La transición por la “Constitución Vascongada” (1852): De la” Constitución Foral”(1808) al ” Estatuto de la autonomía de las regiones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya”(1919)






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La transición por la “Constitución Vascongada” (1852): De la” Constitución Foral”(1808) al ” Estatuto de la autonomía de las regiones de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya”(1919).

Dr. Joseba Agirreazkuenaga

Gaurregungo Historiazko irakasle katedraduna.(Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea)

Catedrático de Historia Contemporánea

La ponencia se propone como objetivo el análisis de los cambios y permanencias, en un tiempo de larga duración, de los proyectos y realidades de articulación político-institucional de las instituciones públicas forales en el marco de las Constituciones políticas españolas. Es un período que transita de la Monarquía absoluta administrativa al Estado liberal que finalmente tiene que dar respuestas a la irrupción democrática de los ciudadanos(1808-1919). Nuestra atención se dirige hacia los proyectos debatidos en sede parlamentaria y en instituciones representativas: Bayona, Cádiz, Juntas Generales, Parlamento español, Diputaciones forales, Diputaciones provinciales, particularmente en los períodos constituyentes. Según escribiera el último Diputado Foral de Bizkaia, Fidel de Sagarminaga en 1880, al término de su dramática experiencia en tanto que protagonista de la liquidación del Régimen Foral, se trata de analizar en suma la”historia constitucional del pueblo vascongado

En el curso de la revolución liberal el Régimen foral se interpretó en términos de “Constitución foral”. Esta era el fundamento del Gobierno político-económico-administrativo- judicial de cada uno de los territorios forales y su articulación en el seno de una Monarquía absoluta de leyes fundamentales según la Novísima Recopilación de 1805. (Novísima recopilación de las leyes de España. Dividida en XII Libros. En que se reforma la Recopilación publicada por el Señor Don Felipe II en el año de 1567, reimpresa últimamente en el de 1775 : y se incorporan las pragmáticas, cédulas, decretos, órdenes y resoluciones Reales, y otras providencias no recopiladas, y expedidas hasta el de 1804 / mandada formar por el Señor Don Carlos IV. Madrid, 1805 )

En esta transición tampoco podemos ignorar, si bien en orden a la concisión lo aparcaremos, la incidencia y evolución de otra estructura político-fiscal, la de la iglesia católica y su competencia por la conservación de su poder público. A principios del siglo XIX en la esfera pública se observa un sistema de equilibrios entre poderes públicos y corporativos con la consiguiente competencia.

Vamos a fijarnos en cuatro coyunturas políticas para la evolución de los planteamientos y análisis del sistema de articulación :

1.- Ciclo Revolución liberal francesa- Constitución, 1808-1812.

2.- Constitución 1837-1845 : Juntas Generales& Parlamento o Cortes españolas : Proyectos y realidades de modificación del poder público foral:1839-1842. Navarra de Reino a Provincia y por otro lado la definición de la denominada “Constitución Vascongada”.

3.- Constitución de 1876 : Juntas Generales& Parlamento o Cortes españolas:1876-1877. Abolición Foral y nueva realidad de Provincias concertadas.

4.- Diputaciones provinciales concertadas: Mensaje 1917 & Libre determinación (Wilson 1918) Debate en el Parlamento español del Estatuto Regional: Entre Reintegración Foral y los proyectos de Estatuto de autonomía para las regiones vascas.
1.- Ciclo Revolución liberal francesa- Constitución, 1808-1812
Los comisionados que se reunieron del 30 de octubre al 2 de noviembre de 1793 en Bilbao fueron nombrados por las respectivas Juntas Generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Pertenecían a la elite de raigambre aristocrática y su estructura de rentas procedían del medio agrícola-forestal y la protoindustria. Junto a ellos participaban los juristas adscritos a las Juntas Generales y Diputaciones, es decir los respectivos “consultores,”. El acta es una excelente síntesis de los problemas y preocupaciones con las que se enfrentaban los dirigentes y gobernantes de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava a fines del siglo XVIII, en un contexto de guerra con la vecina república de Francia. En el primer párrafo expusieron su "deseo de conservar sus Fueros, Franquezas y Libertades" ante las novedades introducidas en los últimos años. A renglón seguido aparecen los temas relacionados con el hierro, el veedor de hierro en Cádiz, la exportación de mineral de hierro, la prohibición que impedía la libre circulación del dinero, los géneros extranjeros y los impuestos con los que eran cargados los productos de la protoindustria vasca en las aduanas del Ebro y demás ciudades de la Monarquía para su introducción en el mercado español. Manifestaron que deseaban "mejorar la Constitución del País y consolidar la Hermandad que desean perpetuar" entre los tres territorios. En Francia se había proclamado la nueva Constitución (1791).

Después de la experiencia de la Guerra de la Convención en el que los habitantes de Euskal Herria se convirtieron en protagonistas emergiendo viejas rivalidades interfronterizas entre otros acontecimientos o la matxinada- revuelta de 1804 en Bizkaia, las Juntas Generales y Diputación de Navarra enviaron sus representantes a Bayona para al primer debate sobre la Constitución general de la Monarquía de España (Bayona, 1808). Frente al proyecto de Constitución de Napoleón, los representantes de las asambleas de los territorios forales y del Reino de Navarra se manifestaron a favor de sus respectivas constituciones forales, en los siguientes términos:

"Se conserve a Navarra su Constitución particular” (Luis Gainza y Miguel Escudero. 24.6.1808)

El 22 de junio de 1808 el marqués de Montehermoso declaró"Que la provincia de Álava no sea comprendida en la Constitución que se va a dar a España y que se la conserve la que actualmente goza por fuero" porque "sería inevitable su ruina, con la falta de la Constitución foral que goza" 1.

El representante de Guipúzcoa, José María Lardizabal, ante el horizonte de coexistencia de una constitución foral y una constitución liberal de España, señaló los artículos del "proyecto de Constitución General de España" que se oponen a la constitución peculiar de Gipuzkoa.: el Art. 60, tít. 9 "en la parte de conceder lugar y voto en las Cortes a Guipúzcoa como a provincia" porque en virtud de los pactos es independiente y no participa en el gobierno de Castilla; el Art. 63, respecto al nombramiento de Diputado; el Art. 87, tit. 11, porque dice que España se gobierna por un único Código de leyes civiles; el Art. 89, que expone la administración de justicia única, cuando Guipúzcoa posee su propio sistema de tribunales de justicia; los Art. 90 y 94, porque los jueces deben de ser naturales de Guipúzcoa; el Art. 103, tit. 12, mandaba el traslado de las aduana "siendo frontera Guipúzcoa, su fuero le liberta de toda aduana"; el Art. 107, que iguala a todo el Reino en contribuciones "cuando Guipúzcoa es libre de ellas y aun de todo empréstito"; los Art. 105 y 106, que suprimen los privilegios "concedidos a cuerpos, porque tiene Guipúzcoa diferentes en remuneración de sus grandes y fieles servidores", además, tiene sus nombramientos de empleados públicos; el Art. 123, tit. 13, porque se les hace contribuyentes y en Guipúzcoa no pueden vivir quienes no sean hijosdalgos. En suma, solicitó la conservación de la Constitución de Guipúzcoa.

Juan José María Yandiola, representante de las Juntas Generales de Bizkaia expuso que Había necesidad en España de una Constitución, y V.M.I. y R. ha tenido a bien dársela: pero Vizcaya tiene una que ha hecho felices a sus naturales por espacio de varios siglos y sin la cual no podrán existir" 2 (…) " ha existido Vizcaya separada del Gobierno general de España, con Constitución y leyes propias". Cita, al igual que el representante de Guipúzcoa, algunos de los artículos que contradicen el uso de la "Constitución de Vizcaya": el relativo a la representación general (Art. 63 y 87,l), el Art. 104, relativo a contribuciones, el Art. 103, referente al traslado de las aduanas. Terminaba su exposición, señalando que "Descansa, en fin, el señorio en la legitimidad de su Constitución, en su utilidad general y particular", por lo cual, "Suplico a V.M.I. y R. se digne declarar que la Constitución de Vizcaya no queda derogada por la general que se da a España y que en caso de hacerse alguna modificación, se la oiga para la mas acertada combinación de sus intereses con los del resto de la Nación".
Constitución de Cádiz: 1812.

Uno de los artículos que generó debate entre los constituyentes de Cádiz fue el relativo al modo de organización de la Monarquía: Unitaria o federal. La discusión del artículo 307 del proyecto, 309 de la Constitución, es muy claro y preludia dos siglos de debate constitucional en España. El diputado Castillo expuso que "Si las Cortes representan a la Nación, los cabildos representan un pueblo determinado con que si se teme que el Rey o sus Ministros influyan en las Cortes... con cuanta más razones de temer que los jefes de las provincias, que representan parte del Poder ejecutivo, hayan de influir poderosamente en los Ayuntamientos. Por tanto soy de la opinión que absolutamente se prohiba que los jefes políticos presidan a los cabildos, y que se conceda el honor de presidirlos exclusivamente a los alcaldes o regidor más antiguo".El Conde de Toreno le respondió y su contestación llegó a establecer en el futuro el principio doctrinal hegemónico : "La comparación que se ha querido hacer de las Cortes con los Ayuntamientos y del jefe político con el poder ejecutivo o el Rey , no es exacta. Las Cortes y el Rey son dos poderes supremos de la Nación; estos tienen respectivamente sus dependencias y los Ayuntamientos son esencialmente subalternos del Poder ejecutivo de manera que solo son un instrumento de este, elegidos de un modo particular, por juzgarlo asi conveniente al bien general de la Nación; pero al mismo tiempo, para alejar el que no se deslicen y procedan insensiblemente al federalismo, como es su natural tendencia, se hace necesario ponerles el freno del jefe político, que nombrado inmediatamente por el Rey los tenga a raya y conserve la unidad de acción en las medidas de Gobierno. Este es el remedio que la Constitución, pienso, intenta establecer, para apartar el federalismo, puesto que no hemos tratado de formar sino una Nación sola y única”3.

La recepción y jura de la Constitución de Cádiz por las Juntas Generales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava al igual que sucediera en Bayona, generó debate en Bizkaia y Gipuzkoa. En las Juntas generales convocadas en Bilbao en 1812 se presentaron dos mociones: La primera propuesta por Ildefonso Sancho : "El Señorío de Vizcaya congregado habiendo oído la lectura de la Constitución política de la Monarquía Española recibe gustosa y espontáneamente sin reserva ni restricción ninguna y quiere que se cumplimente", sin embargo, esta resultó minoritaria. Obtuvo el apoyo de 7 representaciones. Los dirigentes políticos de la administración foral, con el apoyo de la mayoría,(93 representaciones) aprobaron que se buscara una compatibilidad de ambas constituciones, según la proposición formulada por Miguel Antonio Antuñano, párroco de Gordejuela y miembro de la Junta-Diputación opositora a la monarquía Josefina: "Penetradas las Juntas Generales de los sentimientos mas grandes de respeto y aprecio hacia la Constitución española, decretaron tributarla el homenage más sincero de su obediencia y reconocimiento; y poseyendo este Señorío desde un tiempo inmemorial la Constitución privatiba de este suelo(...) no sabiendo la Junta si recibida la dicha Constitución Española es necesario renunciar absolutamente la Vizcayna, o si son conciliables en todo o en parte las ventajas de las dos resolvieron nombrar y comisionar " una comisión que transmitiera a la Regencia o Cortes la duda que les embargaba. La minoría protestó el acuerdo y se trasladó a Cádiz para solicitar la aplicación íntegra de la Constitución, ya que en su opinión la decisión que había tomado la Junta General era la adopción de la vieja fórmula del obedézcase pero no se cumpla. Las Juntas Generales comisionaron en la representación oficial encabezada por M. Antuñano y Santiago Unceta para trasladar su decisión a la Regencia.

Mariano Renovales, Comandante general para las Provincias Vascongadas y presente en la sesión, contrariado por el acuerdo de la mayoría, emitió a la Regencia su opinión el 10 de noviembre de 1812 criticando a su superior G. Mendizabal, general en jefe del séptimo ejército, que presidía las Juntas Generales: "Lejos de eso continuaban haciendo Decretos que mas parecían de una republica independiente que de una Provincia de la Monarquía Española. Allí se señalaban sueldos a los Diputados(…) allí se davan los empleos de todo genero. Allí se señalaba la paga de la oficialidad y de los soldados…"4.. La Regencia ordenó que no admitía reservas y envió al general Castaños para reprimir lo que calificaban como desórdenes, de manera que ordenara el Juramento incondicional de la Constitución.

En las Juntas Generales de Gipuzkoa se acordó también un juramento a la Constitución con reservas para que la Diputación procediera a la negociación “… conociendo desde luego, que las leyes fundamentales del citado Codigo Nacional y las de la constitución nativa y originaria de Guipúzcoa tienen una intima analogía y se conforman esencialmente…como por ser este país fronterizo de un enemigo fuerte, ha prestado el Gobierno su protección a la observancia de ellas, en esta intelijencia la Junta General admite y jura la citada Constitución de la Monarquía Española, dejando encargada a la Diputación para entenderse con el Gobierno sobre las variaciones, que la situación y esterilidad de este país fronterizo hacen necesaria para su existencia y bien de la Monarquía…”. Juntas Generales de Deva. 1812.La Diputación extraordinaria reunida en Tolosa el 22 de septiembre de 1813, con arreglo a los fueros y constituida por: Conde de Villafuertes, Juan Antonio Lardizabal, Agustín Yturriaga, José María Zabala, el conde de Monterrón, el conde del Valle, Francisco José Olazabal, Fausto Ignacio de Corral, José Joaquín de Colmenares, todos Diputados generales y adjunto de cada uno de los ocho partidos de que se compone la Provincia según sus fueros (…) resolvieron lo siguiente(…) siendo que ha llegado el doloroso extremo de que la Regencia intente valerse del estruendo de las armas contra los pueblos y habitantes de la Provincia por su constancia en los medios de que se observen sus nativos fueros, cuio cumplimiento se dignó prometerla el rey N.S. a su transito al desgraciado cautiverio(…) según los deseos e instrucciones verbales de la junta general celebrada por esta Provincia en la villa de Deva por el mes de julio último, se ha de hacer una protesta solemne contra …inaudita y extraña violencia, acordó conste para perpetua memoria en esta acta reservada, que no consiente ni consentirá jamás esta Provincia de Guipúzcoa en la oposición a sus fueros, privilegios, prerrogativas, libertades, buenos usos y costumbre con que siendo de libre dominio, se entregó voluntariamente a la Real Corona de Castilla el año de mil doscientos bajo espresa condición de que se guarden y observen inviolablemente…”.

En el caso de las Juntas Generales de Álava se procedió a la recepción y juramento de la Constitución de Cadiz por las Juntas Generales sin reservas.

En 1820, los debates sobre la coexistencia y compatibilidad del régimen foral con la Constitución de 1812 volvieron a reproducir viejos argumentos. En ultimo término acordaron que al menos debiera defenderse el autogobierno de la hacienda pública foral de Bizkaia. En el decenio 1823-1833, la vigencia del Régimen Foral se asoció al absolutismo de manera que surgió la trilogía del tradicionalismo: defensa del Altar, el Trono y los Fueros.

Sin embargo, en 1834, los juristas y políticos de las Diputaciones Forales, leales a María Cristina e Isabel II, no secundaron la insurrección armada de los carlistas, e iniciaron la reinterpretación del régimen foral desde los principios liberales para su adaptación y compatibilidad primero al Estatuto Real y después a la Constitución. En esta labor destacaron los políticos alaveses, el “consultor” es decir el jurista de las Juntas Generales, Blas Lopez junto a Fauto Otazu e Iñigo Ortes de Velasco. Asimismo el consultor de Bizkaia Casimiro Loizaga contribuyó a la definición jurídica y política de lo que en adelante se conocerá como liberalismo fuerista, una aplicación de los principios liberales al régimen foral y su articulación en el nuevo sistema constitucional español.

Los comisionados en Corte de las tres provincias hermanas, F. Otazu por Álava, El Conde de Monterrón y Juan Esteban Izaga por Gipuzkoa y Casimiro Loizaga por Bizkaia acordaron una bases para conciliar el sistema foral con el el nuevo sistema de representación nacional. Una versión de estas bases lo encontramos en el documento que remitió el comisionado de Álava, F.Otazu a su Diputación : "Apuntes sobre el modo de conciliar la convocación del las Provincias de Vizcaya, Guipuzcoa y Álava a las Cortes Generales del Reyno, con la conservación de las especiales Instituciones adminsitrativas que tan esencialmente han contribuido a la prosperidad del pais Vascongado" 5. La propuesta que defendían era que Las Provincias Vascongadas nombrarán en sus respectivas Juntas Generales los Procuradores que las competan por su población para las Cortes de la Monarquia Española. Los procuradores de los territorios forales electos para Cortes de la Monarquía eran elegidos por las respectivas asambleas forales. De este modo las instituciones forales preservaban su diferenciación política en el seno de las Cortes en tanto que partes anexas de la Monarquía compuesta.

Sin embargo en 1836 se restableció la Constitución de 1812, se aprobó una nueva en 1837 y se procedió a la disolución de las Diputaciones forales en 1837 que se negaron al juramento incondicional de la mencionada Constitución.
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