantación del nuevo régimen había habido voces en el Consejo de Castilla a favor de que se eliminase la práctica de motivar las sentencias, por considerar que de esta forma se resolvería con mayor deliberación91, pero el monarca, mediante resolución de 11 de diciembre de 1717, confirmó el antiguo uso. Sin embargo, esta característica, que no se avenía bien con la nueva concepción absolutista del poder, no podía durar mucho tiempo. Finalmente, a través de la Real Cédula de 23 de junio de 1768 Carlos III ordenó que se actuase todo el proceso en lengua castellana y dispuso que los jueces cesasen en la práctica de motivar las sentencias y se limitasen a recoger las palabras decisorias como se venía observando en el Consejo de Castilla y demás tribunales ordinarios del reino92. Se justificaba dicha medida en que daban lugar a cavilaciones de los litigantes, requerían mucho tiempo para su formación y elevaban las costas del proceso.

De esta forma, la jurisprudencia perdió su carácter de fuente complementaria del Derecho de Mallorca, en una época en la que había constituido un elemento vivificador. La falta de motivación de las sentencias no fue bien acogida en la isla. Todavía en 1809 el Ayuntamiento de la Ciudad de Palma solicitó en un informe sobre Cortes que se volviese al antiguo uso, pues consideraba que con su eliminación se había privado al litigante del consuelo y de la luz conveniente para corregir y mejorar la instrucción y justificación de su justicia, y dando margen que crea o a lo menos sospeche la arbitrariedad e injusticia del juez93.
En algunos casos, por no existir una regulación de derecho propio, la Real Audiencia solicitó que se extendiesen a Mallorca algunas disposiciones de derecho castellano. Por ejemplo, puesto que no existía ninguna norma que regulase el número de oidores necesarios para poder votar las sentencias civiles, el 15 de febrero de 1743 el tribunal solicitó al Real Consejo que se aprobase la regla prevista en las leyes castellanas para las chancillerías y audiencias, aunque modificando la cuantía señalada en ellas por la de cien libras mallorquinas94.
La citada Real Cédula previno nuevamente que no quedan derogadas las leyes municipales ni la práctica judicial recibida, en todo lo demás. El hecho de que los estatutos fundacionales del Colegio de Abogados, aprobados por real cédula de 23 de octubre de 1779, promoviesen la tarea de crear una Práctica Judiciaria, que interesa mucho por no haberla fija en el reyno de Mallorca, demuestra que el procedimiento mantenía en Mallorca sus propias pautas95. La elaboración de este texto no sólo era necesaria para la enseñanza de la escuela de práctica, sino que se consideraba imprescindible para el orden de los procesos, pues el hecho de que los usos y estilos de los tribunales no estuviesen fijados por escrito ocasionaba frecuentes controversias96. Todavía en 1817 el presidente de la Academia de Jurisprudencia Práctica, doctor Gaspar Coll, se ofreció a llevar a cabo la redacción de la práctica de enjuiciar conforme a nuestros usos y privilegios97.
3. El Derecho procesal penal
A diferencia del proceso civil, el procedimiento penal fue objeto de reformas significativas desde los inicios de la andadura de la nueva Real Audiencia.

La mayor parte de ellas se introdujeron a través de la Real Resolución de 19 de diciembre de 1717.
Un aspecto de gran importancia fue la introducción del juicio en rebeldía, que hasta entonces no se había admitido en Mallorca. De acuerdo con un privilegio de Jaime II del año 1301, cuando el inculpado no comparecía ante la curia, pese a haber sido citado y pregonado, se debía proseguir la sumaria recibiendo los testigos, pero no se podía proceder a publicarla hasta que el reo se hallase a su disposición98. En el siglo XVII, como en los restantes reinos hispánicos, Felipe IV pretendió derogar aquella regla a través de una pragmática de 29 de agosto de 1625, que no llegó a entrar en vigor por la firme oposición del reino. Esta peculiaridad mallorquina quedó suprimida a raíz de la Nueva Planta. En 1717 la Audiencia elevó al monarca una exposición en la que argumentó que el estilo de suspender las diligencias sumariales en ausencia del reo era perjudicial para la justicia porque con el transcurso del tiempo, por muerte de los escribanos y disposición de los reos, se pierden y ocultan las sumarias y cuando llega el caso de prender a los reos, por falta de sumarias noticias de los que fueron testigos, quedan los delitos sin averiguación y los delincuentes sin castigo. El monarca, atendiendo estas consideraciones, resolvió que tales causas se sustanciasen y prosiguiesen hasta sentencia definitiva99. De esta forma se produjo una asimilación con el Derecho castellano y el de otros reinos de la Corona de Aragón, que desde antiguo permitían el juicio y condena en rebeldía100. Respecto a los delitos cometidos por cuadrillas entraron en vigor las pragmáticas de Felipe IV de 15 de junio y 6 de julio de 1663, que eliminaban los plazos de un año establecidos en las Ordenanzas de Alcalá de 1503101. Una real orden de 18 de septiembre de 1726 dispuso expresamente la aplicación de la pragmática castellana de 15 de junio de 1663102.
Asimismo se eliminó la presencia de los Jurados del reino en los actos de tortura de los reos, puesto que la Real Audiencia, en su informe de 17 de diciembre de 1719, interpretó que los regidores de la ciudad no podían subrogarse en el lugar de aquéllos, y que habían desaparecido los posibles abusos que dieron lugar a tal garantía103.
La intervención del abogado fiscal en el acto de votación de las sentencias penales, documentada en la Práctica Criminal mallorquina del siglo XVII, quedó también suprimida104. La Resolución de dudas sobre el Decreto de Nueva Planta, de 11 de diciembre de 1717, dispuso que el Fiscal debiese asistir a la vista de las causas, pero no al acuerdo cuando se votasen, pues quando se ven podrá pedir y alegar todo lo que conduzca a favor del Fisco y de la vindicta pública105.
Las últimas reformas se centraron en el régimen de las apelaciones. La Recopilación de Canet, Mesquida y Zaforteza, de 1622, recoge un viejo privilegio que prohibía la apelación de las sentencias absolutorias, expresando la conveniencia de que se aplique según su tenor106. Pero con el tiempo, de forma abusiva, se había impuesto la costumbre de que el fiscal tampoco pudiese apelar las sentencias condenatorias. La Real Audiencia en el mencionado memorial expuso al monarca que por este motivo delitos muy graves quedaban sin castigar o lo eran con penas muy inferiores a las que les correspondían, con gravísimo perjuicio de la vindicta pública. Por Real Resolución de 20 de diciembre de 1717 se dispuso que el fiscal pudiese apelar en todos aquellos casos en que le pareciese justa la apelación107. Por otra parte, las sentencias condenatorias se ejecutaban de forma inmediata a su publicación, aunque el reo no estuviese convicto y confeso, sin concederle la apelación en ningún caso. En la mencionada resolución, Felipe V, a consulta de la Real Audiencia, dispuso que se demorase la ejecución de la sentencia, siempre que el reo apelase, salvo que no pudiese mejorar su derecho y defensa por estar convicto y confeso en primera instancia108.
Con posterioridad a las reformas mencionadas, el procedimiento criminal permaneció prácticamente inalterado. La Real Provisión de 20 de diciembre de 1721 dispuso que en lo criminal observéis y hagáis se observe en el modo de proceder la práctica y estilos antiguos si y conforme está prevenido en el referido decreto de la Nueva Planta y órdenes expedidas después de él109. La Real Cédula de 1768 no afectó al derecho procesal penal, puesto que desde mediados del siglo XVI las sentencias penales no recogían los motivos. Nos parece oportuno destacarlo ya que algunos autores han creído que se refería tanto a las sentencias civiles como a las criminales110.
Desde muy antiguo, en el proceso penal se tomaba la confesión al reo previniéndole que el juramento no recaía sobre hecho propio sino sobre ajenos y que no estaba obligado a declarar en su propio perjuicio, para evitar que se viese forzado a incurrir en perjurio para evitar su condena. La regla se aplicaba asimismo en Cataluña111 y Valencia112. Por el contrario, no se consiguió introducir nunca en Castilla, a pesar de las reiteradas peticiones de las Cortes. En 1717, la Audiencia de Mallorca solicitó al monarca que se revocase esta observancia, para que los reos, por respeto al juramento, confesasen su culpa. Ante la oposición de los jurados, el monarca, mediante Real Resolución dictaminó que siguiese en vigor, pues el proceso en Mallorca seguía principios distintos al reino de Castilla114. En 1771 el Consejo Real revocó ciertas actuaciones y ordenó que se repusiesen los autos en la forma en que estaban antes de una confesión del reo en la que no se hicieron las prevenciones señaladas115. A raíz de ello en 1777 la Audiencia solicitó al monarca que ordenase que, como en las demás Audiencias y Chancillerías del reino, se tomase a los reos juramento de decir la verdad tanto respecto a los hechos ajenos como a los propios116. Aunque el tribunal ya no confiaba, como sesenta años antes, en la eficacia del juramento para forzar las confesiones117, consideraba que el privilegio debía ser revocado para evitar la demora que suponía la reposición de los autos al momento de la confesión, en aquellos casos en los que la prevención se omitía por descuido. Sin embargo, el privilegio siguió siendo aplicado eficazmente, como lo demuestra el hecho de que la Práctica Judiciaria de Mallorca de 1815-1820 así lo consigne118.
El único intento unificador anterior a la época constitucional, se planteó mediante Real Orden de 13 de septiembre de 1795 por la que el monarca ordenó a las distintas Audiencias que informasen acerca de la substanciación de las causas por estupro y las penas que se aplicaban a este delito, con la intención de uniformar su régimen en toda España119. Finalmente, la Real Cédula de 30 de octubre de 1796 se limitó a ordenar que no se encarcelase a los imputados por tales delitos, que deberían quedar en libertad dando fianzas seguras120.
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