Informe sobre recortes en el Sistema Nacional de Salud






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Informe sobre recortes en el Sistema Nacional de Salud

Texto: Tomás Toranzo y Vicente Matas

El maremágnum de los recortes en los servicios de salud de España

Hasta hace bien poco, en España competían entre sí los distintos Servicios de Salud (SS) de las 17 CC AA que, junto con Ceuta y Melilla, constituyen eso que todavía conocemos como Sistema Nacional de Salud (SNS), por ver quién era el SS que tenía más y mejores retribuciones, o más había avanzado en ellas, o en carrera profesional, en hora de guardia y en un largo etcétera. A pesar de ello, después de estas mejoras logradas por la tenacidad y perseverancia de las distintas organizaciones profesionales, seguíamos estando entre los profesionales peor pagados y con peores condiciones laborales de toda la Unión Europea.
Mientras tanto, además, los propios políticos y los responsables de la gestión de estos SS presumían de un sistema barato, de alta calidad asistencial, con acceso universal y equitativo; con una amplísima cartera de servicios, y centrado en el paciente. Eso sí, ocultando listas de espera, una crónica insuficiencia financiera por presupuestos irreales que hacían que los cajones se llenasen de facturas y, todo ello, marginando la opinión de los profesionales, planificando en el corto plazo, y utilizando el SNS como arma de confrontación política y propaganda electoral.

Hoy, en cambio, esa referencia la hacemos para ver dónde han empeorado más las condiciones de trabajo, dónde ha bajado más el sueldo, o dónde la jornada se aplica con peores resultados; dónde hay más despidos o dónde han aumentado más las listas de espera o se han quitado más prestaciones. Además, soportando que, demagógicamente, se haga responsable de esta calamitosa situación a los propios profesionales. El no va más.

Pero no sólo amenazan estos recortes, sino que, al amparo de la crisis y la necesidad de reducir el gasto para contener el déficit de las administraciones públicas, y con el argumento de garantizar la sostenibilidad del SNS, se están poniendo en práctica una serie de medidas que ponen en cuestión la esencia misma del propio SNS tal y como lo conocemos hoy día. SNS del que tanto han presumido, hasta ahora, todos los políticos y los gestores sanitarios, esos que ahora parece que no tienen nada que ver con la difícil situación en que nos encontramos. Así, desde la publicación el RD-L 16/2012 que, entre otras cuestiones no menos polémicas, introduce nuevamente el concepto de asegurado, hasta la decisión del gobierno de la Comunidad de Madrid de privatizar la gestión de 6 hospitales y 27 centros de salud, todo han sido decisiones que, sin el más mínimo consenso ni participación social ni profesional, parece que van encaminadas a un desmantelamiento sistemático del Sistema Público de Salud, en beneficio de una gestión privada que, sólo por definición, dicen que va a ser más eficiente que la pública, aunque este postulado vaya en contra cualquier evidencia disponible en el momento actual. La gran contestación social y profesional que ha suscitado debería, como mínimo, hacerles reflexionar, pero un mal entendido concepto de autoridad parece impedírselo.

Por todo ello, y con el fin de tratar de poner coto a esta sangría, el 25 de julio de 2012, tres organizaciones profesionales: OMC, FACME y CESM, constituyeron la Plataforma contra los recortes en sanidad. También en esa línea, y ante las amenazas que se vislumbraban de privatización de la gestión del SNS, el pasado 17 de noviembre, la Asamblea Extraordinaria de la OMC, celebrada en el Curso de la III Convención de la Profesión Médica, decidió convocar a las organizaciones profesionales a un movilización con el objetivo de defender el SNS en su concepción actual. Porque, como en esa ocasión manifestó el Dr. Sendín “no existen estudios que demuestren que privatizar la gestión de la Sanidad abarate el sistema sanitario, sino que los informes que han aparecido en otros países demuestran todo lo contrario”. Esa decisión fue ratificada en el Foro de la Profesión Médica (OMC, FACME, CESM, Conferencia de Decanos, Consejo Nacional de Especialidades y Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina), convocándose una manifestación para el próximo día 23 de febrero en Madrid. Completando lo anterior, el Comité Ejecutivo de CESM decidió proceder a cuantas movilizaciones sean precisas ante cualquier nueva medida que ponga en riesgo la viabilidad del SNS público, deteriore las condiciones laborales de los profesionales, o atente contra la calidad asistencial del sistema, al margen, claro está, de las que cada sindicato tome en su ámbito autonómico.

No es de extrañar, por tanto, que ante un panorama de este tipo, la desmotivación profesional crezca de manera alarmante y mine, por ello, los cimientos de cualquier sistema sanitario. En nuestro caso, los cimientos de un SNS que es cierto que tiene muchas fortalezas, pero también con muchos puntos débiles, entre los que ahora, y al objeto de este análisis, haya que destacar la heterogeneidad de la gestión de personal en sus diecisiete servicios de salud. Porque, ni siquiera los recortes emanados de disposiciones de ámbito estatal se aplican por igual en cada uno de ellos, sino que, además, cada uno añade su particular recorte. Recortes que por su aplicación progresiva, en función del grupo profesional al que se pertenezca, han recaído fundamentalmente en los facultativos, algunos de los cuales han visto mermar su salario en casi un 30%.

Cataluña ya avisó de que para garantizar la sostenibilidad de su Servicio de Salud (que es como ahora se llama eufemísticamente financiar el déficit generado fundamentalmente en otros sectores públicos), lo más fácil y socorrido es recortar y precarizar las condiciones de trabajo –jornada laboral, retribuciones, plantillas, sobrecarga asistencial, carrera profesional, motivación, etc– de todos aquellos que están llamados a garantizar la calidad de las prestaciones del SNS, con especial repercusión en los facultativos. Las movilizaciones que tales medidas provocaron, auspiciadas por todos los sindicatos, y respaldadas por las organizaciones profesionales, no consiguieron parar ni el deterioro progresivo que, precisamente, y a raíz de estos recortes, está sufriendo su Servicio Público de Salud, ni tampoco los recortes que a día de hoy siguen amenazando a pacientes y profesionales. Así, hay que entender el llamamiento que hace pocos días hacía el Sindicato Médico de Cataluña (MC) exigiendo al nuevo gobierno de la Generalitat que “deje de situar el sistema de salud público en el centro de la diana de las políticas anticrisis” y que “priorice con urgencia” la financiación sanitaria en la elaboración de los presupuestos de 2013. Para MC, los objetivos de déficit y de reducción del gasto no pueden seguir siendo el “pretexto perfecto” del Govern para continuar atacando el sistema de salud, elemento sustancial del estado de bienestar y elemento básico de la cohesión social.

Todos estos recortes se pueden condensar en tres conceptos que, además, se retroalimentan entre ellos: la ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, la pérdida de empleo y su precarización; y los recortes en, prácticamente, todos los conceptos retributivos. Por si faltaba poco, además, algunas CC AA han aplicado recortes que, aunque de poca trascendencia económica, han sido un insulto a la dignidad profesional, lo que es un reflejo de la consideración que merecemos a nuestros gobernantes; es el caso de Castilla y León, donde han quitado a todos los facultativos la manutención en los periodos de atención continuada. Aspecto este que también se ha anunciado oficialmente en Galicia y en el SAMU de Valencia, aunque aún no se ha aplicado.

Ampliación de la jornada

La ampliación de la jornada ha sido quizás el elemento que más conflictividad ha generado en todos los servicios de salud, con la excepción de aquellos que ya tenían esa jornada, como era el caso de Galicia. Esta ampliación, que con carácter general afecta a todos los empleados públicos, se introdujo en junio de 2012 con la publicación de la Ley 2/2012, de 30 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, se ha puesto en marcha sin ningún tipo de coordinación entre los diferentes servicios de salud, sin negociación efectiva, con diferencias incluso entre centros de un mismo Servicio de Salud y con una discrecionalidad de los Gerentes que ha aumentado los agravios comparativos.

Se están aplicando los incrementos de jornada de muy diferentes formas:


Ampliación de media hora diaria en actividad ordinaria.


Ampliación de 2,5 horas, una tarde a la semana.


Ampliación de 5 horas por la tarde dos veces al mes.

• Jornada de mañana en sábado.

Hay todavía, incluso, CC AA en que la esa ampliación está pendiente de aplicarse y que va a seguir siendo fuente de conflictos en el año que comienza. Ahí tenemos el anuncio de movilizaciones que ha realizado el Sindicato Médico andaluz para la segunda quincena de enero, o la conflictividad no resuelta de Asturias.

Con aplicación de la nueva jornada están sufriendo importantes modificaciones la programación de las guardias. Hay servicios de salud en los que comienzan media hora más tarde, o incluso a las 20 horas. En cualquier caso, se pierde entre media y cinco por guardia. Igualmente, los sábados por la mañana, y en algunos casos hasta las 18 horas, pasan a ser horario ordinario para completar la ampliación de la jornada. Se pierden, así, entre 7 y 10 horas por guardia cada sábado.

También vinculado a la ampliación de la jornada se están suprimiendo puntos de urgencia (PAC) y puestos de guardia, con la consiguiente repercusión económica para los facultativos que hacían esas guardias y con la merma en la calidad asistencial para los pacientes, que en el mejor de los casos tendrán que desplazarse al punto de urgencia más cercano o tendrán que esperar más tiempo para ser atendidos.

Igualmente, se están transformando guardias de presencia física en localizadas, y aunque en menor proporción, esto parece que sólo ha hecho que empezar. Supone un recorte de aproximadamente el 50% en la retribución que recibe el facultativo, sin merma de actividad y, además, realizada en peores condiciones.

La libranza postguardia que está implantada en todos los servicios de salud para los médicos de hospital, pero no es así en Atención Primaria, está suponiendo un gran conflicto por la pretensión de la Administración de que los facultativos recuperen el tiempo de descanso tras la guardia, bien en unos casos como recuperación de la jornada no realizada, o en otros minorando las retribuciones en proporción a la jornada ordinaria no realizada.

Los módulos de exención de guardias de los mayores de 55 años no están operativos en todos los hospitales y en la mayoría de los centros de primaria no se han puesto en marcha. La ampliación de jornada suprimirá varios de estos módulos en los centros en los que están operativos, con el consiguiente perjuicio económico para los facultativos. Igualmente ha desaparecido casi por completo la autoconcertación, las conocidas “peonadas”.

En el caso de los MIR, se han suprimido muchas guardias, se puede afirmar que todos los residentes han perdido al menos una guardia al mes (unas 20 horas de media) pero además en algunas CC AA les están dejando de pagar 10 horas de las que hacen para completar la jornada de 37,5 horas, tratamiento totalmente discriminatorio con relación a otras categorías y otros empleados públicos que no sufren merma retributiva y sólo incrementan su jornada ordinaria en 2,5 horas a la semana.

Pero esta ampliación ya se había utilizado antes de la publicación de la L. 2/2012. Canarias fue de las primeras CC AA que implantó en enero de 2012 la ampliación de la jornada a 37,5 horas semanales para tratar de paliar su déficit. Como después ocurría en otras comunidades, la ampliación generó gran conflictividad en el sector sanitario, ya que su aplicación era radicalmente distinta al resto de administraciones, dando lugar a movilizaciones en la que participaron todos los sindicatos de la Mesa Sectorial.

En esa misma línea, en marzo de 2012, Castilla y León también amplió la jornada laboral a las 37,5 horas semanales. La movilización de los facultativos iniciada por CESM Castilla y León dio al traste con la intención del Sacyl de que esa ampliación se efectuase obligatoriamente en módulos de 2,5 horas semanales, o 5 horas dos veces al mes. Además, también se consiguió que la ampliación no afectase a la atención continuada, y que la jornada ordinaria, con excepción de los médicos de los servicios de emergencias, de los de Urgencias de Atención Primaria y de los Médicos de Área, fuese con, carácter general de 8 a 15 horas, de lunes a viernes. También, en ese momento, se reguló la duración mínima de la jornada ordinaria, en función del número de guardias realizadas que se siguiesen de día laborable, jornada que quedó establecida en 1.490 horas año. A la vez que se hacía la ampliación de la jornada se pasaban guardias de presencia física a localizada, desaparecían prácticamente en su totalidad las peonadas, y en muchos hospitales se redujeron de manera drástica los módulos de exención de guardias para los mayores de 55 años. También se modificó la legislación sobre ZBS para que la atención continuada de Atención Primaria se pudiese prestar de manera conjunta entre varios Centros de Salud.

Hasta entonces, solo la Comunidad Valenciana tenía regulada oficialmente la dispensa de la jornada ordinaria tras la guardia de presencia física, e incluso en determinados casos en la guardia localizada, en función del número de horas de presencia en el hospital a partir de las 12 de la noche. Esta Comunidad es de las pocas en las que, junto con Galicia, la ampliación de la jornada no ha tenido prácticamente ningún efecto, ya que con anterioridad su jornada era 36,50 horas semanales y también trabajaban los sábados. En la Región de Murcia la ampliación ha significado volver a trabajar los sábados y que este día la guardia sea de 17 horas en vez de 24, como era hasta ahora.

Estos han sido los caballos de batalla en los demás servicios de salud a partir de la entrada en vigor la L 2/2012 antes aludida. Un caso paradigmático ha sido el de Asturias. Allí, los dirigentes de su servicio de salud han conseguido un movilización masiva de los facultativos que, liderada por el SIMPA (sindicato médico) ha paralizado la sanidad asturiana en los últimos dos meses. Y es que no es para menos. Con ocasión de la ampliación de la jornada, y amén de otros recortes, además se les obligaba a recuperar la libranza de la guardia: una parte como jornada adicional y la otra parte descontando de sus retribuciones el resto de jornada no realizada. Es un conflicto que sigue abierto y que ha servido para demostrar cómo el peso de los recortes y de los esfuerzos que, en teoría, se piden a todos los empleados públicos para mantener un sistema sanitario público, recae fundamentalmente sobre aquellos que son la base sobre la que se sustenta dicho sistema. Una cruel paradoja que, además, con la más grosera de las demagogias el gobierno asturiano presenta como de lucha corporativa en defensa de privilegios.

En Andalucía, la conflictividad profesional también ha sido muy importante. Se ha conseguido poner en huelga a los MIR de esta Comunidad, ya que la ampliación de la jornada impuesta, sin ningún tipo de negociación, con total marginación de los profesionales, afectaba gravemente a su programa formativo, además de causarles mermas importantes en la retribución de la atención continuada. Y es que, en Andalucía, la aplicación de la jornada de 37,5 horas ha tenido una grave repercusión en todos los facultativos. Con carácter general ha significado la implantación de jornadas vespertinas de entre 2,5 horas semanales, o 5 horas cada 15 días, afectando a la organización de la atención continuada. Aquí, además, el argumento de que la ampliación de la jornada se hacía para mejorar la eficiencia del SNS y mejorar la accesibilidad de los ciudadanos, se ha puesto en evidencia cuando al aplicar la medida al personal eventual se les reduce su jornada un 25%, con el único objetivo de hacer caja, a pesar de que con ello, se redujese drásticamente la capacidad asistencial de un Servicio de Salud ya saturado con anterioridad.

En La Rioja, en Atención Primaria la ampliación ha tenido una aplicación peculiar. Se le da la opción de elegir entre hacer 2,5 horas a la semana en una tarde o no pagarles 10 horas de guardia al mes. Los exentos de guardia sólo tienen la primera opción. Además se dejan de cobrar las acumulaciones de los cupos. A los médicos de refuerzo de Primaria, Urgencias Hospitalarias, 061 y SUAP se les aumenta en número de jornadas en cartelera. Anteriormente, excesos de la jornada ordinaria se pagaban como guardias, por lo que a fin de cuentas se les está restando 10 horas de guardia. Igual pasa con los MIR. Se está en plena negociación, pero de momento se les detraen 10 horas de guardia al mes. En hospitales su aplicación es variable según servicios. En todos los casos se ha suprimido la actividad sustitutoria de las guardias en mayores de 55 años y las peonadas que se pudieran estar realizando. Se deja de cobrar la guardia del sábado por la mañana y el resto de jornada que falte se hace en actividad de tarde. Tampoco en esta Comunidad faltan los ánimos privatizadores en la gestión de centros públicos: la Fundación Hospital de Calahorra puede pasar a ser de gestión privada.

Muy similar ha sido la aplicación de la jornada en Cantabria, donde la ampliación se aprobó con anterioridad a la norma estatal. La principal duda es un rumor creciente sobre una supuesta privatización de parte del Hospital Marqués de Valdecilla.

Tampoco en Navarra han faltado las movilizaciones que, también, como en la mayoría de las CC AA, han estado organizadas desde los sindicatos profesionales. En esta Comunidad la problemática, en su primera fase, se ha centrado en la Atención Primaria con una nueva regulación de la Atención Continuada que ha provocado el rechazo de todos los profesionales pues, además de empeorar brutalmente las condiciones de trabajo, su puesta en marcha implica una reestructuración de la Atención Primaria con la implantación de la jornada de tarde y con la creación del área única para toda la Comunidad Foral, trasformando los actuales Servicio de Urgencias Rurales, Servicio Normal de Urgencia y Servicio Especial de Urgencias en un único Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), lo que va llevar aparejado, tras un concurso de movilidad forzosa que desplazará a interinos, la pérdida de 36 plazas de médicos.

Esta reestructuración en el Servicio Navarro de Salud también ha implicado la modificación de la Atención Continuada y urgente, pasando guardias de presencia física a localizada, con la consiguiente repercusión sobre la calidad asistencial y las condiciones de trabajo. Se cierran tres centros de Atención Continuada y se crea una nueva forma para la prestación de la Atención Continuada en determinadas ZBS que no es, ni presencia física ni localizada, que no da derecho a libranza y que tampoco tienen una ubicación concreta para su realización pero que, en cambio, sí exigen estar disponible en un radio de 15 km del centro de salud, lo que hace que, en muchas ocasiones, tampoco se puedan realizar desde el domicilio particular. Los profesionales lo conocen como “guardias de garita”. Precedentes similares ya existen en Baleares y en Asturias. En hospitales la jornada ordinaria que anteriormente era de lunes a viernes, de 8 a 15,20 horas, pasa ser de 8 a 15 horas, o de 8 a 15,30 horas, según periodos del año, y se han suprimido las peonadas, aunque se mantiene retribuido el pase de visita de los sábados.

En otras CC AA la repercusión de la ampliación de la jornada sobre la atención continuada ha sido menor, como en Extremadura, donde se pierde media hora diaria de guardia, y también han cerrado PAC en Atención Primaria. En cambio, en el País Vasco no se aplica la jornada de 37,5 horas semanales de media en cómputo anual, ya que mantienen su jornada de 1.592 horas año, pero están empezando a poner jornada de tarde en algunos hospitales y han suprimido la retribución por la actividad de pase de vista de los sábados. En Atención Primaria los avisos domiciliarios los hace una empresa privada.

Y es que, las mayorías absolutas que en esta legislatura se dan en muchas comunidades hacen que los cambios legislativos, por mucho rango que precisen –leyes, decretos ley, decretos, etc– se aprueben con una facilidad pasmosa y, ni las movilizaciones profesionales ni sociales, parecen hacer mella en el dedo fácil del legislador. Así, se han modificado normas sobre la organización de la Atención Primaria, la gestión de los centros sanitarios, se han bajado retribuciones, se han derogado pactos, acuerdos y lo que haga falta, casi siempre en tiempos record y en ausencia total de información a los profesionales y de argumentos. El tan demandado consenso, aquí, ni siquiera se ha intentado. No hay región en que no hayan cerrado centros de guardias, hayan aumentado las listas de espera, o trasformado guardias de presencia física en localizada; donde no hayan aumentado las cargas de trabajo y amortizado plazas, bien por jubilaciones, como no renovando a interinos y eventuales, haciendo descansar gran parte de la asistencia en los médicos en formación.
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