I. la nueva planta y las instituciones del reino de mallorca






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4. El Derecho mercantil
En materia de derecho mercantil los cambios fueron poco profundos pues se mantuvo el Consulado de Mar por disposición expresa del decreto de Nueva Planta. Sin embargo, paulatinamente se introdujeron algunos elementos que tendieron a desnaturalizarlo y a fomentar el progresivo influjo del Ius Commune. La Real Audiencia, en consulta de 19 de julio de 1717 propuso la supresión del Juzgado de Apelaciones, a fin de que las sentencias dictadas por los cónsules de mar fuesen directamente apelables ante ella. Pero el monarca resolvió que se mantuviese en el estado en que se hallaba antes de la Nueva Planta121.
Las reformas en la materia tuvieron lugar de forma más sutil y casi inadvertida. En 1726 Felipe V creó el cargo de juez asesor del Consulado de Mar122, a quien se atribuyeron, con carácter exclusivo, las funciones consultivas que antaño desempeñaban algunos juristas llamados a dictaminar sobre los puntos de derecho que se discutían en los pleitos mercantiles. El Ayuntamiento de Palma elevó una queja al monarca, aduciendo que constituía un grave perjuicio para las causas mercantiles, que las más se terminan verbalmente y sin atención a los ápices del Derecho, y según la buena fe y la razón natural que requiere el comercio, por lo que sólo en casos muy difíciles y fuera de las costumbres del comercio es necesario consejero, cuyo voto es consultivo y dependiente del magistrado del Consulado123. Pero su oposición, más testimonial que otra cosa, no consiguió evitar que el cargo quedase consolidado. En realidad, como se señala en un informe del siglo XVIII, los consultores descansaban a los cónsules de su trabajo, estudiando el proceso y formando la sentencia, de forma que eran ellos quienes percibían el íntegro salario que correspondía a los cónsules por cada causa124. Asimismo, desde el año 1728 el Real acuerdo designó invariablemente a un jurista para cubrir el cargo de juez de apelaciones. Esto supuso que la influencia del Ius commune en la jurisdicción mercantil, que ya había hecho progresos desde el siglo XVII, jugase un papel creciente. De esta forma, el Consulado de Mar dejó de ser un tribunal gremial, para convertirse en un simple tribunal especial, por razón de la materia, en el seno de la jurisdicción regia. No obstante, la verdadera unificación jurídica en materia mercantil sólo tuvo lugar a raíz de la promulgación del Código de Comercio de 1829.
5. El Derecho civil
El derecho civil de Mallorca se basaba principalmente en las fuentes romano- justinianeas, algunas disposiciones regias y un importante acervo de origen consuetudinario. Sus principales instituciones se habían recogido en una compilación oficial conocida como Estils d’Arnau d’Erill iniciada en 1344 por mandato de este gobernador, mientras que otras, a pesar de no haber sido reducidas a escrito, permanecían vivas en la conciencia popular y se reflejaban en los tratados y formularios de notaría, tan abundantes en la época125.
El reconocimiento del carácter supletorio del derecho romano, mediante la citada real cédula de 31 de agosto de 1736 cerró el paso a la intromisión de normas extrañas al antiguo ordenamiento mallorquín. La interpretación de las normas justinianeas se llevaba a cabo por la Real Audiencia, cuyas decisiones motivadas eran objeto de colecciones privadas muy usadas por los profesionales del foro. Aunque se invocaba la jurisprudencia de los diferentes tribunales en los que se aplicaba el Ius commune, la de la Audiencia mallorquina tenían una superior autoridad. Como señala una alegación jurídica de 1753 su decisión es más del caso que quantas puedan sacarse de qualquier Senado del mundo126.

Asimismo, como en el pasado, la jurisprudencia de la Audiencia de Cataluña tuvo una gran influencia, hasta el punto de que alguna de las mencionadas colecciones recoge conjuntamente las decisiones del Senado de Cataluña y de Mallorca127. Pablo de Mora y Jaraba en 1759 fundamenta una alegación jurídica ante el Consejo de Castilla en las opiniones de Cataluña, a quien y a sus doctores sigue la Audiencia de Mallorca, porque carece enteramente de escritores mallorquines128.

En los inicios de la década de 1750 el Consejo de Castilla dispuso que se llevase a cabo una visita a los notarios de Mallorca. Con ocasión de ella, el Real

Acuerdo expuso una duda acerca de si se debía formar una instrucción arreglada a las ordinaciones deste reyno, y a las leyes de Castilla o si deberían ajustarse a las instrucciones formadas por el Consejo con carácter general para el reino129. Finalmente, el 24 de agosto de 1753 se aprobaron unas instrucciones, en las que se optó por acoger las especialidades del Derecho de Mallorca130. Por ejemplo, la fórmula de testamento nuncupativo recogida en las redacciones de derecho consuetudinario, permitía que no se pronunciase verbalmente ante los testigos, sino sólo ante el fedatario público que debía redactarlo, de forma que aquéllos se limitaban a dar fe de que el testador lo había otorgado en poder del notario, estando en plenitud de facultades131. Este sistema, que era el propio de Barcelona, de acuerdo con el Recognoverunt Proceres, fue suprimido en Cataluña por real provisión de 24 de julio de 1755132. Por el contrario, el testamento nuncupativo secreto quedó confirmado en Mallorca por las instrucciones notariales de 1753 y 1765.
A lo largo del siglo XVIII la reforma de las instituciones de derecho civil, a través de las leyes generales del reino, afectó a muy pocas cuestiones.
En materia matrimonial, se introdujo la pragmática de Carlos III de 23 de marzo de 1776, respecto a los matrimonios desiguales133, y otras disposiciones complementarias. Con su entrada en vigor quedó derogado un antiguo capítulo aprobado por Juan II el 20 de septiembre de 1460, que castigaba con la declaración de ingratitud y pérdida de los derechos legitimarios, dotales o alimenticios a los hijos de ambos sexos, menores de 25 años, que contrajesen esponsales o matrimonio sin el consentimiento de los padres u otros parientes134.

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En materia testamentaria La única modificación se introdujo mediante un Real Auto de Acuerdo de 17 de julio de 1789, que ordenó que en los testamentos y actos de última voluntad se observasen las leyes 1ª y 2ª del Tit. 4º, Lib. V, de la Nueva Recopilación de las leyes de Castilla, referidas al número y vecindad de los testigos135. La supresión de las peculiaridades mallorquinas respecto a las solemnidades externas de los testamentos, se produjo en la época constitucional, mediante la Real Orden de 30 de junio de 1837 que dispuso que se aplicasen al respecto las leyes del reino o las que en adelante se promulgasen136.

En materia de sucesiones un real auto acordado, recopilado en el libro 50, tit. 10, auto 3º, dispuso que no fuesen válidas las mandas hechas en la última enfermedad a los confesores ni a sus deudos, iglesias y religiones. En un pleito entre Margarita Más y dos religiosos mercedarios sobre la validez del testamento de Juana Más se discutió la aplicabilidad en Mallorca de esta disposición. La Real Audiencia encargó a su archivero que examinase si el real auto se había comunicado al tribunal para que se le diese cumplimiento, con resultado negativo.

Por ello el Acuerdo determinó representar la cuestión al Consejo a fin de que se dignase a ordenar su aplicación en la isla para evitar los perjuicios que la ausencia de prohibición suponía para los parientes del causante. Sin embargo, la representación no se llegó a remitir porque antes de hacerlo llegó una resolución ordenando su observancia137.
Una pragmática de 2 de febrero de 1766 dispuso que un quinto de los bienes de quien muriera intestado debiese aplicarse al pago de sus funerales. La norma, que se ordenó que se aplicase en todos los dominios del monarca, vino a modificar en algunos puntos la ley 10ª del tit. 4 libro V de la Nueva Recopilación, que hasta la fecha sólo estaba en vigor en la Corona de Castilla138. Otra disposición de 9 de octubre de 1766 reguló la sucesión de quienes muriesen intestados sin herederos conocidos, cuyos bienes se debían aplicar a la real cámara, pasado un año después de fijar edictos sin que nadie la hubiese reclamado139.

La norma, que pretendía poner freno a las intromisiones de los subdelegados de cruzada se remite a diversas disposiciones de la Nueva Recopilación y las Partidas. Pero, en definitiva, estos preceptos se limitaron a desarrollar la regla según la que los bienes debían pasar al Real Patrimonio, tras extinguirse las llamadas a la sucesión intestada según el derecho romano justinianeo, que ya estaba en vigor en Mallorca desde el siglo XIII.
El fuero de los censos, que desde 1697 se computaba al 5%, quedó reducido al 3 % por disposición de la pragmática de 11 agosto 1750 que declaró comprendidos los reservativos de establecimiento y los redimibles por sentencia de la Audiencia140. De esta forma se extendió a los reinos de la Corona de Aragón la reducción practicada en Castilla en 1705141. Sin embargo, una resolución del Consejo de 1753 precisó que no debían entenderse comprendidos los intereses, salvo en aquellos casos en que se solían contar a proporción del fuero de los censos142.
En materia de fideicomisos, la pragmática de 26 de octubre de 1724 extendió a los reinos de la Corona de Aragón la práctica castellana en relación a que la facultad de hipotecar o enajenar bienes sujetos a fideicomiso correspondería al Consejo de la Cámara de Castilla, como regalía inherente a la Corona143. En cambio, los intentos de asimilación a los mayorazgos castellanos propugnados por algunos particulares que se hubiesen visto beneficiados por ello, quedaron desbaratados a través de la citada real cédula de 1736.
El panorama cambió en el siglo XIX, cuando la legislación civil liberal, las leyes civiles especiales que configuraron una nueva concepción de la propiedad, alteraron sin concesiones el régimen civil mallorquín en estas materias. Como resultado de ello quedaron suprimidos los fideicomisos perpetuos y los censos alodiales vieron modificada su naturaleza. En cambio, otras leyes generales tuvieron una eficacia diversa. Por ejemplo, aunque la ley de mostrencos de 16 de mayo de 1835 estableció un nuevo orden en la sucesión intestada, en Mallorca, por vía consuetudinaria, se siguieron aplicando las novelas justinianeas, con la única modificación de que el llamamiento de los colaterales quedó limitado al décimo grado144. Sin embargo, a lo largo de la centuria se produjo una cierta decadencia de otras instituciones de derecho propio —entonces llamadas forales— que fueron sustituidas por el derecho común español, aunque no existiese una ley general del reino que lo justificase. En este estado de cosas, el derecho común fue ganando terreno. Como señala Ripoll y Palou, en su memoria sobre las instituciones de derecho civil balear, de 1881, la práctica de juzgadores extraños, refractarios por punto general a toda excepción y privilegio, ha contribuido a que este territorio se haya acomodado por sí mismo en algunos puntos a la ley general, abandonando ciertas prácticas y usos145. Pero la decadencia del derecho civil balear en este periodo excede de los límites de este trabajo.
1 El decreto de 28 de noviembre pub. GAY ESCODA, J. M., El Corregidor a Catalunya, Madrid, 1997, pp. 791-793. La Real Cédula fue impresa en Mallorca por Miguel Capó, impresor, en 1716. Existe edición facsímil: Nueva planta de la Real Audiencia del Reyno de Mallorca: 1716. Palma, Miguel Font, Editor, 1993, con un estudio preliminar de Román PIÑA HOMS. Texto recopilado en Novísima Recopilación, V 10, 1.

2 BERMEJO CABRERO, J. L., «Los Decretos de Nueva Planta y las Instituciones de la Monarquía Española», Del Decret de Nova Planta al Constitucionalisme, Palma, 1983, p. 45. Ivs Fvgit, 13-14, 2004-2006, pp. 409-437

3 En el caso del Reino de Mallorca las competencias fueron asumidas, aunque efímeramente, por el

Consejo de Italia. Cfr. BERMEJO CABRERO, J. L., «Los Decretos de Nueva Planta...», pp. 48-49.

4 Sobre la supresión del Consejo Cfr. ARRIETA ALBERDI, J., El Consejo Supremo de la Corona de

Aragón (1494-1707), Zaragoza, 1994, pp. 215-227.

5 Sobre la concepción pactista vid. LALINDE ABADÍA, J., «El pactismo en los reinos de Aragón y

Valencia», El pactismo en la Historia de España, Madrid, 1980, pp. 113-142.

6 A.R.M., Pergaminos Reales. Felipe II, perg. 1.

7 BAUZÁ FERRANDO, B, Por la Junta de la Universal Consignación con los Magníficos Jurados sobre la más segura observancia de los Capítulos de la Concordia de 1684, Palma, 1767, p. 3.

8 PIÑA HOMS, R., El Gran i General Consell. Asamblea del Reino de Mallorca, Palma, 1977, p. 171.

9 A.R.M., L.R.99, ff. 73-75.

10 A.R.M., Códice 159. SANTAMARÍA, A., Nueva Planta de Gobierno de Mallorca. Enfiteusis urbana

y Real Cabrevación, I, Palma, 1990, pp. 492-493.

11 PLANAS ROSSELLÓ, A., Recopilación del Derecho de Mallorca. 1622. Por los doctores Pere Joan Canet, Antoni Mesquida y Jordi Zaforteza, Palma, 1996, p. 104.

12 IGLESIA FERREIRÓS, A., «El Estado en Cataluña y Castilla», Ius Fugit, 3-4 (1996), p. 119.

13 PLANAS ROSSELLÓ, A., El Sindicat de Fora. Corporación representativa de las villas de Mallorca, Palma, 1995, pp. 282-288.

14 GUILLAMÓN, J., Las reformas de la Administración Local durante el reinado de Carlos III, Madrid, 1980.

15 A.R.M., A.A. 652, ff. 62v-63 y 129v-130.

16 Según el Fiscal se deberá entender que todo lo que se ejecute de acuerdo con los antiguos fueros lo será por nueva concesión y gracia especial de Vuestra Magestad sugeto a revocación, siempre y quando fuere de su real beneplácito, por quedar reservado a su regalía y suprema authoridad y potestad el alterar, revocar, mudar, añadir y dar nuevas leyes y providencias, que fueren de su real voluntad y parecieren convenientes (GAY ESCODA, J.M., El Corregidor a Catalunya, p. 779).

17 GAY ESCODA, J. M., El Corregidor a Catalunya, p. 767.

18 SANTAMARÍA, A., Nueva Planta de Gobierno de Mallorca..., p. 175.

19 SAMPERE MIQUEL, F., «Papeles sobre el nuevo reglamento para el Gobierno del Reino de Mallorca», B.S.A.L., XI (1905), p. 206.

20 GAY ESCODA, J. M., El Corregidor a Catalunya, pp. 143-144.

21 A.S.A.L., Ms. 107, f. 60. El 18 de junio de 1718 los regidores de la Ciudad agradecieron al Cardenal Alberoni una autorización para enviar embajadores para exponer el estado de la isla (A.S.A.L., Ms. 107, f. 273).

22 A.R.M., L.R. 106, f. 50.

23 Los síndicos podían en cualquier momento podían retirar sus poderes a los embajadores, en nombre de la Universidad Foránea, de forma que la embajada pasara a representar exclusiva mente a la Ciudad. Por ejemplo, en 1760, el síndico clavario Melchor Salom de la Torre, de Binissalem, revocó los poderes otorgados al agente del Reino en la Corte, por haber iniciado gestiones que vulneraban las instrucciones aprobadas por el cabildo de la ciudad y síndicos foráneos (A.R.M., A.A. 726 / 10).

24 A.R.M., A.A. 679 / 9.

25 ZAFORTEZA DE CORRAL, L., La Compilación de 1961 a través de su proceso formativo. Antecedentes, documentos y actas, Palma, 1992, pp. 19-25.

26 PLANAS ROSSELLÓ, A., «La participación popular en la administración de justicia del reino de Mallorca», A.H.D.E., LXVI (1996), pp. 173-174.

27 A.R.M., Llibre de privilegis dels reis, ff. 120-123 ; Llibre d’en Sant Pere, ff. 17-18; Pergaminos reales. Sancho I, perg. 1.

28 ROCA TRÍAS, E., «Sistema de fuentes del derecho de Mallorca», Anuario de Derecho Civil, XXXV (1982), p. 36.

29 FERRER VANRELL, M.P., La aplicación del Derecho como elemento reforzador de la soberanía, Palma, 2001, p. 171.

30 Esta regla se respetó a lo largo de la centuria, a pesar de que el decreto, de forma deliberada, no precisó cuál debía ser la procedencia de los oidores. El Fiscal del Consejo de Castilla, en consulta de 18 de agosto de 1715 había expuesto que era conveniente que hubiese algunos oidores mallorquines, como no sea asignándoles determinadamente a mallorquines plaza alguna precisa para ellos (GAY ESCODA, J. M., El corregidor a Catalunya, p. 784).

31 A.R.M., A.A. 651, ff. 84-85.

32 A.R.M., A.A. 742 / 27.

33 MOLL, A., Ordinacions y sumari dels privilegis consuetuts y bons usos del regne de Mallorca, Mallorca, 1663.

34 SERRA FERRAGUT, B., Reflexiones críticas sobre el estado presente de la jurisprudencia, Cap. 21 (Ms. en BBM).

35 MORA Y JARABA, P., Defensa legal por D. Guillermo Gallard del Cañar, (...) en el pleito con Don Miguel Gallard su hermano, sobre nulidad de la elección que hizo su padre en dicho Don Miguel en el fideicomiso fundado por Don Bartolomé Gallard, Madrid, 1759, f. 6v.

36 FIOL Y ESTADE, J., Discertación apologética, en razón del derecho que rige o deve regir para instruir y sentenciar las causas aquí en Mallorca, 1788. Publicado por FERRER VANRELL, M.P., La aplicación del Derecho como elemento reforzador de la soberanía, Palma, 2001, pp. 167-184.

37 La observansa del Dret és totalment necessària per la bona administratió de justítia per quant lo Dret municipal fins vuy statuït no ha provehit a tots los casos ni és possible per ço com són més los negocis que los vocables, statuïm e ordenam que primerament en tot lo que.s trobarà disposat per las franquesas, privilegis, pragmàticas, ordinations, stils e bons usos de aquest regne sia observat com a Dret municipal que és de aquell, en lo cas emperò o casos que no.s trobarà dispositió de Dret municipal, sia observat lo Dret canònich y en deffecte de dispositió de dit Dret canònich se observa lo Dret comú civil (PLANAS ROSSELLÓ, A., Recopilación del Derecho de Mallorca..,. p. 93).

38 SOBREQUÉS I VIDAL, S., Historia General del Derecho catalán hasta el siglo XVIII, Barcelona, 1989, p. 119.

39 GAY ESCODA, J. M., «Notas sobre el Derecho supletorio en Cataluña desde el Decreto de Nueva Planta (1715) hasta la Jurisprudencia del Tribunal Supremo», Hispania entre derechos propios y derechos nacionales, II, Milán, 1989, pp. 809-865.

40 FERRER VANRELL, M.P., La aplicación del Derecho...., p. 174.

41 FONT I RIUS, J.M., «Las fuentes históricas de la Compilación», R.J.C., 1960, p. 405. POZO

CARRASCOSA, P., «L’aplicació del dret civil català a l’Audiència de Barcelona a la segona meitat del segle XIX», V jornades de Dret Català a Tossa, Barcelona, 1990, p. 7. ROCA TRÍAS, E., El mecanisme del Dret supletori i la intenció política a Catalunya, Barcelona, 1996, p. 11.

42 MORA Y JARABA, P., Defensa legal por D. Guillermo Gallard del Cañar..., Madrid, 1759, f. 1.

43 A.R.M., A.A. 724 / 2. A.M.P., LN 2.059 / 35.

44 SERRA FERRAGUT, B., Reflexiones críticas sobre el estado presente de la jurisprudencia, Cap.36, f. 3.

45 A.H.U.I.B., U.L., leg. 11.

46 A.R.M., A.A. 784 / 64.

47 PESET REIG, M., «La recepción de las órdenes del Marqués de Caballero de 1802 en la Universidad de Valencia. Exceso de abogados y reforma en los estudios de leyes», Saitabi, XIX, pp. 119-140.

48 A.H.U.I.B., U.L. leg. 1, nº 5.

49 ALOMAR ESTEVE, C., «Los estudios de Derecho en Mallorca 1721-1829», E.B., 11 (1983), p. 32.

50 A.I.C.A.B., Libro de determinaciones 1792-1838, ff. 85v-93.

51 SUÁREZ, F., Cortes de Cádiz. I. Informes oficiales sobre Cortes, Baleares, p. 133.

52 SUÁREZ, F., Cortes de Cádiz. I. Informes oficiales sobre Cortes, Baleares, p. 198.

53 SUÁREZ, F., Cortes de Cádiz. I. Informes oficiales sobre Cortes, Baleares, p. 200.

54 ARTOLA GALLEGO, M., Los orígenes de la España contemporánea, Madrid, 1975, I, p. 356.

55 PESET REIG, M., «La enseñanza del derecho y la legislación sobre universidades durante el reinado de Fernando VII (1808-1833)», A.H.D.E., LVIIII (1968), p. 299.

56 A.R.M., A.A. 521 / 25.

57 A.R.M., A.A. 521 / 25, ff. 29-31.

58 PIÑA HOMS, R., Los abogados de las Baleares y su defensa corporativa, Palma, 2004, p. 221.

59 A.I.C.A.B., Libro de determinaciones 1792-1838, ff. 185v-191.

60 PLANAS ROSSELLÓ, A., Recopilación del Derecho de Mallorca..., pp. 221-230.

61 A.R.M., Llibre d’en Sant Pere, f. 147v; L.R. 55, f. 145 Pub. PLANAS ROSSELLÓ, A., El Derecho penal histórico de Mallorca (Siglos XIII-XVIII), Palma, 2001, pp. 183-184.

62 A.R.M., A.H. 4407, f. 17.

63 A.R.M., L.R. 100, ff. 76v-77. Pub. PLANAS ROSSELLÓ, A., El Derecho penal histórico..., p. 208.

64 A.H.N., Consejos, leg. 6815 / 50.

65 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, XII, 19, 19.

66 PLANAS ROSSELLÓ, A., El Derecho penal histórico..., pp. 15-17.

67 La regulación del delito de falsedad documental en pleito civil por los edictos del virrey Cardona de 1634 y del virrey Cebrián de 1671 se invoca en la alegación de SABATER Y BLANQUER, J., Por Dª Maria y Dª Margarita Laules de nación irlandesas hermanas, y successoras por mitad del Excelentísimo señor D. Patricio Laules, Palma, 1744, p. 6, n. 4.

68 A.R.M., A.H. 4407, ff. 62-82.

69 A.R.M., A.A. LXXXIII / 10.

70 A.S.A.L., Ms. 107, f. 84.

71 A.R.M., A.A. 763 / 1.

72 A.R.M., A.A. LXXXIII / 71.

73 Sobre las penas de servicio en presidios y arsenales cfr. SALILLAS, R., La cárcel real de esclavos y forzados de las minas de azogue de Almadén y las características legales de la penalidad utilitaria, Madrid, 1913.

74 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, XII, 40, 7, 4ª.

75 A.R.M., A.H. 844.

76 A.R.M., Llibre d’en Sant Pere, f. 185. PLANAS ROSSELLÓ, A., El Derecho penal histórico..., p. 188.

77 SERRA FERRAGUT, B., Reflexiones críticas sobre el estado presente de la Jurisprudencia, c. 44, 1v.

78 CAMPANER, A., Cronicón Mayoricense. Noticias y relaciones históricas de Mallorca desde 1229 a 1800, Palma, 1881, p. 573.

79 DE LA PRADILLA, F., Suma de las leyes penales, Madrid, 1639, p. 10; BERNI, J., Práctica criminal, Valencia, 1749, p. 48.

80 GAY ESCODA, J. M., El corregidor a Catalunya, p. 165.

81 Incluso el más drástico de los decretos de Nueva Planta, el otorgado a Valencia y Aragón en 1707 dispuso que en las controversias y puntos de jurisdicción eclesiástica se observase la práctica y estilo que hubiere habido hasta aquí en consecuencia de las concordias ajustadas con la Santa Sede. Vid. PLANAS ROSSELLÓ, A., «El Canciller de Competencias de Mallorca y los conflictos entre las jurisdicciones real y eclesiástica (1549-1835)», B.S.A.L., LIX (2003), pp. 8-34.

82 A.R.M., A.A., Exp. XV / 1502.

83 A.R.M., A.A. 594.

84 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, V, 10, 1.

85 A.R.M., L.R. 99, ff. 53v-54.

86 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, XI, 22, 19.

87 A.I.C.A.B., Libro de determinaciones 1792-1838, f. 104v.

88 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, XI, 22, 3.

89 A.R.M., A.A. 651, f. 125.

90 A.R.M., A.A. 735 / 12. Fue impreso con el título Auto acordado por la Real Audiencia de esta ciudad de Palma, y Reyno de Mallorca, sobre la formación, y seguimiento de causas de concursos especialmente de los causado por los misinos deudores comunes ...

91 Porque el tiempo que avían de gastar los ministros en la materialidad de formar y motibar las sentencias le podrán ocupar en sus casas en estudiar con quietud los puntos, dudas y artículos de gravedad (GAY ESCODA, J.M., El corregidor a Catalunya, p. 800).

92 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, XI, 16, 8, cap. 5. A.R.M., A.H. 4365, ff. 185-190. Sobre la Real Cédula vid. LLOMPART, G., «La Real Cédula de 1768 sobre la difusión del castellano y su repercusión en la diócesis de Mallorca», B.S.A.L., XXXII (1965), pp. 357-379.

93 SUÁREZ, F., Cortes de Cádiz. I. Informes oficiales sobre Cortes, Baleares, Pamplona, 1967, p. 201.

94 A.R.M., A.A. exp. CXV / 46.

95 Estatutos del Real Colegio de Abogados..., Palma, 1780, cap. 35.

96 PLANAS ROSSELLÓ, A., Una práctica judiciaria mallorquina de finales del Antiguo Régimen (1815-1820), Palma, 2002, p. 12.

97 A.I.C.A.B., Libro de determinaciones 1792-1838, f. 163.

98 A.R.M., Llibre d’en Sant Pere, f. 34v. PLANAS ROSSELLÓ, A., El proceso penal en el reino de Mallorca, Palma, 1998, p. 141.

99 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, V, 10, 5, 4ª ; SANTAMARIA, A., Nueva Planta de Gobierno..., p. 328.

100 ALONSO, M.P., El proceso penal en Castilla (Siglos XIII-XVIII), Salamanca, 1982, pp. 175-177.

101 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, XII, 17,1. La regulación coincidía sustancialmente con lo dispuesto por la pragmática mallorquina de 29 de agosto de 1625, que no llegó a entrar en vigor en su día por la firme oposición del reino (PLANAS ROSSELLÓ, A., El proceso penal..., pp. 131-136 y 181-184).

102 A.R.M., L.R. 105, f. 52.

103 A.R.M., L.R. 103, f. 23.

104 El abogado fiscal tenía derecho a discurrir a favor del Fisco antes de que se procediese a la votación de la sentencia y estaba presente durante la misma (PLANAS ROSSELLÓ, A., El proceso penal..., p. 102).

105 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, V, 10, 4.

106 PLANAS ROSSELLÓ, A., Recopilación..., p. 154.

107 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, V, 10, 5, Duda 8ª. SANTAMARIA, A., Nueva Planta de Gobierno...,mp. 329.

108 SANTAMARÍA, A., Nueva Planta de Gobierno..., p. 329.

109 A.R.M., A.A., exp. CXV / 9.

110 TOMÁS Y VALIENTE, F., El Derecho penal de la Monarquía absoluta, Madrid, 1969, p. 182;

ALONSO, M. P., El Proceso penal en Castilla..., p. 260.

111 FERRO, V., El Dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, Barcelona, 1987, p. 362.

112 Por fur de las cortes de 1564. SALVADOR ESTEBAN, E., Cortes valencianas del reinado de Felipe II, Valencia, 1973, p. 25.

113 ALONSO, M.P., El proceso penal en Castilla..., p. 211.

114 SANTAMARÍA, A., Nueva Planta de Gobierno..., p. 326.

115 A.R.M., R.A. 1771 / 36.

116 A.R.M., A.A. 15 / 1532.

117 «Porque si los reos son personas honradas y de buena conciencia y no muy graves los delitos confiessan la verdad porque, aunque no les obligue la religión del juramento que no prestan en hechos propios les obliga la conciencia [...] y si son ruines y de rasgada conciencia aun en lo que toca a los hechos agenos en que recae el juramento faltan a la verdad ; por consiguiente faltarían también a ella en los hechos propios quando recaiese en ellos el juramento para evadir la pena, pues éstos ningún respeto tienen al juramento como se experimenta en la mayor parte de los reos de delitos graves «.

118 PLANAS ROSSELLÓ, A., Una práctica judiciaria mallorquina..., p. 97.

119 A.R.M., A.A. 794 / 28.

120 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, XII, 29, 4.

121 GAY ESCODA, J. M., El Corregidor a Catalunya, p. 807.

122 A.R.M., L.R. 99, f. 271. Se le asignó el salario ordinario que percibía hasta entonces (4 dineros por libra de la cuantía del litigio, con un máximo de 40 £ y un mínimo de 16 sueldos), suprimiendo los peajes de una libra que se le pagaban cada vez que debía desplazarse a la curia para oír a las partes.

123 FAJARNÉS, E., «Curiosidades históricas», B.S.A.L., VII, p. 232.

124 A.R.M., A.H. 6587, exp. 6.

125 ZAFORTEZA, L., MUT, A., OLIVER, M., Tratados de Notaría en el reino de Mallorca, Guadalajara, 1995.

126 MATHEU, F., Por D. Siguismundo Andreu y de Avellone..., Palma, Viuda de Frau, 1753, p. 14.

127 CIRER Y CERDÁ, M., Decissiones ilustratae Senatus Cataloniae et Majoricensis, comprobatasque cum celeberrissimis autoribus..., Mallorca, 1726 (BPM, Ms. 554). ARTIGUES, J. A., Liber exemplarium, (BBM Reg. 12392), cuya segunda parte titulada Decisiones Barchinone in jure et auctoritatibus recoge decisiones de la Audiencia del Principado.

128 MORA Y JARABA, P., Defensa legal por D. Guillermo Gallard del Cañar..., Madrid, 1759, f. 1.

129 A.R.M., A.A., exp. CI / 3.

130 A.R.M., Prot. M-2076, s.f. Posteriormente, como consecuencia de una nueva visita, se elaboró una más amplia Instrucción de lo que invariablemente han de observar los notarios y escribanos públicos de la ciudad y reino de Mallorca —que fue aprobada por Auto Acordado de 25 de junio de 1765, y dada a la imprenta el mismo año— en la que se recogen a su vez las especialidades mallorquinas.

131 MOLL, A., Ordinacions..., pp. 123-124.

132 NOGUERA DE GUZMÁN, R., Los notarios de Barcelona en el siglo XVIII, Barcelona, 1978, p. 50.

133 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, X, 2, 9.

134 A.R.M., Llibre d’en Sant Pere, f. 166; L.R. 69, f. 179. Pub. PLANAS ROSSELLÓ, A., El Derecho penal histórico..., pp. 187-188.

135 A.R.M., Códice 185, f. 147.

136 PASCUAL GONZÁLEZ, L., Derecho civil de Mallorca, Palma, 1951, p. 179.

137 A.R.M., A.A. exp. XV / 1490.

138 A.R.M., A.H. 4365, ff. 75-80.

139 A.R.M., A.H. 654, f. 37.

140 A.R.M., A.H. 4365, ff. 1-4. NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, X, 15, 9.

141 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, V, 15, 8.

142 Real Auto Acordado de 14 de julio de 1753 (A.R.M., A.H. 4365, ff. 7-8).

143 A.R.M., L.R. 100, f. 232v. Sin embargo, el 6 de febrero de 1741 la Real Audiencia concedió la licencia para enajenar bienes fideicomisados, en un caso concreto (A.A. 681 / 4).

144 LLODRÀ I GRIMALT, F., Sobre la sucesión intestada en Mallorca, Palma, 1999.

145 RIPOLL Y PALOU, P., Memoria sobre las instituciones de Derecho civil de las islas Baleares, en [BRAVO, E.], Legislación Foral de España. Derecho Civil vigente en Mallorca. Con un prólogo de D. Antonio MAURA, Colección Biblioteca Judicial, Madrid, 1888, p. 208.
ABREVIATURAS
A.A. Archivo de la Audiencia de Mallorca

A.H.N. Archivo Histórico Nacional

A.H.U.I.B. Archivo Histórico de la Universidad de las Islas Baleares

A.I.C.A.B. Archivo del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares

A.M.P. Archivo Municipal de Palma

A.R.M. Archivo del Reino de Mallorca

A.H. Archivo Histórico

B.B.M. Biblioteca Bartomeu March

L.N. Legajos nuevos

L.R. Lletres Reials

R.A. Real Acuerdo

S.A.L. Societat Arqueològica Lul·liana

U.L. Universidad Literaria


Ivs Fvgit, 13-14, 2004-2006, pp. 409-437



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