Acta de la sesion ordinaria del pleno del ayuntamiento de colmenarejo veintiseis de julio de dos mil trece






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SE DEJÓ SOBRE LA MESA

Y concluido el debate, el Pleno, en votación ordinaria por (____) votos a favor (___________), (____) en contra (_________________), y (___) abstenciones (_________________) acuerda aprobar/desestimar la PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE ALTERNATIVA POR COLMENAREJO PARA INICIAR LOS TRAMITES DESTINADOS A LA INCLUSION EN EL CATALOGO DE BIENES A PROTEGER DE LAS NN.SS. DE LA CASA TRADICIONAL SITA EN CL MADRID 9-11.

7.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE ALTERNATIVA POR COLMENAREJO PARA LA APLICACIÓN DE POLITICAS INSTITUCIONALES QUE GARANTICEN LA RESERVA DE EMPLEO PARA LOS MINUSVALIDOS.- Por el Secretario se da cuenta de que la Comisión Informativa de Personal, Régimen Interno, Sanidad y Educación, en sesión ordinaria celebrada el día 12 de julio de 2013, en votación ordinaria, por unanimidad de los cuatro miembros presentes, dictaminó favorablemente la propuesta del Grupo Municipal de Alternativa por Colmenarejo para la aplicación de políticas institucionales que garanticen la reserva de empleo para los minusválidos.

Don Antonio Sánchez Aguilar, Portavoz de Alternativa por Colmenarejo, da cuenta de su propuesta:
<< A LA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA del AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO:
ANTONIO SANCHEZ AGUILAR, con DNI 23606189, Concejal del Ayuntamiento de Colmenarejo, y en representación del GRUPO MUNICIPAL de ALTERNATIVA por COLMENAREJO:
Ante el Pleno de la Corporación presenta la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO PARA APLICACION DE POLITICAS INTITUCIONALES QUE GARANTICEN LA RESERVA DE EMPLEO PARA LOS MINUSVALIDOS
Exposición de motivos:

Los niveles de contratación de personas con discapacidad, comparados con los del conjunto de la población alcanzan reducidos niveles.
Son numerosos los estudios realizados sobre esta problemática, que apuntan a diferentes causas que afectan a este colectivo. El último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadistica y referidos a datos del año 2011, nos dice que:
“Según la Base de Datos Estatal de las Personas con Discapacidad, 1.262.000 personas de edades comprendidas entre los 16 y los 64 años y residentes en hogares tenía certificado de discapacidad en 2011. Esta cifra representó el 4,1% de la población registrada en dicha Base en edad laboral y un incremento del 7,7% respecto al año 2010.
 El 36,6% de las personas con discapacidad legalmente reconocida eran activos en 2011.
Esta tasa de actividad era casi 40 puntos inferior a la de la población sin discapacidad

(76,4%).

 La tasa de paro para el colectivo fue del 26,9% en 2011, más de cinco puntos superior a la de la población sin discapacidad.
 La tasa de empleo de las personas con certificado de discapacidad era del 26,7%. El 89,0% de los ocupados eran asalariados y, de éstos, el 76,9% tenía contrato indefinido.
Se hace necesario, por tanto, que los poderes públicos tomen cartas en el asunto con el objetivo de poner fin a esta situación promoviendo el acceso de las personas con discapacidad al mercado de trabajo, mejorando su empleabilidad y su integración laboral.
Entre los objetivos generales, nos debemos imponer el de aumentar las tasas de actividad y de ocupación así como la inserción laboral de las personas con discapacidad y también mejorar la calidad del empleo y dignificar las condiciones de trabajo de las personas con discapacidad, combatiendo activamente su discriminación.
De este modo, instamos a este ayuntamiento a que realicen acciones encaminadas al diseño e implementación de políticas para lograr el pleno empleo, sin incurrir en ningún tipo de discriminación, dando cumplimiento al mandato Constitucional emanado del artículo 49.
Una de las vías para lograr estos objetivos reside en la Contratación Pública, que constituye un instrumento del poder público para impulsar la contratación de personas con discapacidad, no sólo dentro de su estructura organizativa, sino además como contratante de servicios de la empresa privada.
En la actualidad, en España el sector empresarial privado refleja bajos niveles de contratación de personas con discapacidad, lo que pone de manifiesto la existencia de un largo camino por recorrer. La Fundación para la Diversidad indica que sólo el 1% de las empresas españolas asume el principio de no discriminación en sus convenios, por contraposición a la realidad de la Unión Europea, donde el 23% de las compañías considera la inclusión laboral de personas con discapacidad.
La Fundación Grupo Sifu pone de manifiesto a través de un estudio, que la mitad de las empresas desconoce el contenido de la LISMI, y de aquellas que lo conocen, el 56% sólo recuerda la cuota.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Ambos son tratados internacionales que recogen los derechos de las personas con discapacidad, así como las obligaciones de los Estados Partes de promover, proteger y asegurar tales derechos.
Resultado de un largo proceso esta Convención supuso la consagración del cambio de paradigma del enfoque de las políticas sobre discapacidad. Supera definitivamente la perspectiva asistencial de la discapacidad para abordar una basada en los derechos humanos.
Se pasa así a considerar a las personas con discapacidad plenamente como sujetos titulares de derechos y no como meros objetos de tratamiento y protección social estableciendo que sus demandas y necesidades deben ser cubiertas de forma que puedan alcanzar la igualdad de oportunidades con respecto al conjunto de los ciudadanos
Para ello se establecen como principios generales el respeto a la dignidad inherente a la persona, la autonomía individual –incluida la libertad para tomar las propias decisiones–, la independencia de cada ser humano, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, la igualdad de oportunidades, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como manifestación de la diversidad y la condición humana.
Las instituciones públicas tienen la obligación de hacer reserva de plazas para las personas con discapacidad, que en bastantes casos –como el nuestro- no se cumplen en sus justos términos.
Fundamentos de Derecho
Esta obligación viene derivada de la Ley 13/1982, de 7 de abril de integración social de los minusválidos (LISMI).
La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
La Ley 26/2011, de 7 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.

El artículo 11 de esta Ley modifica la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, quedando redactado el apartado 1) del artículo 59 de la Ley 7/2007, en los términos siguientes:

«1. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública.
La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.»

El Ayuntamiento de Colmenarejo, con una plantilla de 83 empleados aproximadamente, incumple las obligaciones derivadas de la aplicación de esta Ley.

Por lo expuesto al Pleno de Ayuntamiento sometemos la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO PARA APLICACION DE POLITICAS INTITUCIONALES QUE GARANTICEN LA RESERVA DE EMPLEO PARA LOS MINUSVALIDOS.
El Ayuntamiento de Colmenarejo se compromete a:
Uno.- Aplicar las posibilidades que ofrece la Ley de Contratos para fomentar el empleo de personas con discapacidad.
Dos.- Corregir, en las posibles y futuras contrataciones de empleo público, las desviaciones existentes en el cumplimiento de la normativa citada. A tal efecto en la Memoria de Alcaldía adjunta al Presupuesto se incluirán las medidas para llevar a la práctica esta obligación.
Tres.- Impulsar acciones concretas encaminadas a una efectiva implantación de la contratación pública con fines sociales.
Cuatro.- Contribuir, junto a otras organizaciones gubernamentales o no, a la adaptación de los puestos de trabajo, en el caso de que sean necesarios para el desarrollo de las funciones encomendadas al discapacitado contratado.
Cinco.- Hacer un seguimiento anual sobre el grado de cumplimiento de estos compromisos.
Lo pedimos en Colmenarejo a seis de julio de 2013.>>
.../…
Y concluido el debate, el Pleno, en votación ordinaria por unanimidad de los doce miembros presentes de los trece que legalmente lo integran acuerda aprobar la PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL DE ALTERNATIVA POR COLMENAREJO PARA LA APLICACIÓN DE POLITICAS INSTITUCIONALES QUE GARANTICEN LA RESERVA DE EMPLEO PARA LOS MINUSVALIDOS.

B) PARTE DE CONTROL:

8.- DACION DE CUENTA INFORME DE EJECUCION PLAN DE AJUSTE 2T 2013.- Dada cuenta del Informe de la Intervención sobre la Ejecución del Plan de Ajuste 2T 2013, el Pleno queda enterado.

9.- DACION DE CUENTA INFORME DE PLAZOS DE MORISIDAD EN EL PAGO 2T 2013.- Dada cuenta del Informe de la Intervención sobre plazos de morosidad en el pago 2T 2013.
INFORME

CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO DE LAS OPERACIONES COMERCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE COLMENAREJO.
TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

FECHA EMISION RELACION: JULIO 2013
La funcionaria que suscribe, en el ejercicio de las funciones contempladas en el artículo 204 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales, y artículo 4 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, informa:

PRIMERO: RELACIÓN DE FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS CON RESPECTO A LOS CUALES HAN TRANSCURRIDO MÁS DE TRES MESES DESDE SU ANOTACIÓN EN EL REGISTRO DEL PROGRAMA DE CONTABILIDAD

El artículo quinto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 30/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones, en su apartado 4, establece:

“La Intervención u órgano de la Entidad Local que tenga atribuida la función de contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el ejercicio anterior, una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el Registro de Intervención y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos.

El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la sesión en la que tenga conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación”.
Pues bien, se adjunta como Anexo 1 relación de facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales han transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro del programa de contabilidad sin que se haya notificado a esta Intervención el acto administrativo del reconocimiento de la obligación correspondiente. Por tanto, se hace constar que hay 8 facturas que han excedido de los 3 meses desde su presentación sin estar aprobadas por motivos diversos según se explica en anexo adjunto.
Se informa también de las consecuencias gravosas del impago fuera de los plazos legales.
SEGUNDO: INFORME PLAZOS DE PAGO

La Ley 15/2010 de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, (BOE 06-07-2010), ha introducido diversos artículos que, en cuanto a su importancia por afectar a los plazos de pago, a continuación se señalan:
El artículo tercero de la ley 15/2010 ha modificado el artículo 200.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que pasa a tener la siguiente redacción:

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, … y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro …. Cuando no proceda la expedición de certificación de obra y la fecha de recibo de factura... sea anterior a la recepción de las mercancías o prestación de los servicios, el plazo de treinta días se contará desde dicha fecha de recepción o prestación.”

Dicho plazo de pago de 30 días se ha visto ampliado por el artículo 3.3 de la Ley 15/2010, que introduce una nueva Disposición transitoria Octava en la Ley de Contratos del Sector Público, con la siguiente redacción:

Disposición transitoria octava. Plazos a los que se refiere el artículo 200 de la Ley.

El plazo de treinta días a que se refiere el apartado 4 del artículo 200 de esta Ley … se aplicará a partir del 1 de enero de 2013.

Desde la entrada en vigor de esta disposición y el 31 de diciembre de 2010 el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta y cinco días

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cincuenta días

Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 200 será dentro de los cuarenta días …”
Como mecanismo de transparencia en el cumplimiento de dichas obligaciones de plazos de pago, la mencionada Ley establece que se rindan informes periódicos. En cuanto a esta Tesorería concierne, el artículo cuarto de la misma, en sus apartados 3 y 4, establece:
“3.- Los Tesoreros, o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales, elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.
4.- Sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la Corporación local, dicho informe deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. …”
Pues bien, se adjunta como Anexo 2 el listado de pagos realizados en el tercer trimestre.
El ámbito de aplicación de la Ley 15/2010 que impone tal obligación de información se ciñe, (de conformidad con lo contemplado en el artículo 1.2 que modifica el artículo 3 de la Ley 3/2994, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales), a los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas y la Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Posteriormente la DGCFCAEL del Ministerio de Hacienda publicó una Guía para la elaboración de los informes trimestrales de morosidad donde matiza y concreta cual es la información a rendir al Ministerio en relación con esta ley y detalla el formato que deben tener los informes.

Los informes exigidos por la Guía recuperan la siguiente información:

  1. Pagos realizados en el trimestre.

  2. Intereses de demora pagados en el trimestre.

  3. Operaciones pendientes de Pago al final del trimestre.

  4. Operaciones (facturas/documentos justificativos) con respecto a las cuales, al final del trimestre, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación.

 

Puede descargarse la documentación relacionada con esta guía en el enlace:

http://www.meh.es/es-ES/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.aspx


TERCERO: CONTENIDO DEL INFORME
El programa atmconta que utiliza el Ayuntamiento de Colmenarejo se ha adaptado a las instrucciones contenidas en esa Guía y tras la depuración realizada por el personal administrativo de la Intervención en el Registro de Facturas, hemos obtenido los resultados que se acompañan en el anexo 2, para el segundo trimestre de 2013, en el que el plazo de pago está establecido en 40 días naturales y cuyo resumen es el siguiente (teniendo en cuenta que éste es el formato elegido por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 30 de Mayo de 2013, para la rendición y publicación de esta información):





Dentro del período legal de pago

Fuera del periodo legal del pago




Número

Importe

Número

Importe

Pagos realizados en el trimestre

51

47.197,27 €

389

514.271,08 €

Facturas pendientes de pago al final del trimestre

39

6.570,01 €

51

50.621,51 €
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