Informe realizado para la asociación puedo






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1.1.1. ¿De qué habla el Informe?


El Informe analiza la calidad democrática de los procesos electorales y participativos en la ONCE. El Informe no habla de otras cuestiones que no sean estas. Es un análisis circunscrito en exclusiva a una evaluación politológica de la calidad de un modelo de representación que comienza su singladura en el año 1982 y que conoció en 2011 su IX proceso electoral. El Informe se refiere también a la cultura de la organización en relación con los procesos democráticos y ofrece análisis, interpretaciones y conclusiones referidos a estas cuestiones.

La ONCE es una organización compleja y ramificada y, evidentemente, es pensable que existen hilos que conectan las diferentes caras de este prisma organizativo. Pero en términos analíticos mi preocupación ha estado centrada en un aspecto muy relevante de la vida de la organización, pero solo en ese. Las referencias a otros aspectos de la vida de la ONCE están siempre enmarcadas en el contexto de esta reflexión y de estos objetivos.

Cualquier consecuencia que quiera extraerse y que relacione la calidad democrática con otros aspectos de la vida de la ONCE están fuera del alcance de este documento y de sus pretensiones y, por lo tanto, no pueden referenciarse en este Informe.

1.2. Criterios de interpretación y consideraciones generales


El concepto de calidad democrática trata de objetivar la relación que existe entre los procedimientos formales de elección de representantes y los resultados de este o de estos procesos. Hay, al menos, tres cuestiones concernidas y que deben considerarse a la hora de valorar este concepto.

En primer lugar la evidencia de que la existencia de procedimientos formales para la elección de los representantes no es garantía suficiente de la calidad democrática de esos procedimientos. En el transcurso del Informe nos extenderemos sobre esta cuestión, pero ahora es importante señalar este aspecto: el argumento de que existen procedimientos formalizados y previsibles en la realización de los procesos electorales no es garantía suficiente de la condición democrática de los mismos o de una calidad democrática suficiente. O mejor decir, la calidad de los mismos puede oscilar desde muy baja hasta niveles óptimos. Se entiende que esta clasificación solo es pensable cuando esos procedimientos acreditan su condición de inicialmente democráticos. Pero se convendrá, también, en que no es lo mismo que la caracterización del proceso sea muy baja a que esté en niveles muy altos de consideración democrática.

En segundo lugar, existe un cierto consenso en la ciencia política a propósito de los límites de los procesos electorales en el funcionamiento de los sistemas democráticos. Incluso cuando estos procesos son plenamente democráticos y cumplen con rigor todas las garantías procedimentales, la condición democrática del conjunto del sistema debe incorporar otras variables de evaluación. En este punto, la calidad del conjunto del sistema es una resultante fruto de la existencia de, al menos estos tres elementos:

  1. Accountability, este es un concepto de la tradición anglosajona que pone el acento sobre la necesidad de que el sistema esté dotado de los adecuados canales para que, en primer lugar, los responsables elegidos sientan la necesidad de rendir cuentas con regularidad de su gestión. Y en segundo lugar, que exista una adecuado sistema de castigo para el supuesto de que los representantes no estén cumpliendo con sus compromisos.

  2. Receptividad: Debe existir un procedimiento adecuado que obligue al sistema a ser sensible a la opinión de los representados. Se entiende que no todo puede estar previsto y pensado cuando las elecciones se producen, y que los cambios en las condiciones del entorno no siempre son el resultado de la acción de los gobernantes. Por eso, deben existir canales suficientes que permitan que las opiniones de la ciudadanía puedan ser escuchadas y atendidas por los responsables políticos. Es decir, el sentido de la responsabilidad que debe informar a todos los gobernantes debe combinarse con esta dimensión de receptividad para que la discrecionalidad no llegue a los umbrales del autoritarismo.

  3. Inclusividad: El sistema en su conjunto y el sistema electoral en particular deben asegurar que se respetan y se “incluyen” las opiniones de las minorías. Entiéndase que no se trata solo de “respetar” estas opiniones, cosa que va de suyo en un modelo de relaciones democráticas, sino, además, de favorecer que no hay sectores relevantes excluidos de la comunidad política por ninguna razón. Y que, por lo tanto, el sistema electoral se organiza para dar voz y cabida a esas expresiones de pluralidad.

En tercer lugar la evaluación de la calidad democrática de un sistema político tiene una estrecha relación con decisiones amparadas en criterios normativos sobre qué es y qué no es la democracia. Sin pretender convertir este Informe en un espacio para la deliberación politológica parece pertinente explicar el significado de esta afirmación. La idea de la participación, también en las organizaciones políticas y sociales, se corresponde con las inclinaciones mayoritarias respecto al significado y consecuencias de esa expresión en el conjunto de las mismas. Es decir, de manera expresa o implícita es posible determinar cuál es el sentido común mayoritario respecto a esta importante cuestión. O bien, y es otra posibilidad, cual es el sentido común hegemónico en la coalición dominante3 que dirige la organización. Según sea más hegemónica una u otra opción, según se enuncien de una o de otra manera los vocablos participación política, democracia interna, representación, se llegarán a unos u otros resultados. De diferente modo se articularán y equilibrarán los conceptos a los que antes hemos hecho referencia: accountability, receptividad y inclusividad.

Por simplificar, podemos argumentar que pueden distinguirse con claridad, dos modelos diferentes de comprender la democracia y la participación política.

Uno primero, de matriz oligárquica y que se reconoce como elitista-competitivo que reduce la participación y la democracia a un proceso de legitimación de las elites políticas. Para este modelo mucha participación política es poco deseable. En general este modelo prima la estabilidad y gobernabilidad del sistema y reduce la política a un espacio mínimo de gestión a cargo de profesionales con pocas posibilidades de acceso para la ciudadanía. Para este modelo la legitimidad del sistema es una variable dependiente de la capacidad del mismo para satisfacer las demandas de la comunidad política. Es, por tanto, una consecuencia de la actividad misma del sistema, no del modo en el que se toman las decisiones. Es decir, la participación no es significativa, lo que resulta determinante es que las capacidades ejecutivas estén operativas y no excesivamente condicionadas por la deliberación o el control público. La idea central de este modelo es que la democracia debe entenderse como un método político en el que la comunidad política de referencia elige periódicamente entre equipos posibles de líderes4.

No es difícil entender que el subtexto de esta propuesta es una despolitización de las decisiones sustantivas. De tal modo que la democracia queda desposeída de su corazón político (la legítima confrontación de ideas y proyectos) para desplazarse a un espacio donde lo fundamental es elegir las personas o equipos que van a tomar las decisiones.

El segundo modelo5, más exigentemente democrático valora, al contrario que en el modelo anterior, la participación política de la ciudadanía como una condición de la salud democrática de un determinado sistema político. Según este punto de vista, mucha participación política es más deseable que menos. Se considera, además, que la participación tiene efectos pedagógicos muy importantes para las sociedades, es decir, la participación enseña a las sociedades a ser más conscientes de sus problemas, de los límites que deben establecerse para sus soluciones o de las constricciones de las normas políticas y constitucionales para el desempeño de la actividad política. La participación sería así, en el sentido griego de la expresión, una paideia, un proceso de aprendizaje.

Por otra parte, la participación, en los tiempos de la desconfianza y la desafección, es la condición para asegurar niveles de legitimidad en la acción de gobierno aceptables. Esta demanda de participación y transparencia se convierte, de esta manera, en una parte importante del sentido común que se traduce en demandas para las organizaciones y otras instituciones de la sociedad.

Por último, la participación surte efectos positivos cuando se realiza adecuadamente y es estable y sostenida en el tiempo. Puede afirmarse que la participación tiene consecuencias directas en el incremento de la confianza horizontal6 en nuestras sociedades, de manera que esa mejora hace más cohesionada y saludable la vida de las comunidades políticas.

Para este modelo la legitimidad es una variable dependiente de las capacidades de inclusión del sistema político y también, claro está, de sus resultados.

Por lo tanto, detrás de cualquier decisión relacionada con la participación política late, subyace o se hace explícita una de las dos grandes concepciones sobre la democracia. Ninguna decisión se sustrae a los efectos de esta decisión inicial y previa sobre el papel de la política como motor de la participación ciudadana, o como técnica al servicio de la gestión de los asuntos públicos.

En general, los modelos elitista-competitivos tienden a poner el acento en la accountability, es decir en los procesos de rendición de cuentas y de premio-castigo por la gestión, en coherencia con la perspectiva más gerencial que tienen de la política y de la articulación entre representante y representado. Eso no significa que desprecien o no consideren los otros dos aspectos, pero su vínculo con ellos es más inestable y circunstancial.

Los modelos participativos suelen privilegiar las dimensiones de la inclusividad y la receptividad. Se entiende que su inclinación por considerar la participación política como la clave de bóveda de la condición democrática de un sistema político les hace más sensibles a esas dimensiones.

En principio, ambos modelos pueden producir sistemas de alta calidad democrática. De manera que la elección de uno u otro principio rector no justificaría, por sí mismo, la mayor o menor calidad democrática del mismo.

La calidad democrática, por tanto, es una consecuencia de los sistemas de representación explicada por el modo en que se articulan las tres dimensiones a que antes hemos hecho referencia: accountability, receptividad e inclusividad.
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