Los agujeros, chollos, enchufes y mangancias de la Junta de Andalucía
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| EL RISCO DE LA NAVA GACETA SEMANAL DE LA HERMANDAD DEL VALLE DE LOS CAÍDOS Nº 486 – 16 de noviembre de 2009 SUMARIO
EL YUGO GORDIANO Arturo Robsy Transportada por la burla de las gentes de la Transición, pocos españoles habrán olvidado aquella frase de Franco respecto a la continuidad de su régimen; «Todo está atado y bien atado». Verdad en cuanto a las leyes y error en cuanto a las personas, porque en aquel tiempo el español andaba más suelto que hoy en día. Y menos espiado. Franco era un hombre impávido, valiente y estudioso. Dijo lo de las ataduras mirando tranquilo hacia la propia muerte, pero lo hizo, como siempre, bien apoyado en la historia. No se sabe si cuando se decidió el escudo de aquella España ya tenía la idea, pero no parece error haber restaurado –no inventado– el Escudo de los Reyes Católicos. Entre la cola y las alas del águila se conservaron el yugo y el haz de flechas. El yugo era la prenda de Fernando V de Castilla y II de Aragón: iba envuelto en una cuerda que formaba un nudo sin apretar, la adecuada para atarle la lanza del carro. Y eso lo sabía Franco, buen conocedor de la historia: uncía a un nuevo rey, instaurado, al quehacer de la España moderna. Así se llega a la pregunta más fundamental: ¿Por qué Fernando el Católico añadió al escudo de España, como rey de Aragón y con conocimiento de Isabel aquel yugo con una cuerda, también presente en la atadura del haz de numerosas flechas boca abajo? Aquellas arras de la boda real venían de lejos como símbolos. El yugo, especialmente, daba a entender que Castilla y Aragón, Aragón y Castilla, quedaban atados, anudados para el resto de los tiempos. Y en paz, como las flechas boca abajo proclamaban. Las cuerdas evocaban, conscientemente, el histórico nudo gordiano, que nadie pudo deshacer, hasta que Alejandro Magno tampoco lo consiguió aunque se aprovechó del oráculo que decía que quien lo abriera sería rey de toda Asia. Asunto famoso desde entonces en todas las épocas. La cosa simbólica empezó mil y pico años antes de Jesucristo, cuando un campesino, llamado Gordias por Herodoto y Gordio muchas veces en español, trabajaba con su carro y una águila se posó en el yugo y permaneció en él hasta caer la noche. El buen hombre, que no era un jovencito, acudió al templo en Telmiso para que le desvelaran el presagio. Así conoció a la profetisa que interpretó el prodigio, y con la que se casó después. En el templo de Zeus supo Gordias que sería rey. Las águilas vuelan alto. Con su esposa marchó hacia Gordium, capital de Frigia y, en el momento de entrar por la puerta Este, un cuervo bajó a posársele en el hombro. Los Frigios, que llevaban años revueltos y sin gobierno, reconocieron el viejo oráculo que decía que el siguiente rey entraría en carro y con esa ave en el hombro. Y, como los tiempos no eran felices, lo aclamaron rey llenos de esperanza. Gordias, agradecido, ofrendó el carro de la suerte a Júpiter, en el templo de Gordium, con la lanza firmemente sujeta al yugo por el famoso Nudo Gordiano, sobre el que acabó habiendo otra profecía, asunto que se repetía mucho en la antigüedad, donde no acababan de fiarse demasiado de la razón ni de Estado ni pura: Quien consiguiera desatarlo recibiría el imperio de Asia. Y era difícil porque no se le veían los cabos. Alejandro Magno, tipo genial pero impaciente, probó sin éxito. En un acceso de ira desenvainó y lo cortó. Es lo que suele pasar con las ataduras permanentes cuando se enfrenta a ellas un psicópata. Porque Alejandro era un narcisista que, además, se creía reencarnación de Aquiles y cuando ocupó Gordium hacía muy poco que había estado bailando desnudo en torno a Troya. Cosas suyas, porque, su madre le había convencido de que era hijo de Zeus. No reconocía, pues, ni rey ni roque y cortó sin problemas. La ambición antigua era como la moderna Y ahí está la explicación de cómo la Primera República, cazadora de religiosos y patriotas, cortó el nudo gordiano del yugo de Fernando el Católico: todos sufrimos la epidemia de los cantones y las guerras de ciudad a ciudad. Cortado siguió hasta que Franco volvió a hacerlo, con una águila por encima, como aquella que se posó sobre el de Gordias. Tuvieron que llegar otros narcisistas que, al no poder tampoco deshacer el que aseguraba la unidad, lo cortaron. Varias veces. Y se repartieron el imperio de España, el mando sobre ella y sus dineros. Y este es el curioso vuelo desde Frigia, en Anatolia, hasta Madrid, con escala en Fernando e Isabel. Y el relato de cómo los que habían jurado guardar la unión de la Patria se jugaron sus partes al dado. Puede que con el cuervo sobre el hombro. No con el águila. Conviene no olvidar nunca la psicopatología española en torno al ñudo nacional. Al de la horca, si está bien hecho, tampoco se le ve el cabo. PARECE QUE YA LO VAN DICIENDO …@... Hasta ahora había «prohibición» en comentar este asunto. El caso del «Alakrana» ha puesto sobre la mesa el comportamiento de numerosos buques vascos que se niegan a enarbolar la bandera española. Tan pronto como alcanzan aguas internacionales retiran la bandera nacional para colocar la bandera regional vasca. El buque Alakrana carecía de bandera española cuando fue abordado, y ello pese a que todos los barcos están obligados a navegar con la bandera del país en el que esté su puerto. Sin embargo, pese a renegar de la bandera española, cuando estos barcos tienen problemas de abordaje y secuestro por parte de piratas, pretenden que sea el estado de cuya bandera abominan el que les dé protección. Este comportamiento infringe el Derecho Marítimo y convierte al buque que así actúe en un «barco pirata». Sin embargo, a pesar de su ilegalidad, cuando estas embarcaciones son abordadas por delincuentes, pretenden que el Estado español les dé protección. El caso del «playa de bakio» El caso más famoso de esta conducta ilegal ocurrió en abril de 2008, cuando el atunero Playa de Bakio navegaba en aguas cercanas a Somalia cuando fue secuestrado por piratas de ese país. En el momento de ser abordado, el buque español navegaba como un buque pirata, por no llevar enarbolada la bandera del país soberano, según establece la normativa internacional en vigor suscrita por España. En concreto, el artículo 92 del convenio internacional del Derecho del Mar, dice que «todo buque navegará bajo pabellón de un solo estado y quedará bajo la protección de dicho estado que deberá garantizar su seguridad en alta mar». En caso de que un buque navegue sin llevar enarbolada la bandera que le corresponde, la ley considera ese barco como un buque sin nacionalidad, lo que implica que la autoridad marítima está facultada para interceptar, inspeccionar y retener dicho buque. Pese a ello, el Playa de Bakio tuvo la ayuda de la Armada española, que envió una fragata a la zona, y se especula con que se pagó el rescate de los tripulantes. También puertos vascos infringen la ley Por otra parte, no sólo los barcos vascos se niegan a cumplir la ley, también los puertos. Es el caso del puerto de Getaria, o del de Bermeo, donde sólo ondea la bandera vasca, la «ikurriña», y por ninguna parte se alza la bandera nacional. Además, el debate va más allá, ya que los partidos nacionalistas exigen que el Ejército embarque con los atuneros para protegerlos, pero en cambio, rechazan la presencia de los militares en Euskadi. ¿Acaso el silencio de los familiares de los pescadores del Alakrana, a partir de la entrevista con el presidente del Gobierno, tiene algo que ver con esto? Imperialismo lingüístico Ramón Sordo Sotres Asturias Liberal Uno de los disparates más grandes que lastran desde hace decenios la vida social en España consiste en que las lenguas regionales no sólo se fomentan donde se hablan sino también en otros territorios donde no se escuchan desde hace siglos o, simplemente, en ellos jamás se hablaron. Esta grotesca situación viene amparada por la desdichada constitución de 1978, en cuyo artículo 3º, apartado 2º, se proclama que esas lenguas serán oficiales, junto con el castellano, en las Comunidades Autónomas respectivas y no, como debería ser, solamente donde se hablan; con ello se perpetran desatinos como los siguientes: 1) La lengua valenciana es autóctona únicamente en el este y el centro de la comunidad de Valencia pero también es cooficial y se promociona en comarcas del oeste de la región en las cuales nunca se habló o no se habla desde hace siglos. 2) En el extremo occidental de Vizcaya el vascuence es cooficial con el castellano pero la lengua vernácula de esa comarca es, desde hace unos 2.000 años, un romance que hoy día es el castellano pero hasta hace poco tenía más bien rasgos cántabros o montañeses, que aún queda alguno. Considero absurdo hacer aprender el eusquera, un idioma que cada vez habla menos gente, a vecinos de lugares donde no está probado que se oyera alguna vez, con la consecuencia de que decenas de miles de personas van a pasarse años aprendiendo un eusquera macarrónico en el que no se van a expresar nunca de verdad, salvo en exámenes laborales, y ello mientras se extingue lo más viejo de la lengua de siempre. 3) En las provincias de León, Zamora y Salamanca, unas miles de personas hablan aún el asturianoleonés [que allí llaman, meramente, leonés], pero hay quien pretende hacerlo cooficial en todo el territorio de esas tres provincias, en cuyo 90% dicho asturianoleonés ya está extinguido, en muchos municipios desde hace siglos. Esa pretensión expansionista es, sin duda, una de las razones por las que la mayoría de la población leonesa no quiere aprobar medidas de protección del leonés. 4) En el valle de Arán, que es uno de los lugares donde mejor se conserva el occitano, lengua de gran importancia en la historia de Europa, también se fomenta, además del aranés [el dialecto local de dicho occitano], el catalán, que qué necesidad tendrá de extenderse en un pequeño territorio que no es el suyo. Pero el colmo es que el aranés pertenece a la variante gascona del occitano, dialecto –hay quienes lo consideran una lengua– que, debido a que se trata en su origen de un romance hablado por una población vascohablante, es mucho más interesante que el catalán, desde el punto de vista de la historia de las lenguas: la triste realidad es que los falsos defensores de las lenguas antiguas están contribuyendo a aniquilar una de las más arcaicas de Europa. Todo esto tiene como consecuencia que se emplean ingentes recursos en intentar extender las lenguas regionales españolas en territorio ajeno a ellas, con notables perjuicios para millones de personas que nunca las van a considerar propias sino que, por el contrario, las van a acabar odiando. Esos medios desperdiciados deberían destinarse a las zonas donde sí son vernáculas esas lenguas, y para las personas que sí desean expresarse en ellas. TROPELÍAS Y CORRUPTELAS DEL PSOE imputado por supuestos delitos José Ferruzca / EdE El Diario Exterior López Garrido compareció ante los Medios y explicó que cuando firmó la concesión de estas dos subvenciones ya no formaba parte del Patronato de la Fundación Alternativas, del que se dio de «baja» enviando una carta el 21 de abril de 2008, siete días después de su nombramiento. Preguntado por el método en el que se dio de baja López Garrido indicó que no conocía otra forma de darse de baja del Patronato de una fundación. «Los pasos adecuados para darse de baja del Patronato de una fundación son el enviarle una carta a esa fundación y la fundación recibe la carta y te da de baja... No conozco otros». Por todo ello el secretario de Estado aseguró que no piensa dimitir. Sin embargo expertos consultados por eldiarioexterior.com han indicado que al contrario de lo que López Garrido indica, si contempla la ley de fundaciones fórmulas inmediatas y efectivas para dimitir por manifiesta incompatibilidad u otras razones del patronato de una fundación: hacerlo personalmente ante el Protectorado de Fundaciones, hacerlo ante notario o remitir una carta con firma legitimada notarialmente al indicado Protectorado de Fundaciones. El secretario del patronato de una Fundación puede también certificar la baja voluntaria o renuncia de un patrono remitida por carta y debe comunicarlo al Protectorado de Fundaciones. Las fuentes consultadas aseguran a este medio que es absolutamente normal que la justicia y cualquier ciudadano se pregunte por qué todo esto no se hizo así en el momento en que debía de hacerse. No parece muy creíble, añaden, que López Garrido que es catedrático y reconocido experto en leyes no conozca los procedimientos establecidos por la Ley de Fundaciones y tampoco que dichos extremos sean desconocidos por la fundación «Alternativas», dado que los deben manejar habitualmente. La querella El juez Marcelino Sexmero, titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Madrid, ha admitido a trámite una querella en la que se acusa al secretario de estado para la UE por el PSOE, Diego López Garrido, de los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. La justicia investiga las ayudas otorgadas desde la oficina de su responsabilidad a la «Fundación Alternativas», de la que fue patrono. En su auto, el juez afirma que de comprobarse los hechos denunciados, «podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos». La querella, estima el magistrado, reúne los requisitos formales para ser admitida a trámite y por ello cita a López Garrido para que preste declaración como imputado el próximo 4 de diciembre. El querellante es el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro quien le acusa de haber desviado a la «Fundación Alternativas» unos 78.000 euros. Y es que López Garrido fue nombrado secretario de Estado en abril de 2008 y continúo figurando como patrono hasta el 24 de mayo de 2009. De acuerdo con la denuncia, López Garrido habría concedido dos ayudas por sesenta y dieciocho mil euros a la fundación del PSOE. Esa actuación, denuncia el centro de estudios, es incompatible con las reglas del Código de Buen Gobierno y una conculcación de las normas sobre incompatibilidades de los funcionarios de la administración pública. Los agujeros, chollos, enchufes y mangancias de la Junta de Andalucía Periodista Digital ¿Para qué sirven en Andalucía las 15 consejerías que integran el organigrama de la Junta, con sus correspondientes plantillas de personal, que suman más de 250.000 funcionarios, y con un presupuesto de 31.961.796.132 euros en 2008? Al parecer, para poco. Revela Paloma Cervilla en ABC –«La red opaca de la Junta andaluza costó 5.300 millones en 2008»– que la Administración socialista, que presidió durante veinte años el hoy vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha tejido durante todos estos años una Administración paralela de 54 empresas –según denuncia el PP– que escapa de cualquier control del Parlamento, que le permite realizar contrataciones a dedo de unas 20.000 personas (19.751 era su plantilla de trabajadores en 2007), sin ajustarse a la normativa que se aplica en las Administraciones públicas y cuyo funcionamiento es una auténtica incógnita. Además, el trabajo que realizan es el mismo que pueden llevar a cabo esas 15 consejerías, insiste la denuncia del PP. despilfarro Pero si es grave que la Junta haya creado este entramado empresarial opaco, no es peor el coste que está teniendo para el bolsillo de los andaluces, un auténtico despilfarro en época de crisis, como así lo han reiterado una y otra vez los portavoces de la oposición en Andalucía. En 2008, en plena recesión económica, este entramado de empresas ha tenido un coste de 5.282.639.111,13 euros, según los datos de la Cuenta General de 2008 de la Junta de Andalucía, que todavía no se han hecho públicos y que están pendientes de fiscalización. Esta cifra es la suma de las obligaciones de pago reconocidas por la Administración socialista en 2008 y de las cantidades que, por ese mismo concepto, quedaron pendientes en los ejercicios de 2006 y 2007. De este montante global de más de cinco mil millones, la cantidad pagada ha sido de 3.835.453.282,60, por lo que la diferencia se acumulará a las cantidades pendientes a lo largo del ejercicio de 2009. Para entender cómo se financian estas empresas, hay que recordar que la Junta de Andalucía le transfiere este dinero en concepto de subvenciones, encomiendas de gestión, ampliaciones de capital o la solicitud para que le realice un determinado servicio. No tienen un presupuesto propio como tal. De hecho, hay empresas, como el caso de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional o el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que no han recibido en 2008 ni un euro de la Junta. De los algo más de cinco mil millones de euros que la Administración andaluza reconoce que tiene que pagar a 31 de diciembre de 2008, hay que destacar la parte correspondiente a este único año (2008), que son 3.640.103.164,16, de los que ya ejecutó 2.490.285.619,86 euros. La cantidad reconocida que arrastra de los ejercicios de 2006 y 2007 es de 1.642.535.946,97 y lo pagado de 1.345.167.662,74. Esta deuda que arrastra es consecuencia de que, en algunas ocasiones, la Administración no es puntual en sus pagos. Aunque hay empresas, como es el caso de Cetursa Sierra Nevada, Infraestructura Turística de Andalucía o Promonev, en los que a final de 2008 la Junta les pagó el cien por cien de los compromisos adquiridos; hay otras, como la Agencia Andaluza de la Energía, a la que tan sólo le ha pagado un 19 por ciento; la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, a la que le ha abonado un 18 por ciento, o Verificaciones Industriales de Andalucía, que tan sólo ha ingresado el 12 por ciento. conglomerado oscuro Aunque este oscuro conglomerado de empresas ha escapado siempre del control del Parlamento, de quien no puede escapar es de la lupa de la Cámara de Cuentas de Andalucía y de la legalidad que vigilan los tribunales de justicia. Estas dos instituciones sí que han alertado, en más de una ocasión, de las irregularidades que se producen en su funcionamiento. ¿Cuáles serían esas irregularidades? Fundamentalmente una: la de encargar, por parte de la Junta de Andalucía, las denominadas «encomiendas de gestión» a las empresas. En román paladino, encargar el trabajo de los funcionarios a los de las empresas públicas, que no lo son. Estas actitudes han terminado por soliviantar a los sindicatos, que han recurrido a la Justicia para hacer valer sus derechos, a través del Sindicato Andaluz de Funcionarios. Y le han dado la razón. Un auto de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, adelantado por ABC en su edición del pasado día 11, ordenaba la suspensión cautelar de la encomienda de gestión de la Junta a la empresa Sadesi. El auto dejaba claro que este tipo de contrataciones a empresas públicas son «contrarias a la Ley y suponen el reflejo de la huida del derecho administrativo que está experimentando la Administración andaluza variando de contenidos las atribuciones y funciones de los funcionarios públicos». jueces y justicia El citado auto judicial señala que este tipo de trabajos pueden ser realizados «por los numerosos funcionarios que tiene la Administración autonómica a quien incumbe la planificación y racionalización de sus recursos humanos, sin necesidad de aumentar el gasto». No es este el único recurso del sindicato andaluz a las encomiendas de gestión de la Junta a las empresas públicas. Tienen otros cinco, relativos a la encomienda de gestión de la Consejería de Medio Ambiente a Egmasa, de la de Igualdad a Fadais, de Empleo a Faffe y de Gobernación a Egmasa. Si desde los tribunales de justicia se está poniendo freno a estas irregularidades, a la Cámara de Cuentas le corresponde lanzar advertencias sobre las mismas. Precisamente, la empresa Sadesi ha sido una de las auditadas por el organismo fiscalizador andaluz, en la que se han detectado mayores irregularidades. Esta empresa subcontrata los servicios que la Junta le encarga, lo que supone un aumento del coste para los andaluces. La Consejería de Innovación lo podría hacer directamente. Investigan a Torrijos, Montaño y Medrano por el «caso Foxá» M.B. ABC sevilla Mercedes Alaya no para. El pasado día seis dictó una providencia en la que ordena a la Policía investigar la participación de Antonio Rodrigo Torrijos (primer teniente de alcalde y portavoz de IU), Isabel Montaño (portavoz del Gobierno municipal) y Josefa Medrano (concejala y directora de Participación Ciudadana) por su participación en la negativa de un centro cívico a una asociación cultural para celebrar un homenaje al escritor Agustín de Foxá por el 50 aniversario de su muerte. Los argumentos de los cargos municipales para negar la utilización del centro El Tejar del Mellizo fueron que Foxá era «un apólogo del franquismo que ejerció como diplomático tras la guerra civil». Tanto Torrijos como Montaño censuraron a la asociación ADEMAN por realizar una «exaltación de valores relacionados con la dictadura franquista». En la providencia la jueza pide que se dé traslado a los tres políticos de la denuncia que la asociación presentó contra ellos y también que se le dé copia del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que estén advertidos de que si se les imputa podrán ejercitar su derecho a la defensa. Así les advierte de que pueden ser imputados. La denuncia, presentada por el letrado José Manuel Sánchez Águila, ve «absolutamente arbitraria» la negación del local y acusa a Torrijos y Montaño de injurias y calumnias porque «han defendido información injuriosa contra una asociación». La asociación cree «notoriamente injusto» impedir el homenaje a Foxá que en su novela describió «prolijamente los crímenes y el clima de terror creado en Madrid por los causantes políticos de los denunciados». También pide que se les impute un delito previsto en el artículo 511 del C.P contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas al negarse a la prestación de un servicio público por razón de ideología. Consignas abortistas Miguel Ángel Loma Los voceros del abortismo, sabedores de que el grueso de la opinión pública actual se mueve más por consignas facilonas que por procesos racionales lógicos y rigurosos, no dejan de utilizar unas cuantas frases hechas que a fuerza de repetirlas se transforman en «verdades» asimiladas por casi todos. La última nos la ofrecía, al hilo del debate sobre la objeción de conciencia del personal sanitario, la diputada socialista doña Elena Valenciano, cuando afirmaba que «hay algún profesional que ha objetado un aborto en la sanidad pública y lo ha practicado en la privada». Esto de que hay médicos que objetan en la sanidad pública y luego practican abortos en los centros privados, pese a ser una afirmación absolutamente falsa, no deja de repetirse con una frivolidad que resulta injuriosa contra la clase médica, produciendo sombras de sospecha sobre la moralidad de sus conductas profesionales. Quienes, como la señora Valenciano, crean que está sucediendo eso lo tienen muy fácil: que hagan público los nombres de los supuestos médicos hipócritas y de doble moral. Además, en caso de existir algún espécimen de esta clase, no hay duda de que nos encontraríamos ante un médico abortista, y no ante uno que se oponga al aborto. Y por cierto, si también pretenden negar la objeción de conciencia al personal sanitario para obligarles a realizar abortos, los abortistas tendrán que olvidarse de utilizar esa otra consigna tan repetida por ellos de que «Se trata de que aborte la que quiera, pero a nadie se le obliga a abortar». Si no se reconoce la objeción de conciencia al personal sanitario para oponerse a ejecutar abortos, se estará obligando a abortar a quienes no quieren hacerlo, porque el aborto no es un acto privado que se limita a la mujer que se deshace de su hijo, sino que también incluye a quien se lo practica. EL RISCO DE LA NAVA – Nº 486 - 16 de noviembre de 2009 |
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