PÉrez juan, josé antonio, el ministerio de comercio, instrucción y obras públicas (1847-1851), instituto nacional de administración pública, madrid, 2008, pp. 177






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títuloPÉrez juan, josé antonio, el ministerio de comercio, instrucción y obras públicas (1847-1851), instituto nacional de administración pública, madrid, 2008, pp. 177
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PÉREZ JUAN, JOSÉ ANTONIO, EL MINISTERIO DE COMERCIO, INSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS (1847-1851), INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MADRID, 2008, PP. 177.
Antonio Sánchez Aranda

Universidad de Granada
Se suele afirmar que el periodo de reformas impulsadas por los liberales radicales a partir de 1834 permitió desmantelar, prácticamente en cinco años, el edificio de la Justicia del Antiguo Régimen que había tardado más de cinco siglos en construirse. Baste recordar su vértice superior: la política de los primeros Trastámaras en el último tercio del siglo XIV con la implantación de la Audiencia que contrasta con la vertebración del Tribunal Supremo de España en 1835, al que se le dotó del instrumento procesal idóneo para lograr la uniformidad jurisprudencial el 4 de noviembre de 1838 (recurso de nulidad). Un aspecto que lleva a posibilitar que la Justicia liberal, según Benjamín González Alonso, esté cortada de una sola pieza, atribuyéndole al cambio el calificativo de revolucionario. Por el contrario, la vertebración de la nueva Administración del Estado fue mucho más lenta. Los nuevos tiempos requerían de una administración racionalizada en cuanto a la materia, debidamente reglamentada y técnica en su proceder, y todo dentro de un nuevo marco político donde el sistema de partidos no alcanzaba la normalidad requerida. No cabe duda que la ausencia de una revolución burguesa trajo como consecuencia, frente al modelo francés, un Gobierno central débil en lo político y una consecuente dilación en la definición del modelo centralizado de Administración, lo que llevó a la particular contradicción de corresponderle a los políticos moderados su impulso a partir de 1845.

La Constitución de 1837 establecía un concepto básico de gobierno interior (art. 70) que reservaba a los Ayuntamientos, dentro de una tendencia centralizadora como quedó acreditado con el Proyecto de ley sobre su organización. Una cuestión que permitió plantear una diferenciación con el Gobierno político que quedaría en la esfera exclusiva del Poder central, pero nada más. Hay una ausencia en su articulado de disposiciones atinentes al modelo de la Administración central del Estado y sólo nos encontramos, en el Título VI, la irresponsabilidad del rey en la actuación de gobierno, su potestad de ejecutar las leyes y las prerrogativas que asumía. Tras el Gobierno de Espartero, el inicio de la Década Moderada tuvo entre sus principales objetivos, junto a la uniformidad jurídica –sólo apuntar el impulso a la comisión General de Codificación en estos momentos-, la defensa de la propiedad privada, el orden y la seguridad, procediendo a la creación de un cuerpo de naturaleza militar y funciones civiles como es la Guardia Civil, y un serio intento de mejora de la economía del país. También la organización administrativa y, más en concreto en lo que afecta al Poder central, la consolidación del régimen ministerial. E inequívocamente, por el contrario, la Constitución de 1845 ayudó al proceso centralizador y a la constitución de un poder político capaz de llevarlo a cabo.

De ahí la importancia que tiene para los historiadores del derecho conocer el modelo de Administración y el régimen ministerial del liberalismo decimonónico. Un régimen ministerial que, principalmente en lo que afecta a la Década moderada, nos es desconocido en la mayoría de los casos. Por lo expuesto resulta de especial utilidad e importancia la obra de José Antonio Pérez Juan, El Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas (1847-1851), investigando el que fue uno de los ministerios más específicos e innovadores del momento. Una obra que hay que tener presente para la investigación del modelo ministerial junto con la realizada por Aurelio Guaita Martorell, El Ministerio de Fomento, 1832-1931, Madrid, 1984, y a la que se suma la aportación realizada por Manuel Santana Molina, Orígenes, antecedentes y evolución del Ministerio de Fomento, Alicante, 2002. Tampoco se puede olvidar la aportación de Federico Suárez Verdeguer que analizó el Ministerio del Interior en España en un artículo publicado en el Anuario de Historia del Derecho Español, t. 19 (1948-1949), pp. 15-56. Si bien este déficit de investigación no se da con la Administración Central del Antiguo Régimen y, más en particular, con la polisinodia que, como indica José Antonio Escudero en el Prólogo a esta obra, están decorosamente estudiados con la excepción del Consejo de Hacienda.

La obra que realiza el Dr. Pérez Juan permite comprender la instrumentalización política de las reformas administrativas y la ideología del llamado moderantismo español en el impulso centralizador del Estado, y el control y amplio desarrollo competencial que se estableció en este momento. Aspectos que quedan claros y que evidencia que la propia elección del Ministerio no es baladí sino que va orientada a ponerlos de manifiesto, así como la inflexión que se produce en la Década moderada a partir de 1847 tendente a mejorar la centralización y el control de la Administración. No cabe duda que la falta de una revolución burguesa permitió a los moderados una instrumentalización de las instituciones, reaccionando a las ideas y reformas del liberalismo radical, e intentando imponer un gobierno fuerte, organizado y armonizado jurídicamente hablando. Un ideal centralizador, una unidad de nación, que permita la concentración en un “único poder” de todas las energías necesarias para impulsar una política uniforme e imponer las reformas necesarias (p. 27). Un momento de reformas que, no podemos olvidar, llegan en un periodo de inestabilidad política y con un sistema de partidos políticos que está iniciando su andadura. Una cuestión que incidió en las continuas crisis y remodelaciones de Gobierno, y donde el caciquismo empieza a emerger ante el vacío de poder político existentes, amen de la segunda guerra carlista que se inició a finales de 1846 en Cataluña. Todo sin olvidar la debilidad intrínseca de un Estado que intentaba imponer un nuevo modelo de organización local y regional tras la Ley de 1 de enero de 1845 -autorizaba al Gobierno a establecer la estructura y competencias de Diputaciones provinciales y Ayuntamientos-.

Aspectos que sabe analizar el autor en la abundante documentación de archivo que aporta, dejando claro sus intenciones: no se trata de examinar solamente las fuentes legales sino también su aplicación, el Derecho realmente vivido. Así ha trabajado los fondos del Archivo Historio Nacional -sección obras públicas- o el Archivo del Congreso de los Diputados, entre otros. Sirva de ejemplo de esta visión de la práctica que tiene el autor, unido al conocimiento que tiene de la legislación del momento, la importancia que da a la Instrucción Pública, potenciada como competencia específica de un ministerio por vez primera en la historia de la Administración desde las Secretarías de Despacho. Asistimos a un período de la Historia de la Administración Pública donde al Poder ejecutivo se le empieza a dotar de nuevas ramos administrativos consecuencia de una preocupación por impulsar políticas de progreso o bienestar. El autor trata esta cuestión en la evolución administrativa que realiza a modo de precedente del Ministerio de Comercio (pp. 20-25). A la par del análisis de la Administración central va planteando, con un criterio cronológico, los inicios e impulsos de la política de fomento y bienestar y sus consecuencias institucionales en la organización de la Administración decimonónica. Descubrir las dificultades que existieron para desplazar el vetusto sistema de Administración que se resistía a dejar paso a un sistema administrativo técnico y racionalizado, analizar cada etapa los hitos en la construcción de este edificio, analizar la incipiente doctrina administrativista del momento, no es una tarea fácil pero el autor la resuelve convenientemente. Las competencias asumidas por el todopoderoso Consejo Real de Castilla, la Administración francesa, la reestructuración ministerial del Consejo de Regencia, los planteamientos del constitucionalismo gaditano respecto al régimen ministerial y su particular distribución de competencias, el trienio liberal y la vuelta de Fernando VII -con la implantación del Consejo de Ministros en 1823 y la creación de la Junta de Fomento de la Riqueza del Reino para impulsar y “proponer mejoras en la rama de la producción económica”-, son objeto de un primer análisis.

No escapa al autor el cambio de mentalidad que se vive prácticamente a finales de la Década ominosa. Un cambio que lleva a plantear a López Ballesteros, en un informe dirigido al Rey a finales de 1830, “la necesidad de fomentar la riqueza e impulsar las obras públicas, objetivos que sólo podrían alcanzarse con el surgimiento de una Secretaría, encargada exclusivamente de la administración civil del Estado” (p. 23). También analiza como, tras una serie de avatares, se terminó creando por Decreto de 5 de noviembre de 1832 la Secretaría de Estado y del Despacho del Fomento General del Reino, denominada del Interior por Decreto de 13 de mayo de 1834 y a fines de 1835 de la Gobernación –Secretaría clave para el impulso de las políticas de fomento y de donde nacerá el Ministerio objeto del presente estudio-, así como la implantación de los subsecretarios como institución clave para mejorar la administración. Nueva institución subordinada que permitiría descargar de trabajo a los respectivos ministros, lo que les posibilitaba una asidua asistencia a las Cortes y tener más tiempo para emprender las necesarias reformas en la Administración tendentes a desmantelar el modelo del Antiguo Régimen.

De ahí que la división ministerial de 1847 viniese motivada, entre otras razones, por el aumento de los negocios. Verbi gratia, baste recordar el objetivo que tenía el gabinete del duque de Sotomayor de sacar adelante la reforma de estudios contenida en el Plan de 1845 y que venía a implantar los Institutos de enseñanza secundaria en cada provincia. Sin olvidar que también frenaría el proceso de secularización de la enseñanza, otorgando a la Iglesia un protagonismo y representación en determinadas instituciones académicas y de administración relacionadas con la materia de la que carecía en ese momento. Un nuevo Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas que, alejándose de la tradicional Administración central de cinco Secretarías heredadas del siglo XVIII y consecuencia de la evolución de la Administración central desde el final de la época fernandina, llevaba a que la Administración central quedase organizado en siete Secretarías: Estado, Gracia y Justicia, Guerra, Hacienda, Marina, Gobernación y la propia de Comercio. Un análisis de este momento de la Historia de la Administración que el autor realiza examinando todas las fuentes posibles: literatura jurídica -la “incipiente” doctrina administrativista: Javier de Burgos, Agustín Silvela, Alejandro Olivan, etc.-, historiografía, fuentes impresas y manuscritas. Una obra que está en línea con los trabajos de su maestro, el Dr. Gómez Rivero. Baste citar al respecto, entre otras, su obra sobre El Ministerio de Justicia en España (1714-1812), Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1999.

Por su parte, la estructura de la obra también evidencia estos extremos. Está dividida en cuatro bloques: en el primero, trata la creación del Ministerio y los motivos que tuvo el Duque de Sotomayor para su implantación, entroncándolo con el estudio de la Administración central y los distintos factores que influyeron en la reforma de enero de 1847; en el segundo, con una minuciosidad que es necesario subrayar, bajo el título Estructura y Funcionamiento, pergeña la organización interna siguiendo un criterio jerárquico (desde los titulares del Ministerio, Direcciones generales, personal administrativo y órganos auxiliares de asesoramiento), y el funcionamiento; en el tercero, bajo el título Atribuciones, el autor analiza las competencias y las reformas realizadas al respecto en la creación de un nuevo Ministerio que asumió en su mayoría competencias de las Secretarías de Marina y Gobernación, atendiendo a los problemas surgidos en el trasvase de competencias, así como la evolución competencial hasta su disolución por Real Decreto de 20 de octubre de 1851 y, en la última parte e intitulado Actividad, analiza la gestión desempeñada por el Ministerio distinguiendo para ello tres ámbitos –Obras públicas; Agricultura, industria y comercio, y Cultura y educación. Una estructura y análisis de la reforma ministerial ejemplo de cómo la política moderada llevó a un gobierno fuerte que asumió el centralismo político siguiendo, en la medida de sus posibilidades, el modelo francés.

En esta línea, la Constitución de 1845 vino a reforzar el intento moderado de fortalecer el poder del Estado, impulsando inequívocamente el proceso centralizador. De ahí que si con los moderados la estructura centralizada del país se acentúa, para el autor era un logro que iba estrechamente unido a la administración jerarquizada y unificada –la ordenación administrativa-. Un modelo que debía seguir las “notas de uniformidad, subordinación, responsabilidad y presencia de las autoridades de todos los grados” (p. 28). Distintas medidas de carácter organizativo lo evidenciaron así como la consolidación del poder de quienes en efecto lo detentaban. Por tanto, se asiste a la vertebración de un modelo de Administración central más avanzado y técnicamente mejor.

A ello sin duda contribuyó la reforma tributaria de Alejandro Mon, Ministro de Hacienda, y la elaboración por éste de los Presupuestos del Estado para 1845 y 1849, inicio de una política presupuestaria en la que la ideología marcó claramente, por vez primera, la tendencia del gasto público y que tuvo cierta estabilidad y duración. Si la política financiera del momento llevó a tener en Alejandro Mon uno de sus principales valedores, a él se le debe también la Reforma Tributaria que quedó aprobada, junto a la Constitución, el 23 de mayo de 1845. La continuidad del gasto en los presupuestos moderados -el Presupuesto de 1849 era el de 1845 pero con ligeros retoques- fue clave para las reformas administrativas. En este sentido, entre 1845 y 1849 la partida “gobierno y administración” subió bruscamente [96.550.950 millones de reales], pasando de los 14.750.646 millones de reales del primer Presupuesto –el 1.3% del total presupuestado-, a 111.301.596 millones de reales en el segundo Presupuesto –el 9.1% del total-. Por último, el 4 de octubre de 1847 se inició el conocido como ministerio largo de Narváez, lo que supuso nuevamente el regreso al Ministerio de Hacienda de Alejandro Mon el 12 de agosto de 1848, impulsando una política financiera orientada a intentar frenar la anarquía contable y mejorar la administración Presupuestaria del Estado, a la vez que impulsar su centralización. Uno de los aspectos que mejoró ostensiblemente fue el control de la contabilidad del Estado. Impulsada la reforma fiscal tocaba ahora la contabilidad de la Hacienda Pública. La Ley de febrero de 1850 establecía las bases de la contabilidad de la Administración en sus distintos niveles.

El trabajo del Dr. Pérez Juan acredita estos aspectos abordando el Ministerio surgido tras la dimisión de Istúriz y el encargo que recibe el duque de Sotomayor de formar gobierno el 28 de enero de 1847. En relación con el gasto que suponía el nuevo Ministerio para las arcas del Estado se previó que fuese asumido, entretanto se aprobase un nuevo Presupuesto que no llegó hasta dos años más tarde, por el fondo de imprevistos del de Gobernación. Aunque el titular del Gabinete pensaba que no supondría un coste extra dado que las infraestructuras ya estaban creadas siendo solamente necesario proceder a su reagrupación (p. 35). De su labor de Archivo se aporta el documento que quedó aprobado por la Reina el 28 de junio de 1847 estableciendo las “bases para fijar el sistema que ha de regir desde 1º de julio próximo respecto a la distribución del crédito que se señale mensualmente” (p. 35, n. 41). Respecto de la gestión económica, también señala el autor, la creación de una Oficina contable en el Ministerio para el control del gasto que debía coordinarse con la Dirección general de contabilidad, e incorpora el formulario del presupuesto mensual de las obligaciones asumidas, documento interesante que permite conocer de manera esquemática la primera estructura competencial (pp. 37-39).

Al duque de Sotomayor le corresponde, por tanto, la creación de un nuevo Ministerio que, igualándolo con los existentes y asignándole las mismas facultades, lo intituló Secretaría de Estado y del Despacho de Comercio, Instrucción y Obras Públicas que asumía las Secciones de Comercio, Obras Públicas y Beneficencia y la Dirección de Instrucción Pública, toda una declaración institucional en la que subyacía la pretensión de impulsar el desarrollo económico del país –“la prosperidad pública”- (R.D. de 28 de enero de 1847, CLE, T. XL, pp. 148-149). Era la séptima Secretaría del Despacho junto con las de Estado, Gobernación del Reino, Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra y Marina. Entre los motivos de su creación, apunta el autor, la creciente extensión competencial de la Administración central, la racionalización administrativa, la especialización técnica, y el creciente desarrollo que la industria y el comercio estaban teniendo, aspectos que permitieron reestructurar la heterogeneidad competencial que existía en algunos Ministerios, en particular, la Secretaria de Gobernación (pp. 30-31).

Un nuevo Ministerio que el autor entiende que fue una medida acertada frente a quienes la critican por ir contra los criterios de unidad y homogeneidad interna de la Administración, significar un aumento del gasto público y una disminución de la capacidad de trabajo del Gobierno ante los conflictos existentes entre los Ministerios. Apoya su defensa en dos argumentaciones: por una parte, entiende que era una medida acertada dado que “la complejidad de los asuntos de Gobernación demandaba urgentemente una especialización que únicamente podría obtenerse con el establecimiento de un nuevo Ministerio”; por otra, el conocimiento de la documentación le permite al autor afirmar que sus resultaros fueron “altamente positivos” con un notable incremento de las obras públicas y el impulso a toda una serie de iniciativas para el fomento de la agricultura, la industria y el comercio (p. 33).

Del segundo bloque -Estructura y funcionamiento- destacar, en primer lugar, el estudio pormenorizado y la labor documental que realiza de de los diez ministros que asumieron la cartera, con un total de once nombramientos, así como la valoración que hace de su gestión: Mariano Roca de Togores (28-01 al 28-03-1847); Nicomedes Pastor Díaz (28-03 al 31-08-1847); Antonio Ros de Olano (31-08 al 3-11-1847); Luis José Sartorius y Tapia (interino, 3-11 al 10-11-1847); Juan Bravo Murillo (10-11-1847 al 31-08-1849); Manuel Seijas Lozano (31-08 al 19-10-1849/20-10-1849 al 29-11-1850); Trinidad Balboa (un solo día, 19-10 al 20-10-1849); Saturnino Calderón Collantes (29-11-1850 al 14-1-1851); Santiago Fernández Negredo (14-1-1851 al 5-04-1951); Fermín Arteta (5-04 al 20-10-1851) –vid., al respecto, el cuadro que aporta en la p. 45-.

En relación al organigrama del Ministerio, con una abundante y documentada información acompañada de un extraordinario esfuerzo de síntesis, el autor desgrana con un criterio jerárquico los principios de eficiencia administrativa que llevó a su articulación, realizando el correspondiente análisis de cada órgano. La labor de síntesis que realiza se puede observar en el estudio del organigrama ministerial, acompañada de la evolución de la planta en sus más de cuatro años de existencia y de las remodelaciones realizadas. Quedó como sigue:

  • Una Subsecretaria para asuntos de mero trámite o menor cuantía que no serían atendidos por el ministro.

  • Tres Direcciones generales dirigidas a evitar el colapso administrativo -Instrucción Pública, Obras Públicas, Agricultura y Comercio-, dotada cada una de un director, oficiales de secretaría, jefes de negociado y oficiales de dirección, que acompaña el autor de una detallada nómina del personal que ejerció los distintos puestos.

  • Una Dirección General de Contabilidad, en la que el autor sigue su evolución histórica resultando muy útil para abordar la racionalización y mejora de la Hacienda Pública española, en la medida que examina el proceso de centralización que se llevó a cabo en materia de contabilidad a mediados de 1847 con la creación de la Dirección General de Contabilidad, adscrita al Ministerio de Hacienda y que asumiría la función contable del Ministerio (p. 59) –y de su estudio detallado al autor no le escapa incluso las consecuencias que tuvo el cambio en relación a los derechos de las clases pasivas-.

  • La Secretaria General, donde detalla como se realizaba la minuta documental y a la que queda adscrita la importante labor del Registro.

  • El Archivo, asistiendo a un momento particularmente importante debido a la inquietud que mostraron los moderados por mejorar la organización y el sistema de archivos, lo que les llevó a enfrentarse con el problema del depósito de los documentos creados por la Administración Central y la deslocalización existente que, a su vez, estaba en pleno cambio. Esto explica que se hiciese responsable el Archivo del Ministerio de Comercio de la custodia, catalogación y ordenación de los documentos del extinguido Tribunal de Inquisición. De especial significado resulta las secciones que se estable en el Archivo y que quedan detalladas por el autor (pp. 70-71).

  • Los órganos auxiliares del Ministerio:

  • El Consejo Real de Agricultura, Industria y Comercio, creado el 9 de abril de 1847.

  • El Consejo de Instrucción Pública, creado el 8 de julio de 1847, órgano de consulta preceptiva en la reforma del plan de estudios, la creación y supresión de escuelas o de establecimientos científicos, la extinción o creación de cátedras y facultades o sustitución de los catedráticos propietarios.

  • Las Juntas de Comercio, instituciones impulsadas desde el siglo XVII que ahora era necesario adaptar a los nuevos tiempos de la Administración, reforma que llegó en octubre de 1847 y que le otorgó naturaleza de “meros órganos de consulta e ilustración para el Gobierno”.

  • Las Juntas provinciales de Agricultura, mandadas establecer por Decreto de 7 de junio de 1848 tras los logros de las Juntas de Comercio.

En particular, analiza detenidamente José Antonio Pérez Juan la reestructuración de principios de 1850 realizada por el ministro Seijas Lozano -la labor política de éste y su trayectoria jurídica, artífice del Código Penal de 1848, la tenemos en la obra del profesor granadino Alejandro Martínez Dhier, Manuel de Seijas (Hernández) Lozano. Precursor de la Codificación en España, Córdoba, 2009-. Un cambio motivado, según el autor, por la necesidad de modernización y adaptación de las competencias asumidas tras más de dos años de andadura, el intento por normalizar la tramitación de los expedientes administrativos y por razones de ajuste presupuestario. Una nueva estructura que el autor describe minuciosamente indicando los problemas de su implantación y, entre otras “mejoras de funcionamiento”, el sistema de inspección que se incorpora ahora separado de las funciones de dirección. Mencionar, por su utilidad, los cuadros sinópticos que incorpora donde se recoge la planta como quedó aprobada el 13 de mayo de 1850 y en los que detalla los nombres, sueldos y fechas de nombramiento de los respectivos funcionarios que la integró.

En el tercer bloque el autor, tras haber desmenuzado adecuadamente los aspectos políticos y organizativos que permiten comprender el alcance de la reforma, incorpora las atribuciones del Ministerio, “de nombre largo, incomodo de pronunciar, y que desde luego revelaba lo inconexo de los ramos que abrazaba, cada uno de los cuales compone en otros países un Ministerio separado” (Gil de Zárate). Atiende al primer reparto competencial de las distintas Direcciones generales que tilda el autor de exhaustivo, así como su ampliación durante el tiempo de su actividad, examina las razones que indujeron a integrar el ramo de beneficencia a Gobernación, los conflictos competenciales que surgieron en la práctica entre los distintos Ministerios y, finalmente, el trasvase competencial producido tras la supresión de este Ministerio en octubre de 1851.

El estudio que acomete Pérez Juan del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, unido al análisis que realice del régimen ministerial, no hubiera quedado completado si no presta una específica atención a la gestión realizada en estos más de cuatro años, claves para la política de los moderados. En la última parte del trabajo, bajo el interesante título de Actividad, el autor, advirtiendo al lector la imposibilidad de abarcar el estudio de todas las acciones desarrolladas por el Ministerio, da a conocer los principales logros en obras públicas –vías de comunicación, canalización de aguas, analizando el proyecto de construcción de un canal entre Madrid y Sevilla, etc.-, y en el fomento de la agricultura, industria y comercio, éste con el análisis de la supresión arancelaria y la necesidad de unificar pesos y medidas. También analiza la gestación del Boletín Oficial del Ministerio que ve la luz el 16 de junio de 1847. Una publicación oficial que considera el autor fue “una interesante publicación, rica de datos, copiosa en enseñanzas, donde unas veces se explica el pensamiento de las disposiciones del Gobierno, otras se provoca una especie de iniciativa moral para graves y trascendentales cuestiones” (p. 117). Razón por la que comparte la opinión de Marta Lorente cuando afirma que los boletines ministeriales decimonónicos debían servir “para homogeneizar las actuaciones, no para materializar el principio de legalidad”.

Finalmente, el autor analiza ampliamente las políticas seguidas y gestión realizada en materia de Instrucción Pública, así como las innovaciones logradas en esta materia entre 1847-1851. Las reformas en educación fueron al socaire del Plan de Estudios de 1845 (Real Decreto de 17 de septiembre, más conocido como Plan Pidal), una reforma que abrió una nueva época en la Historia de la educación. Este Plan que inspiró los cambios realizados hasta 1853, constataba la preocupación de los gobiernos moderados en materia de enseñanza y su estatalización. Una vez más el incremento presupuestario era muy significativo: se pasó del 0.9% del presupuesto de 1845 (10.798.010 rs.) al 1.3% en el de 1849 (16.096.186 rs.) Creado el Ministerio de Comercio se estableció quince días más tarde una primera comisión para la reforma y mejora del Plan de 1845, sobre todo en lo atinente a la enseñanza secundaria. En línea con la política centralizadora seguida, el Ministerio asumió el control de las universidades e intentó su despolitización. No hay que olvidar que fue una etapa que vino marcada por intentar mantener el orden público en éstas, siendo la palabra disciplina clave en la política educativa. De ahí la disposición del Gobierno de Javier de Istúriz que declaró “combatir sin tregua la anarquía moral y material que asoma su frente por todos los ángulos de la monarquía (…). Ningún desmán, ningún conato de desorden quedará sin escarmiento” (Real Orden de 22 de marzo de 1846, Manifiesto del Gobierno, CLE, t. XXXVI).

La revisión del ambicioso Plan de Estudios fue publicado por Real Decreto de 8 de julio de 1847, bajo la dirección del Ministro Nicomedes Pastor Díaz, teniendo la pretensión de sentar las bases definitivas de la Instrucción Pública. Entre otras consecuencias y en aras de la igualdad entre todas las facultades universitarias, tuvo una terminológica retirándole el calificativo de “mayor” entre otras a las de Jurisprudencia (ver en p. 156 la relación de facultades), e introdujo la obligación de los Decanos de las facultades de controlar las “máximas y doctrinas que se viertan en las explicaciones” y las faltas de los catedráticos “por las doctrinas que vierta en sus explicaciones”. Eran los primeros síntomas de intervención política y, consecuentemente, de limitación de la libertad de enseñanza. Todo pese al carácter conciliador del Gobierno que llevó al primer titular del Ministerio, Mariano Roca de Togores, a ordenar la promoción de los profesores universitarios atendiendo a razones de mérito y capacidad, y no a sus ideas políticas. En definitiva, como indica Antonio Heredia, la Instrucción Pública de España entró en un período especialmente conflictivo y turbulento de su historia, durante el cual la política partidista convirtió progresivamente a la Universidad en una oficina más de vigilancia y mantenimiento del orden público. Se podía considerar, por tanto, que la reforma administrativa de 1847 vino en consonancia con las pretensiones que en materia de enseñanza tenían los moderados.

Una nueva reforma del Plan de Estudios de 1845 se dio con la llegada del General Narváez al Gobierno el 4 de octubre de 1847 y que el autor trata en las pp. 152 a 154. De entre las medidas que afecta a esta materia se encuentran, por un lado, la incorporación a diferentes órganos académicos de representantes de la Iglesia, lo que vino a entroncar con una política del Gobierno afín al tradicionalismo católico, superando el distanciamiento que desde 1836 existía entre Iglesia y Estado en materia de educación. Una representación institucional que tendría sus inicios con la Real Orden de 24 de diciembre de 1847, bajo el Ministerio de Bravo Murillo, e incorporación a las Juntas inspectoras de los Institutos de segunda enseñanza de un representante eclesiástico. Con la segunda llegada al Ministerio de Seijas Lozano, cabe destacar el impulso a la reforma de estudios recogida en el Plan General de Estudios de 28 de agosto de 1850. Impulso a una labor de reforma donde el principio de secularización de la enseñanza quedaba disminuido y se imponía un mayor control sobre la conducta de los profesores. De igual guisa, al Ministro Seijas se le debió la Instrucción para el fomento de los intereses morales, intelectuales y materiales de los pueblos que fue enviada a los Gobernadores Civiles el 26 de enero de 1850 -CLE, t. 49- y que vendría a ratificar la incorporación de la Iglesia a la Instrucción Pública tras la reforma de Bravo Murillo. Reflejo de un pacto entre Estado e Iglesia que rompía con la política de ruptura seguida hasta 1843 y que llevó a propugnar el ideal del profesor religioso y moral.

El R. D. de 20 de octubre de 1851 cambiaba la denominación de este Ministerio que pasaba a llamarse de Fomento, una reforma que describe magistralmente el autor. En lo atinente a la Instrucción Pública pasaba al Ministerio de Gracia y Justicia entendiendo Bravo Murillo que, ante las necesarias reformas que se avecinaban, este Ministerio era “conocedor del personal de las carreras de la iglesia, de la magistratura y de las que no son técnicas e industriales, (y) puede, de la manera más ventajosa para los pueblos, y más conveniente al Estado, regularizar y armonizar en todos conceptos la marcha general de la enseñanza pública” (R. D. 20 de octubre de 1851, CLE, T. LIV, p. 340).

El autor termina aportando unas conclusiones que permiten vislumbrar la trascendencia del momento en la evolución administrativa y el impulso dado al modelo centralista, algo que contrasta con una clara tendencia descentralizadora del Bienio que se puede observar en una legislación que, eso sí, apenas tuvo vigencia. En consecuencia, en el amplio estudio realizado por el autor se puede relacionar la consolidación en el Poder de los moderados y el avance en la organización de la Administración Central, aspectos constatados en la mejora de la organización centralizada. La implantación de un Ministerio que permitió impulsar específicamente, pese a la evidente desconexión material existente, nuevas políticas en materia de educación, agricultura, comercio e industria, así lo manifiesta.

Era el principio de un cambio en la política y en la evolución administrativa que el autor sabe plasmar. Y es que el libro de José Antonio Pérez Juan aporta algo más que el análisis de un Ministerio en la etapa cronológica indicada en el, a mi entender, modesto título. Estamos ante una obra de ineludible referencia para profundizar en el estudio del desmantelamiento de la Administración del Antiguo Régimen y seguir los pasos de la vertebración del régimen ministerial decimonónico, pero también para quienes quieran abordar el actual modelo de Administración Central y los principios técnicos que la informan.





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