La carrera del profesor universitario: cada vez más larga, MÁs pobre y más precaria






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Cada vez más precaria



Permítaseme insistir, en este sentido, en la perversidad de la Ley Orgánica de Universidades promulgada con mayoría del PP en 2002, aún a riesgo de resultar redundante por haberlo hecho ya en otros escritos. Ya con la LRU, aprobada con mayoría del PSOE en 1983, habíamos excavado la carrera docente hundiendo en la tierra a los escalones inferiores, asociados y ayudantes, aún cuando la Ley había pretendido lo contrario, que la carrera comenzara con los profesores titulares. Ahora la LOU permitirá continuar la tarea de precarizar también las etapas posteriores de la carrera, que según parece padecían con la LRU de una intolerable rigidez funcionarial. ¡Nada de llegar a titular a los cuarenta años y convertirse en funcionario con seguridad en el empleo!. La LOU permite que sean contratados laborales la mitad de los profesores y además no dice nada sobre el proceso de selección inicial, cuya regulación queda para las CCAA. Ellas han de regular la contratación de hasta seis figuras o tipos diferentes de contratados. Aunque ha pasado poco tiempo, podemos ya hacernos una idea del uso que están haciendo las CCAA de este formidable agujero de la Ley.
Algunas, como Cataluña, se han apresurado a elaborar su propia Ley en los estrechos resquicios que quedan entre la LOU y los estatutos de las Universidades. Por lo que respecta al profesorado, relata J. M. Martí Font desde Barcelona en El País de 6-5-2002, “El Gobierno de CiU lleva tiempo intentando romper el viejo esquema funcionarial. ...En los últimos años se ha mencionado varias veces la posibilidad, absolutamente inviable bajo el viejo sistema, de que la Generalitat creara su propio cuerpo funcionarial de profesores.... Pero ahora, la conserjería encabezada por Mas-Colell ha optado por aprovechar el resquicio que abre la LOU con la creación de la figura del ‘profesor contratado doctor’, al que permite ocupar hasta un 49% de la plantilla docente e investigadora de cada Universidad, para regular categorías laborales estables. Aunque no se trata de funcionarios, el proyecto contempla que estos profesores, que dispondrán de contratos laborales indefinidos, dispongan de los mismos derechos e idénticas condiciones salariales....Las pretensiones de la futura ley catalana, sin embargo, sí que parecen dirigirse hacia la creación de este cuerpo propio; para estos profesores contratados, el borrador recupera la nomenclatura del proyecto universitario de la Generalitat republicana. Son tres categorías de docentes: el profesor lector, el catedrático agregado y el catedrático plenario. Según explicó Mas-Colell, el profesor lector equivaldrá al profesor titular; el catedrático agregado tendrá las mismas condiciones laborales y salariales que un catedrático funcionario acabado de nombrar. En lo alto de la pirámide, el catedrático plenario, con las capacidades, emolumentos y capacidad docente e investigadora de un catedrático funcionario con varios tramos de investigación y docencia”. No parece haber habido oposición de los rectores a este embrión de cuerpo funcionarial autonómico, para el ingreso en el cual es de suponer, desde luego, que se exija de entrada el dominio de la lengua propia de la Comunidad (otra cosa es que el regular escándalo que se armó a propósito de los incentivos económicos para los profesores que usaran el catalán en sus clases). De modo semejante a Cataluña parece que actúan otras Comunidades, como la Vasca y Canarias.
Menos pretenciosas, la mayor parte de las CCAA han repetido en forma de decretos autonómicos las antiguas órdenes y resoluciones ministeriales, por lo menos en lo que se refiere a los profesores asociados, con idéntico objetivo de abaratar. Permítaseme contar lo que ha pasado en la UCM. Desde luego, las plazas son las mismas, pero ahora los contratos son laborales. No queriendo echar sobre sus espaldas la carga de defender los intereses de unos contratados tales, los sindicatos insistieron en que los asociados fueran ‘verdaderos’ asociados, es decir, que tuvieran otro trabajo además. Para garantizarlo, no se les ocurrió mejor modo que exigir tres años efectivos de cotización a la Seguridad Social fuera del ámbito universitario. El requisito limita de un modo muy curioso el rango de candidatos. De dos licenciados, uno que se haya dedicado a trabajar y otro a hacer el doctorado, el segundo ni siquiera puede presentarse. Contaré, ya puesto, nuestra experiencia más reciente. Seleccionada una doctora de 35 años que se ha ganado la vida como profesional de la Sociología, escribiendo informes y publicando además libros y artículos, el Rectorado no permitió su contratación por haber trabajado menos de tres años por cuenta ajena y el resto del tiempo por cuenta propia, pero sin pagar seguridad Social. Desgraciadamente, nos explicaron en el Rectorado, el Decreto de la Comunidad no especifica nada sobre méritos académicos, pero deja muy claro que ha de ser un profesional con tres años de pago a la Seguridad Social. Pero dejemos la anécdota. En cualquier caso, el contratado continúa naturalmente prestando atención preferente a sus negocios externos, que son al cabo los que le dan de comer, sin dejar por ello, desde luego, pues ya muestra vocación por la enseñanza dando clase cuasi-gratis, de hacer méritos, ahora atento a los criterios de evaluación de la correspondiente Agencia local, a fin de situarse en una posición favorable para optar en el futuro a algún contrato que, ese ya sí, incluya una remuneración más que simbólica y le permita tener la Universidad como actividad principal. Nuestros asociados están por tanto inmersos en tres actividades simultáneas. Una, la docencia, en la que consiste el trabajo para el que se les contrata, aunque casi no se les pague; otra, la investigación, que no figura en su contrato y por la que tampoco cobra, pero por la cual se le juzgará en el futuro; y por fin una tercera, a elegir libremente, para ganarse la vida. Está claro que en la Comunidad de Madrid se ha establecido un mecanismo de selección negativa o adversa. Se selecciona para dar clase en la Universidad sólo a quien demuestre estar trabajando por cuenta ajena fuera de la Universidad. Pero como se sabe que aún este mecanismo de selección adversa falla y permite colarse a gente con vocación universitaria, establecemos además condiciones de trabajo doblemente esquizofrénicas, para hacerles la vida imposible. Sólo los muy, muy buenos podrán superar tantas barreras. Los que lo consigan -pongamos que sale de aquí algún premio Nóbel- servirán sin duda para probar la bondad de un sistema tan riguroso.
Todo esto era tan predecible, que yo mismo acerté. Predije al salir la LOU que las Universidades usarían y abusarían de los contratos, y la experiencia dice que en efecto los contratos malos sustituyen a los buenos, como ocurre siempre que la legislación no lo impide. Predije también que en los próximos años habría muchos contratos y pocas habilitaciones, pues ninguna universidad iba a ser la primera en sacar plaza por miedo a que se la llevaran los de fuera. Predije que tras el primer contrato la promoción a alguno de los posibles contratos posteriores iba a depender de muchas y complicadas influencias, entre las cuales la de los sindicatos no iba a ser menos dañina que la de los mandarines. Expresé mis temores de que los contratados fueran a carecer de libertad y de iniciativa, y de que volvieran a la Universidad las prácticas de despotismo y clientelismo de la década de los setenta. Creo que el curso de los acontecimientos me va, desgraciadamente, dando la razón, en algunos puntos de modo casi escandaloso, como en las famosas habilitaciones.
Recuérdense todas las esperanzas que el Gobierno (creo que nadie más) puso en las famosas habilitaciones. Iban a corregir la ‘endogamia’, el peor mal de las Universidades españolas, un proceso tan perverso que sólo el 10% de las plazas de funcionarios las sacaban gentes de otras universidades. (Otra vez un pretexto banal, pero mediáticamente eficaz, para reformas que poco o nada resuelven luego). Para acabar con este atentado a la objetividad y a la movilidad de los profesores, se establecía que para presentarse a una plaza de funcionario haría falta superar un concurso estatal. Es un especie de selección previa, pues primero las Universidades sacan plazas y luego el Ministerio decide el número de habilitados en función de esas plazas. ¿Qué función?. Eso no se decía: podía ser el doble, una parábola, una hipérbole...Llegó el momento y el Ministerio decidió multiplicar por 1,5. Por lo pronto las Universidades apenas sacaron algunas plazas de catedrático; en la mayor parte de las áreas de conocimiento ha habido un máximo de tres habilitados en la primera convocatoria. Algunas, como las de Sociología, las han firmado hasta cuarenta profesores titulares, muchos de ellos ilustres. Basta de todos modos para poner en marcha el sistema. Se puede uno imaginar fácilmente el diálogo:
Profesor titular: “Sr. Rector, creo que ya he hecho méritos para ser catedrático. ¿No sería posible dotarme una plaza?”.

Rector: “Mi querido amigo, vaya y habilítese primero. Vuelva entonces y ya dotaremos una plaza para Vd. ¿O quiere que saquemos la plaza, Vd. suspenda la habilitación y se nos cuele alguien de fuera?. Supongo que se da cuenta de que no tenemos dinero para dotarle otra. Bien pensado, ¿no sería mejor para todos dedicar el dinero a mejorarle el contrato?. Este año no, desde luego, pero estamos negociando con la conserjería y el año que viene...”.
Desde luego que el profesor titular no quiere que venga nadie de fuera, pero tiene realmente difícil el ascenso. Si las Universidades no sacan plazas no hay posibilidades de habilitarse, pero las Universidades no van a sacar plazas si no tienen habilitados propios para cubrirlas. De momento, por tanto, la mejor estrategia para las Universidades es dedicar el dinero a mejorar los contratos en vez de a dotar plazas de funcionario1. Y así será como las carreras de los profesores universitario se irán haciendo cada vez más difíciles, además de más largas, pobres y precarias. .

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